Efe.- Barcelona (España), martes 6 de diciembre de 2022. Varios miles de personas (unas 4.500, según la Guardia Urbana y más de 10.000, según los organizadores) han participado este martes, Día de la Constitución, en Barcelona en la manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ACN) contra la reforma del Código Penal.
La manifestación ha contado con la presencia de rostros importantes de Junts per Catalunya como la presidenta del partido, Laura Borràs; el secretario general, Jordi Turull; la diputada en el Congreso Miriam Nogueras o el diputado en el Parlament Joan Canadell.
También participaron en la concentración diputados de la CUP y otras entidades: la Coordinadora de la Abogacía de Catalunya, la plataforma Meridiana Resiste, los Comités de Defensa de la República (CDR) y la Federación Nacional de Estudiantes de Catalunya.
Antes del comienzo de la manifestación, convocada en el Pla de Palau de la capital catalana, miembros de los CDR quemaron un ejemplar de la Constitución Española.
La columna empezó a moverse poco después del mediodía y avanzó por el paseo Colón, subió por Vía Laietana y terminó en la Plaza Sant Jaume.
Los concentrados, portando banderas independentistas y todo tipo de simbología del mismo signo, gritaron consignas como «Puigdemont, nuestro presidente», «no queremos ser una región de España» o «1 de octubre, ni olvido ni perdón».
La manifestación ha terminado con gritos de «Govern dimisión» y acusaciones de «colaboracionismo» al ejecutivo de Pere Aragonès.
«Nos han querido engañar y no lo han conseguido. El Estado quiere aumentar la represión contra nosotros y lo está haciendo con la connivencia del Govern. Estamos aquí para decir que no queremos que se apruebe la reforma del Código Penal y exigir que ningún partido independentista preste su apoyo», ha afirmado la presidenta de la ANC, Dolors Feliu.
«Queremos que cualquier acción del Govern se encamine a hacer la independencia, no a aumentar la represión contra nosotros», ha añadido.
Feliu ha insistido en que la reforma promovida por el Gobierno para eliminar la sedición del Código Penal y reformar el delito de desórdenes públicos es «una trampa» para el independentismo: «Si quieren derogar la sedición, muy bien, allí nos encontrarán. Pero que no hagan nada más, que no aprovechen esta reforma para aumentar la represión por la puerta de atrás».
La nueva redacción del delito de desórdenes que defiende el ejecutivo de Pedro Sánchez castigaría con penas de seis meses a tres años de cárcel a quienes, «con intención de atentar contra la paz pública, obstaculicen las vías públicas o ocupen edificios ocasionando un peligro para la salud y la vida de las personas».
«Cuando hablan de ocupar vías públicas o de ocupar edificios están haciendo un Código Penal para perseguirnos», ha defendido Feliu.