Barcelona (Cataluña) España, sábado 14 de abril de 2026 (Florencio Garrido Vela). Franco intentó que desapareciera la Guardia Civil. Órganos centrales y divisiones territoriales. Dentro de la organización militar central del franquismo, habría que señalar ante todo tres órganos: el Jefe del Estado como detentador del mando militar supremo, la Junta de Defensa Nacional, y el Alto Estado Mayor.
Tocante al primero, Franco era, como «Caudillo» de España, «Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire» (33). Sin embargo, las disposiciones sucesorias preveían que el Rey ostentaría el supremo mando únicamente en aquellos aspectos que guardaran relación con su calidad de gobernante investido de la máxima autoridad del Estado; pero la jefatura de impulsión militar correspondería propiamente al presidente del Gobierno, como presidente efectivo de la Junta de Defensa Nacional, a través de la cual ejercería, respecto a las cuestiones de seguridad nacional, su misión de motor principal de toda la actividad del Gobierno (34).
Acabada la Guerra Civil, Franco se reservó para sí todos los resortes de poder sobre el Ejército. Aunque en enero de 1938 se había creado un Ministerio de Defensa Nacional (35) que podía haber permitido una mayor coordinación de las Fuerzas Armadas en lo que respectaba a la unidad de mando, compras unificadas y economías de escala, en agosto de 1939 lo dividió en tres Ministerios separados, el del Ejército, el de la Marina y el del Aire (36). Estos departamentos se convirtieron en meras administraciones y evitaron el surgimiento de un ministro de Defensa que pudiera desafiar la preponderancia de Franco o, sencillamente, que pudiese constatar y expresar el descontento profesional de los tres Ejércitos (37).
La única coordinación entre los Ministerios militares y la Jefatura del Estado la proporcionaba el Alto Estado Mayor y la Junta de Defensa Nacional, ambos poco más que cuerpos asesores a disposición de Franco. La Junta de Defensa Nacional, compuesta en agosto de 1939, estaba configurada como una de las Comisiones delegadas del Gobierno. No tenía, pues, de común con el órgano político soberano de los primeros meses de la Guerra Civil otra cosa que el nombre. La componían, además del presidente del Gobierno, los ministros de los tres departamentos militares, el Jefe del Alto Estado Mayor (que actuaba como secretario) y los Jefes del Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. A ella podían ser incorporados, además, en cuanto se considerase conveniente, aquellos ministros u otros cargos que tuvieran relación con los asuntos a tratar (principalmente los ministros de Asuntos Exteriores, Industria y Comercio).
33 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), art. 2.
34 Zafra Valverde, José (1973). Régimen político de España, Pamplona: Eunsa, p. 332-333.
35 Boletín Oficial del Estado (1938), n. 467, de 31 de enero, p. 5.514-5.515.
36 Boletín Oficial del Estado (1939), n. 221, de 19 de agosto, p. 4.326-4.327.
37 Bañón, Rafael; Olmeda, José Antonio (1985). «Las Fuerzas Armadas en España: Institucionalización y proceso de cambio». In Bañón, Rafael; Olmeda, José Antonio (Compil.) (1985), La institución militar en el Estado contemporáneo, Madrid: Alianza, p. 273.
En vista de la falta de operatividad de esta organización central, en los años sesenta trató de reorganizarse el Ejército conforme a las necesidades derivadas de la pertenencia al bloque occidental en virtud de los acuerdos de ayuda y cooperación hispano-norteamericanos.
Con este fin, en 1965 las Fuerzas Armadas quedaron divididas en dos grupos operativos, las Fuerzas de Intervención Inmediata (FII) y las Fuerzas de Defensa Operativa del Territorio (DOT) (43).
