Barcelona (Cataluña) Reino de España, martes 22 de julio de 2025 (Lasvocesdelpueblo)-. El inhabilitado por prevaricación juez del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012 —excepto entre mayo de 1993 y mayo de 1994—, Baltasar Garzón Real, obligado a devolver el premio «a la Tolerancia» por su ultraradicalización después de recibir el «IX Premio a la Tolerancia».
El Comité Ejecutivo de Asociación por la Tolerancia ha acordado «disentir» de la «trayectoria seguida» por su premiado Baltasar Garzón Real después de confirmase su afiliación a la asociación de narcoregimenes de ultraizquierda en Iberoamérica junto a los amigos del asesino terrorista líder de la ETA durante la masacre de Hipercor, Arnaldo Otegi Mondragón, en este caso la eurodiputada y número dos del principal partido de la izquierda extrema en España, Podemos, Irene Montero Gil; y el expresidente del Gobierno de España y exsecretario general del Partido Socialista (PSOE), José Rodríguez Zapatero.
«No podemos compartir su pertenencia, junto con Zapatero o Irene Montero entre otros, al llamado Grupo de Puebla, un lobby iberoamericano que blanquea de forma evidente al régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela«, han asegurado fuentes de esta entidad en un comunicado hoy a Lasvocesdelpueblo.
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Ahora la pelota está en el techo de un Baltazar Garzón obligado a devolver el premio a la Tolerancia tras perder toda la legitimación hoy. «nos creemos en la obligación y en la necesidad moral de aclarar cuán ajenos nos sentimos a determinadas declaraciones, actitudes y posicionamientos políticos que repudiamos y que de ninguna manera hubieran propiciado la concesión de nuestro premio», puntualiza Asociación por la Tolerancia.
COMUNICADO ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA (AT)
La Asociación por la Tolerancia disiente de la trayectoria seguida por uno de sus premiados
En el año 2003, la Asociación por la Tolerancia concedió su IX Premio a la Tolerancia al juez BALTASAR GARZÓN REAL por su defensa activa diaria de los derechos humanos con auténtico celo y eficacia, por su gran capacidad de trabajo en el ejercicio del deber, su incorruptibilidad, su empeño y valentía en la lucha contra el terrorismo y las mafias, por reducir los espacios de impunidad asociados a todo tipo de poder, y por su gran aportación a la creación de la Corte Penal Internacional. Eran sin duda motivos suficientes para otorgarle nuestro premio en aquel momento.
Sin embargo, la trayectoria posterior de Baltasar Garzón, con su inhabilitación por prevaricación, su actitud y su posicionamiento político, siempre nos ha causado inquietud y desasosiego.
Por ejemplo, no podemos compartir su pertenencia, junto con Zapatero o Irene Montero entre otros, al llamado Grupo de Puebla, un lobby iberoamericano que blanquea de forma evidente al régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela.
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También, más allá de la justa búsqueda y reconocimiento de las víctimas de uno y otro bando del trágico periodo que abarca la II República, la guerra civil y la posterior represión del franquismo, no podemos compartir su visión sectaria sobre esa etapa, visión que parece empeñada en reescribir la historia y retrotraernos a un escenario maniqueo de supuestos buenos y malos. Un planteamiento que choca frontalmente con el principio de reconciliación entre los españoles de uno y otro bando que supuso la Transición.
El juez Baltasar Garzón dijo en su discurso de aceptación del Premio: Una Ley para todos, sin que nadie esté por encima de ella: esto es lo que da confianza al ciudadano y credibilidad al sistema. Recordando esas acertadas palabras, creemos que no hay nada más alejado de ellas que sus últimas declaraciones avalando la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de amnistía aplicada selectivamente a los responsables del golpe de estado de 2017 en Cataluña. Unas declaraciones que se alejan no solo del sentir mayoritario de la ciudadanía española, sino del criterio de innumerables juristas de prestigio que consideran el referido fallo del TC como una grosera maniobra política que obedece al exclusivo deseo de garantizar la continuidad en el poder de Pedro Sánchez, dejando la legislatura en manos de quienes subvirtieron el orden legal en Cataluña con grave riesgo para la convivencia civil.
Hasta las instituciones jurídicas europeas han catalogado la ley de amnistía como una autoamnistía por haber sido redactada de común acuerdo entre el beneficiario de la investidura y los beneficiarios de la amnistía. También, hace unos días, la Comisión Europea pidió «inaplicar» la amnistía por causar «una división profunda de la sociedad», asegurando además al TJUE que la norma aprobada para borrar los delitos del «procés» no busca «el interés general».
Evidentemente, la Junta de la Asociación por la Tolerancia no pretende que sus premiados o sus socios piensen de manera uniforme y compartan todas sus opiniones. Pero tras constatar que uno de nuestros premiados, que figura en una selecta lista junto con ilustrísimas personalidades, se aleja radicalmente de alguno de los valores que defendemos como son la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos ante la ley, la convivencia y la reconciliación entre los españoles, la separación de poderes, el derecho a ser escolarizado en español en cualquier rincón de España o el reconocimiento público y la reparación a las víctimas del terrorismo, no podemos quedarnos de brazos cruzados como si compartiéramos sus acciones y declaraciones.
El tiempo ha pasado, y la Asociación por la Tolerancia permanece fiel a los valores que determinaron su nacimiento. Por ello, y por primera vez en nuestros más de 30 años de historia, nos creemos en la obligación y en la necesidad moral de aclarar cuán ajenos nos sentimos a determinadas declaraciones, actitudes y posicionamientos políticos que repudiamos y que de ninguna manera hubieran propiciado la concesión de nuestro premio.
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA
BARCELONA, JULIO 2025
