Sevilla (Andalucía) Reino de España, martes 23 de diciembre de 2025 (Lasvocesdelpueblo).- Un grupo de científicos se dirigen por carta al Gobierno de España sobre el río Guadalquivir.
El pasado viernes, 19 de diciembre de 2025, científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, especializados en la físico-química y la hidrodinámica del estuario del Guadalquivir, han dirigido una carta a las máximas autoridades del Gobierno de España y de la gestión del río Guadalquivir.
Explican las graves consecuencias ecológicas, económicas y de salud pública que tendrá, de llevarse a efecto, el vertido al estuario del Guadalquivir de millones de litros de aguas con metales y metaloides procedentes de la mina Los Frailes (Aznalcóllar).
La carta al Gobierno de España asegura que la Evaluación de Impacto Ambiental realizada por Grupo México (empresa adjudicataria) «se apoya en hipótesis muy discutibles».
Los expertos recuerdan en la carta dirigida al Gobierno de España que estudios científicos realizados por ellos y otros colegas, publicados en revistas académicas de prestigio internacional, demuestran que el vertido de la mina Cobre las Cruces «ya ha contaminado gravemente los sedimentos del Guadalquivir» con efecto ecotóxico demostrado sobre especies que lo habitan.
Los expertos piden al Gobierno de España una moratoria de los nuevos vertidos y el nombramiento de una comisión de expertos independientes que analice en detalle las posibles consecuencias socioeconómicas y ambientales que tendría.
La carta de los científicos se suma a la petición de entrevista que tres ayuntamientos ribereños del estuario y diversas entidades económicas, de salud pública y ambientales elevaron a la ministra de Transición y Reto demográfico el 29 de octubre, en la que le harán la misma petición de moratoria y nombramiento de una comisión de expertos.
Estuario del Guadalquivir y ríos Guadiamar y su afluente Agrio
A continuación, la carta al Gobierno de España sobre río Guadalquivir
Al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
A la Excma. Sra. Vicepresidente Primera del Gobierno, Ministra de Hacienda y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Dña. María Jesús Montero Cuadrado.
A la Excma. Sra. Vicepresidente Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dña. Sara Aagesen Muñoz.
A la Excma. Sra. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín Valcárcel.
Muy distinguido señor y distinguidas señoras,
El hecho. En mayo de 2025, la Junta de Andalucía autorizó la reapertura de la Mina de Aznalcóllar. Este proyecto minero tiene previsto verter al Estuario del Guadalquivir millones de litros de aguas con metales y metaloides potencialmente muy tóxicos durante un periodo de concesión de 18 años.
¿Qué dice la ciencia?
Estudios científicos recientes, revisados y puestos en el contexto del posible futuro vertido de la Mina de Aznalcóllar por investigadores de las Universidades de Granada, Cádiz y Sevilla, demuestran que gran parte de las toneladas de metales que serían vertidos al Estuario del Guadalquivir durante el tiempo de concesión quedarían asociados a materia orgánica y sedimentos y pasarían a la red trófica.
Así está ocurriendo en la actualidad. La Mina de Cobre las Cruces (paralizada en estos momentos) ya ha contaminado gravemente los sedimentos del Guadalquivir, desde 2008, depurando precisamente con el mismo sistema que pretende hacerse en la Mina de Aznalcóllar.
Los vecinos exigen moratoria de vertidos mineros al Guadalquivir
Los estudios llevados a cabo en los últimos años demuestran que actualmente el estuario está gravemente contaminado con metales que provocan efectos ecotóxicos justo en la zona donde vertería la Mina de Aznalcóllar junto al Estadio de la Cartuja (Sevilla). Se han registrado en esa zona altos niveles de contaminación metálica por bioacumulación en especies de peces de interés comercial que se consumen tradicionalmente en la zona.
La contaminación en un sistema tan dinámico y complejo como el estuario del Guadalquivir difícilmente queda confinada al punto de vertido. Un estudio que varios de los abajo firmantes acabamos de publicar en la prestigiosa revista Marine Pollution Bulletin muestra altas concentraciones de metales y metaloides también en la desembocadura del Guadalquivir.
¿Evaluación de Impacto Ambiental?
Las evidencias científicas apuntan a graves problemas de salud pública y ambiental que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no recoge. La EIA realizada por la empresa adjudicataria se apoya en hipótesis muy discutibles. No se estima la bioacumulación de metales y metaloides en materia orgánica y sedimentos en suspensión y depositados en lecho y márgenes erosionables del estuario. No se extiende el estudio, al menos, al tiempo de concesión.