- Desde el principio de la dictadura | Francisco Franco Bahamonde intentó que desapareciera la Guardia Civil
Las FII estaban compuestas por tres divisiones de Infantería, la acorazada, la mecanizada y la motorizada, y tres brigadas, la Paracaidista, la Aerotransportada y la de Artillería acorazada. Debían ocuparse de la defensa contra enemigos exteriores (del Pacto de Varsovia) y fueron desplegadas alrededor de las ciudades más importantes. Las DOT, con dependencia directa de los capitanes generales de las Regiones Militares, estaban formadas por dos divisiones de Montaña, once brigadas de Infantería y dos brigadas de Artillería. Su cometido era la defensa de costas y fronteras, la reducción de guerrilleros y la contención de disturbios y manifestaciones políticas tumultuosas (44). La reorganización representaba, sin lugar a dudas, una modernización, si bien ésta mejoró más la función represiva interna del Ejército que su papel defensivo de cara al exterior. También durante esta época se manifestó la necesidad de mejorar los servicios de información de las Fuerzas Armadas. Desde el comienzo de la dictadura se solaparon diversas agencias de este tipo. Aunque teóricamente sus actividades venían justificadas por su especialización inicial, al no existir ninguna disposición que ordenara el conjunto, ni una autoridad superior que se encargara de su coordinación, se produjo, de hecho, una tendencia general por parte de todas a abarcar el conjunto del panorama informativo (45).
42 Núñez Díaz-Balart, Mirta; Rojas Friend, Antonio (1997). Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1936-1945), Madrid: Compañía Literaria, p. 54.
43 Boletín Oficial del Estado (1965), n. 173, de 21 de julio, p. 10.297.
44 Ruiz-Ocaña, César (1980). Los Ejércitos Españoles: las Fuerzas Armadas en la defensa nacional, Madrid: San Martín, p. 282-287.
45 Díaz Fernández, Antonio M. (2005). Los servicios de inteligencia españoles. Desde la guerra civil hasta el 11- M. Historia de una transición, Madrid: Alianza, p. 23.
En 1973 se elevó la enseñanza superior militar a rango universitario, lo que motivó cambios sustanciales en los planes de estudios, la exigencia de un examen previo (aptitud psicotécnica y nivel cultural) y la entrada de profesorado civil en la Academia (51).
Sin embargo, las transformaciones realizadas tardaron mucho tiempo en calar al resto del Ejército, quedándose en actualizaciones internas y aisladas en los procesos de enseñanza, mientras el pensamiento común del colectivo castrense se mantenía «sumergido en un mar de sentimientos nacionalistas» (52).
Dentro de la organización central de las Fuerzas Armadas hay que hacer referencia, en último lugar, a la Guardia Civil y la Policía Armada, que conformaban en el interior de éstas las denominadas Fuerzas de Orden Público (FOP). Los dos cuerpos tenían carácter militar por definición jurídica y por pertenecer todos sus mandos al Ejército, aunque por su profesionalización y cometido nada tenían que ver con las Fuerzas Armadas.
Al mando de la Guardia Civil figuraba un teniente general del Ejército de Tierra y uno de división al frente de la Policía Armada, auxiliados ambos por estados mayores compuestos por jefes y oficiales del citado Ejército. Con ambas fuerzas del orden se practicó la misma teoría ensayada al descomponer en tres el antiguo departamento de Defensa Nacional.
Así, la Guardia Civil quedó constituida como una Dirección General del Ministerio del Ejército sujeta a él en lo referente a su organización, disciplina, armamento y personal; del Ministerio de la Gobernación dependía en todo lo concerniente a su misión específica, material, automoción, ganado, acuartelamiento, etc.; y del Ministerio de Hacienda en lo relacionado con la represión del contrabando, defraudación y pasos fronterizos.
La Policía Armada dependía del Ejército de Tierra en lo referente a disciplina, armamento y aforamiento; para sus funciones concretas, de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación. De esta forma, a las FOP se las mantenía controladas y obedientes: durante toda la dictadura mostraron una sólida lealtad a la figura de Franco. La relativa autonomía de las FOP alejaba al Ejército de la represión policial cotidiana y relegaba la actuación puramente militar a las cuestiones jurídicas (53).
