Efe.- Madrid (España), viernes 16 de diciembre de 2022. La Comisión de Justicia del Senado debatirá el martes las enmiendas que se presenten a la proposición de ley que deroga la sedición, rebaja las penas por malversación y facilita la renovación del Constitucional, una norma que previsiblemente se aprobará de forma definitiva en el pleno del jueves.
Todo ello si el Tribunal Constitucional, cuyo pleno se reúne el lunes, no interviene y deja que continúe la tramitación de la iniciativa con los cambios introducidos a última hora en el Congreso por la coalición de gobierno.
La Mesa y la Junta de portavoces de la Comisión de Justicia ha acordado este viernes que el plazo para presentar enmiendas concluya el lunes a las 14 horas y que la Comisión dictamine la norma el martes a las 9, con lo que podrá incluirse formalmente en la agenda del último pleno del año del Senado, que concluye el jueves.
Según ha explicado a Efe el portavoz de Justicia del PP en el Senado, Fernando de Rosa, su grupo ha planteado sin éxito que se suspendiera la reunión de la Comisión, al considerar que unos plazos tan cortos vulneran los derechos de los senadores y de los grupos parlamentarios.
«Nos tomamos en serio nuestro trabajo. Hay que preparar las enmiendas, estudiar todas las que se presenten y preparar el debate, que es importante. Se están restringiendo los derechos de todos los senadores», ha señalado De Rosa, que ha trasladado a la dirección del grupo popular el calendario fijado por la mayoría para que se tomen las decisiones que se consideren oportunas.
Según ha explicado, el grupo socialista ha rechazado la propuesta de los populares y el resto ha callado, acatando así la posición mayoritaria.
La coalición de gobierno ha avanzado que su intención es que la ley esté aprobada antes de fin de año, con lo que no se espera que se incluyen enmiendas en este trámite del Senado.
Se rebajarán así en el Código Penal las penas por los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del procés (sedición y malversación) y quedarán también retocadas las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de magistrados con el mandato caducado.