Esto es importante ya que es sabido que los efectos de contaminación por metales pueden ocurrir a medio y largo plazo. En este sentido, no se cuantifican impactos a medio y largo plazo en la zona de vertido y, en conjunto, en el estuario y su entorno. Un estuario que, por cierto, incluye zonas de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir de la Red Natura 2000, el Espacio Natural de Doñana y la Reserva de Pesca de la Desembocadura del Río Guadalquivir.
Riesgos para la salud pública y ambiental
En este contexto, el vertido previsto tras la reapertura de la Mina de Aznalcóllar supone un evidente riesgo potencial para la salud pública y ambiental. Por tanto, también representa una gran amenaza para decenas de miles de puestos de trabajo en sectores como el pesquero, acuícola, agrario y turístico. Así lo ha expresado la UNESCO en julio de 2025, indicando su preocupación por el impacto de la reapertura de la Mina de Aznalcóllar respecto a la conservación del Parque Nacional de Doñana.
Ordenamiento administrativo y jurídico
Según la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, cualquier actuación potencialmente contaminante en el Estuario del Guadalquivir o en su entorno debe someterse al «principio de regresión/no deterioro».
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tiene que autorizar el disponer de las aguas acumuladas en las cortas mineras de Aznalcóllar, en Dominio Público Hidráulico, para verterlas al Guadalquivir.
La CHG tiene que autorizar, además, el disponer de otros recursos hídricos imprescindibles para el funcionamiento de la Mina de Aznalcóllar tras su reapertura. Aparte de esto, si la CHG no explicara, ni valorara, ni justificara estos vertidos en sus Planes Hidrológicos, el Tribunal Supremo podría declararlos como «no conformes» con el ordenamiento jurídico respecto de la reapertura de la Mina de Aznalcóllar y su vertido potencialmente contaminante (como ya hizo en sentencias anteriores similares). La CHG, con competencias en el estuario, debe pronunciarse en este sentido, «estar conforme» con el proyecto de reapertura e incluirlo en su caso en el Plan Hidrológico, quedando así plasmado en el derecho de aguas, que emana de la Unión Europea.
Además, afectando el vertido al Dominio Público Marítimo Terrestre, le corresponde a la Administración del Estado emitir un informe, con carácter preceptivo y vinculante, cuando ocurran vertidos contaminantes al mar desde tierra, tal y como se indica en el artículo 112 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Petición
Desde la comunidad científica, numerosas alcaldías ribereñas, los sectores socioeconómicos afectados y grupos ecologistas, estamos pidiendo una moratoria a este vertido, que las administraciones con competencias en el estuario y su entorno informen, y que se constituya un comité de expertos independientes que analice en detalle sus posibles consecuencias socioeconómicas y ambientales. En esta misma línea, una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz de diciembre de 2024 (expediente 24/5661) también solicitó la creación de un comité de expertos para analizar las consecuencias de los vertidos mineros al Guadalquivir.
En estos momentos está en sus manos y en las de su Gobierno, estimado Sr. Presidente, estimadas Sra. Vicepresidente Primera del Gobierno, Vicepresidente Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, poner en marcha esta moratoria, demandar que las administraciones competentes se pronuncien y evalúen en detalle los impactos de la reapertura y promover la formación de un comité de expertos antes de autorizar a la Mina de Aznalcóllar disponer de los recursos hídricos mencionados.
Nos jugamos mucho, señor Presidente. Estamos hablando del sacrifico a la minería del gran río de Andalucía y de muchos de los sectores socioeconómicos que sostiene.
Saludos cordiales,
Jesús M. Castillo, Catedrático de Universidad; y Carlos Granado, Catedrático de Universidad. Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Sevilla.
Miguel Bruno, Catedrático de Universidad y Sara Sirviente, Investigadora. Departamento de Física Aplicada, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Instituto de Investigaciones Marinas, Universidad de Cádiz.
Remedios Cabrera, Profesora Titular de Universidad. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales, Universidad de Cádiz
Manuel Díez-Minguito, Profesor Titular de Universidad. Grupo de Dinámica de Fluidos Ambiental, Instituto Andaluz de Investigación del Sistema Terrestre, Universidad de Granada.