La Guardia Civil había estado a punto de ser disuelta tras la Guerra Civil por haber permanecido muchos de sus mandos fieles a la II República (54). Sin embargo, dado su arraigo y utilidad, sobre todo en los medios rurales, fue reconocida legalmente en abril de 1940 (55). En la inmediata postguerra, el Cuerpo tuvo como cometido principal la represión de la guerrilla antifranquista conocida como «maquis». Se afirmó que su supervivencia estaba supeditada al éxito en esta misión. El fenómeno «maquis» tuvo su período de apogeo desde 1944, con la invasión del valle de Arán, hasta 1948. Tras 1.826 enfrentamientos con la Guardia Civil (56), la actividad guerrillera cesó en 1952, si bien elementos aislados siguieron combatiendo durante algún tiempo más. En los años sucesivos fue transformándose la imagen del Cuerpo y se pasó del tradicional guardia polivalente al especialista técnico y cualificado.
Por eso, desde la década de los cincuenta fueron formándose diversas Agrupaciones y Servicios (Tráfico, Helicópteros, Cinológico, Actividades Subacuáticas, Montaña, Desactivación de Explosivos, etc.) que modernizaron la estructura y funcionamiento de la Guardia Civil. A este Cuerpo se le encomendó, a fines de los años sesenta, el grueso de la represión de las actividades terroristas y, concretamente, las de la banda separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Desde el inicio de sus atentados, ETA hizo de la Guardia Civil su objetivo prioritario puesto que la consideraba un pilar fundamental del Estado franquista (57).
50 Cardona, Gabriel (2003). El gigante descalzo. El Ejército de Franco, Madrid: Aguilar, p. 178-183.
51 Boletín Oficial del Estado (1973), n. 79, de 2 de abril, p. 6.457-6.459.
52 Aguilar Olivencia, Mariano (1999). El Ejército español durante el franquismo. Un juicio desde dentro, Madrid: Akal, p. 294-295.
53 Olmeda Gómez, José Antonio (1988). Las Fuerzas Armadas en el Estado franquista, Madrid: El Arquero, p. 111.
54 López Corral, Miguel (2011). La Guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benemérita y a sus hombres (1844-1975), Madrid: La Esfera de los Libros, pp. 391-396.
55 Boletín Oficial del Estado (1940), n. 108, de 8 de abril, p. 2.631-2.632.
56 Serrano, Secundino (2005). Maquis, historia de la guerrilla antifranquista, Barcelona: Planeta, p. 251.
57 Molero, Íñigo (2006). «Las primeras víctimas de ETA». In El franquismo año a año: 1968, Madrid: Unidad Editorial, p. 9-10.
Al terminar la Guerra Civil, el Ejército español estaba sobredimensionado y suoficialidad era macrocefálica: en 1945, entre suboficiales, oficiales y jefes se contaban más de 250.000 militares 80.
Se hizo, por tanto, obligada la reducción de estas insostenibles cantidades y, con el paso de los años, se advirtió una lenta pero constante disminución del número de efectivos, que en 1962 alcanzaba la cifra de 145.000 (81) y en 1971 había bajado a 135.000 (82).
- Aumento de la violencia y disturbios | Franco intentó que desapareciera la Guardia Civil
En 1975 se contabilizaban los siguientes funcionarios militares: 32.000 en el Ejército de Tierra, 8.500 en la Marina, 12.000 en el Ejército del Aire y 81.000 en las FOP (52.000 guardias civiles y 29.000 policías) (83).
Este descenso afectó a todas las armas y cuerpos, con excepción del Ejército del Aire, que manifestó un moderado incremento en razón de las necesidades y tendencias en materia de modernización de las Fuerzas Armadas, y la Policía Armada, como consecuencia del aumento del nivel de violencias y disturbios propio del tardofranquismo. A esta disminución contribuyeron decisivamente las leyes de reserva de 1953 y 1958, en especial la segunda, que ofreció a los oficiales que lo desearan la posibilidad de pasar a un empleo administrativo civil, sin perjuicio de conservar una buena parte de sus haberes como militares (84).
La lentitud de esta caída resulta más significativa si se compara el monto global de funcionarios civiles y militares respecto a la población activa de varones. Entre 1940 y 1962 la proporción entre miembros del Ejército y población se mantuvo estable en torno al 5,5 %; mientras tanto, la de funcionarios civiles subió del 1 al 4,3 % (85).
