El Tribunal Supremo estudia imputar a Pedro Sánchez Pérez-Castejón prevaricación

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FOTOGRAFÍA. MADRID (REINO DE ESPAÑA), 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024. . El presidente del Gobierno de coalición comunista del Reino de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha anunciado este miércoles que impulsará un nuevo sistema de financiación "más justo" y en el que todas las comunidades autónomas recibirán más recursos. En el acto de apertura del curso político, donde ha expuesto las prioridades y líneas estratégicas de la acción política del Gobierno, ha adelantado además que el próximo Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto, paso previo a la presentación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas públicas, ha dicho, que llevarán el ADN del Gobierno de coalición comunista, y que avanzarán en una fiscalidad más progresiva, con impuestos que graven más a quienes "ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas", para "acotar privilegios desproporcionados" de los que se benefician "ciertas élites de nuestro país". Sánchez ha explicado que no se busca perjudicar a los millonarios, sino proteger a las clases medias y trabajadoras. "España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis". Efe
FOTOGRAFÍA. MADRID (REINO DE ESPAÑA), 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024. El presidente del Gobierno de coalición comunista del Reino de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha anunciado este miércoles que impulsará un nuevo sistema de financiación "más justo" y en el que todas las comunidades autónomas recibirán más recursos. En el acto de apertura del curso político, donde ha expuesto las prioridades y líneas estratégicas de la acción política del Gobierno, ha adelantado además que el próximo Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto, paso previo a la presentación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas públicas, ha dicho, que llevarán el ADN del Gobierno de coalición comunista, y que avanzarán en una fiscalidad más progresiva, con impuestos que graven más a quienes "ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas", para "acotar privilegios desproporcionados" de los que se benefician "ciertas élites de nuestro país". Sánchez ha explicado que no se busca perjudicar a los millonarios, sino proteger a las clases medias y trabajadoras. "España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis". Efe

Madrid (Reino de España), martes 17 de septiembre de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- El Tribunal Supremo estudia las denuncias contra Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España, quien podría haber cometido un delito de prevaricación al utilizar supuestamente recursos públicos en su denuncia contra el juez Juan Carlos Peinado, quien a su vez instruye la causa por tráfico de influencias y corrupción contra la mujer de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, María Begoña Gómez Fernández (Begoña Gómez).

El caso salió a la luz a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC).

Las acusaciones se derivan de una denuncia presentada por la AECC el 20 de mayo, acusando a Sánchez y a su esposa de varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento. Posteriormente, el 6 de agosto, la asociación que preside Manuel Romeral amplió la denuncia para incluir acusaciones de malversación contra el presidente por el supuesto uso de recursos públicos en su batalla legal contra el juez Peinado.

El Tribunal Supremo, en una reciente providencia, ha designado al magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, como ponente designado para supervisar el caso.

Cabe destacar que Marchena también ha sido encargado de examinar la posible responsabilidad de Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Zaida Isabel Fernández Toro, abogada del Estado, por posibles cargos de conducta dolosa.