El prorroga seis meses la investigación a la mujer de Pedro Sánchez

-El investigado empresario del Caso Begoña, Juan Carlos Barrabés, solicitó hace unos días a la Fiscalía europea que realizase el ejercicio de avocación, es decir, que reclamase al juez Peinado la parte del procedimiento relativa a un expediente de contratación adjudicado por Red.es (entidad pública dedicada a la transformación digital) relativo a un servicio de asesoramiento de pequeñas y medianas empresas. La Fiscalía Europea, en un decreto al que ha tenido acceso Efe, cuestiona que la defensa de Barrabés haga esta petición después de todo el tiempo transcurrido desde que el juez Peinado abrió su procedimiento -abril de 2024-.

0
51
FOTOGRAFÍA. MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) REINO DE ESPAÑA, 14 DE MAYO DE 2023. CASO BEGOÑA. María Begoña Gómez Fernández (Begoña Gómez), la mujer del presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, comparece en la sesión de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre supuesto caso de corrupción en su catedra de la Universidad Complutense. Efe
FOTOGRAFÍA. MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) REINO DE ESPAÑA, 14 DE MAYO DE 2023. CASO BEGOÑA. María Begoña Gómez Fernández (Begoña Gómez), la mujer del presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, comparece en la sesión de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre supuesto caso de corrupción en su catedra de la Universidad Complutense. Efe

Madrid (Reino de España), lunes 13 de octubre de 2025 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- CASO BEGOÑA GÓMEZ | El magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril de 2026, su investigación a María Begoña Gómez Fernández (Begoña Gómez), mujer del presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas.

Unas diligencias que «difícilmente pueden ser cumplimentadas» antes de este jueves 16 de octubre, día en el que vence el plazo de instrucción, razón por la que el titular del Juzgado de Instrucción 41 ha acordado extender sus pesquisas seis meses más, hasta el 16 de abril de 2026.

Dos años de instrucción

Ese día se cumplirán dos años de una causa que nació tras una denuncia del Sindicato Manos Limpias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y que, en este tiempo, ha sumados más delitos -intrusismo, apropiación indebida y malversación- y más imputados: su asesora, María Cristina Álvarez Rodríguez (Cristina Álvarez), el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre (PSOE).

Entre las diligencias pendientes, según explica Peinado en su auto, figuran un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid sobre el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez en relación con otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias.

También ha pedido el magistrado a la Escuela de Gobierno de la Universidad y a Amazon que remitan los correos asociados a los dominios del máster, y a Presidencia del Gobierno que informe de las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia desde julio de 2018.

La Fiscalía reconoce la «asistencia» de Cristina Álvarez en la cátedra de Begoña Gómez pero recurre la imputación del delegado del Gobierno Francisco Martín Aguirre que la nombró

Quiere saber Peinado quiénes han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones de la asesora d e la Moncloa María Cristina Álvarez Rodríguez (Cristina Álvarez) y los correos desde la cuenta asignada a la mujer de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Begoña Gómez.

Las diligencias pendientes

Además, el juez recuerda que aún debe resolver sobre las peticiones de diligencia o de archivo formuladas en las vistas celebradas las últimas semanas para concretar la imputación de los investigados después de determinar que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado popular quienes les juzgue.

En su auto, Peinado toma nota de la última corrección de la causa efectuada por la Audiencia Provincial de Madrid, que hace unos días determinó que no podía seguir investigando por presunta malversación a Begoña Gómez y a su asesora en una pieza separada, sino que debía llevar esa parte de la investigación dentro del procedimiento principal.

El juez indica que esta pendiente de adoptar «las resoluciones oportunas para acomodar las actuaciones».

Peinado investiga si Begoña Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos; y su rol en la cátedra que codirigía en la Complutense, incluido el patrocinio empresarial de un ‘software’ para la misma.

También si su asesora, pagada con fondos públicos, se excedió en su cargo y la asistió en «actuaciones del exclusivo interés personal» de Begoña Gómez.

La Fiscalía Europea ha rechazado ampliar su investigación al empresario Juan Carlos Barrabés e incluir en ella un contrato que forma parte de la causa que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra él y Begoña Gómez al considerar que solo dilataría un procedimiento que ha alcanzado un estado «avanzado».

Begoña Gómez defiende «favores» muy excepcionales a Cristina Álvarez

El investigado empresario del Caso Begoña, Juan Carlos Barrabés, solicitó hace unos días a la Fiscalía europea que realizase el ejercicio de avocación, es decir, que reclamase al juez Peinado la parte del procedimiento relativa a un expediente de contratación adjudicado por Red.es (entidad pública dedicada a la transformación digital) relativo a un servicio de asesoramiento de pequeñas y medianas empresas. La Fiscalía Europea, en un decreto al que ha tenido acceso Efe, cuestiona que la defensa de Barrabés haga esta petición después de todo el tiempo transcurrido desde que el juez Peinado abrió su procedimiento -abril de 2024-.

Sugiere que lo que pretende la defensa podría ser apoyar el recurso que ha presentado contra la decisión del juez de proponer que, en caso de llegar a juicio, la causa sea enjuiciada por un jurado popular.

En definitiva, considera la Fiscalía Europea que el procedimiento que dirige el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha alcanzado tal «madurez procesal» que asumir la competencia sobre el citado expediente, como pide Barrabés, dilataría y distorsionaría la causa, afectando al derecho de defensa del resto de imputados.