Madrid (Reino de España), domingo 9 de marzo de 2025 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- CASO FISCAL GENERAL ÁLVARO GARCÍA ORTIZ | La exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès Vives (PSC/PSOE), comparecen este miércoles ante el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos en relación al marido/novio de la presidente del Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid por el socialismo azul Partido popular (PP), Isabel Natividad Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Son los dos primeros ex altos cargos de Moncloa citados como testigos por el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, a petición de Manos Limpias, que investiga la supuesta filtración de datos de la investigación contra Alberto González Amador por fraude fiscal.
El juez considera que puede ser útil «conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024» en el que el abogado del novio de Isabel Diaz Ayuso reconocía al fiscal la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública» por parte de Alberto González Amador, «hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital El Plural.com, y en qué circunstancia circuló a través de las personas por las que pudo haber pasado».
De hecho, en el auto de 13 de enero por el que citaba a declarar como imputado a García Ortiz, el juez menciona que el polémico correo objeto de la filtración circuló «con salida» de la Fiscalía «y destino Presidencia del Gobierno»; «y de ahí» al medio ElPlural.com.
Sánchez Acera y Vallés aparecieron en la causa tras el análisis del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato, que reconoció al magistrado que llevó ante notario los mensajes que se cruzó con la entonces jefa de gabinete del exministro Óscar López, el pasado 14 de marzo. Ella le envió el correo de la defensa de la pareja de Ayuso de cara a su intervención en la Asamblea de Madrid.
Ahora bien, el juez consideró improcedente citar al exsecretario de Estado de Comunicación Ion Antolín, y a la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez, por considerar suficiente lo que puedan aportar Sánchez Acera (recientemente nombrada como ‘número 2’ de la nueva dirección del PSOE-M) y Vallés.
La UCO cree que los cuatro habrían tenido conocimiento del correo del abogado del novio de Díaz Ayuso «antes de ser publicado en ningún medio», si bien el juez solo accedió a la testifical de dos de ellos.
Al margen de estas testificales, el juez, que esta semana acordó prorrogar seis meses la investigación, avanzó que puede prolongarse incluso más de un año debido a su complejidad porque al haber hecho desaparecer el investigado «la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos», esa ausencia de datos «ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad».
De hecho, Hurtado recordó hace unos días al fiscal general que se ha visto obligado a pedir comisiones rogatorias a Google y Whatsapp para solicitar datos de sus cuentas ante su «falta de colaboración».
«Ha sido la propia actuación del investigado, al haber hecho desaparecer cuanta información pudiera encontrarse en sus dispositivos, la que ha dado lugar a que la medida que se cuestiona haya tenido que ser adoptada», explicó.