La tropa no estaba formada por profesionales sino por soldados de reemplazo, reclutados forzosamente cada año para realizar el Servicio Militar Obligatorio. Gracias a la «mili», como era conocido popularmente el Servicio, el Ejército contó con un contingente que, en los años sesenta, oscilaba entre los 100.000 y los 150.000 hombres. En 1974, el reemplazo anual proporcionó 260.000 reclutas: 205.000 en el Ejército de Tierra, 30.000 en la Marina y 25.000 en el Ejército del Aire (86). El período normal de servicio fue reduciéndose con el paso de los años: si durante la postguerra superaba los 24 meses, en 1959 pasó a 18 y tras la Ley General del Servicio Militar de 1968 se quedó en 15 (87). Después de licenciar a los reclutas se procedía simplemente a incluirlos en una lista de reserva, pero no se ponía en práctica programa alguno para mantener su entrenamiento, excepción hecha de los «chusqueros», que una vez terminado el Servicio se «reenganchaban» y pasaban a trabajar como suboficiales ante las dificultades de encontrar un empleo en el ámbito civil.
En 1972, las partidas militares (57.500 millones de pesetas) fueron superadas por vez primera por las de otro departamento del Gobierno (Educación y Ciencia, 59.200 millones) (93).
En 1975, los gastos de los tres Ejércitos ocupaban solo el 15% del presupuesto (94).
El tamaño del Ejército provocaba también serias dificultades a la hora de afrontarlos sueldos de los oficiales. Aunque durante el franquismo se produjo un aumento constante de los mismos, éstos permanecieron casi siempre por debajo de la inflación. Los militares con empleo de capitán, que eran los más numerosos dentro de la oficialidad, cobraban 9.500 pesetas anuales en 1941 y 13.300 en 1949. En el año 1956, su sueldo se elevó a 25.000 pesetas (95).
80 Payne, Stanley G. (1967). Los militares y la política en la España contemporánea, Madrid: SARPE, p. 443.
81 Beltrán Villalva, Miguel (1964). «Datos para el estudio de los funcionarios públicos en España». In Boletín del Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, n. 83, p. 29.
82 Zafra Valverde, José (1973). Op. Cit., p. 140.
83 Ynfante, Jesús (1976). El Ejército de Franco y de Juan Carlos, París: Ruedo ibérico, p. 10-44.
84 Boletín Oficial del Estado (1958), n. 172, de 19 de julio, p. 1.301-1.302. 93 Boletín Oficial de las Cortes Españolas (1971), n. 1.171, de 1 de diciembre, p. 28.501-28.542.
94 Boletín Oficial de las Cortes Españolas (1974), n. 1.374, de 7 de octubre, p. 33.449.
95 San Martín Losada, Eduardo (1956). Almanaque del militar, Ceuta: Imprenta África, p. 223.
- Clima de convivencia | Francisco Franco Bahamonde intentó que desapareciera la Guardia Civil
En 1966 se acordó una mejora de las retribuciones que vino a paliar en parte la generalizada sensación de agravio retributivo y la necesidad de valerse del pluriempleo para poder mantener una calidad de vida aceptable, sobre todo en las grandes ciudades96. Así, en la nueva escala los capitanes pasaron a cobrar 150.000 pesetas al año-97. El sistema de remuneraciones era paternalista, recibiendo los militares bajos salarios compensados con otro tipo de beneficios sociales que fomentaban el corporativismo y acentuaban el aislamiento respecto de la sociedad civil. Con el pago en bienes y servicios se cumplía una doble función: por una parte, se avivaba un clima de convivencia entre los propios uniformados y sus familias; y, por otra, se aseguraba la dependencia de los miembros de la institución. Los militares tenían a su disposición tiendas de comestibles especiales (economatos) y farmacias surtidas con alimentos y medicinas a precios subvencionados, existía un servicio médico exclusivo, y se les proporcionaban becas escolares y pensiones que no estaban al alcance de los civiles
96 En 1970, el 20% de los militares profesionales del Ejército de Tierra tenían otro trabajo por las tardes. En 1976 esa cantidad sobrepasaba ya el 27 %. Vid. Busquets, Julio (1984). El militar de carrera en España, Barcelona: Ariel, p. 228
97 Boletín Oficial del Estado (1966), n. 311, de 29 de diciembre, p. 16.409.
Franco no tuvo ningún compañero de armas que pudiera considerarse rival suyo y los que podían haberlo sido murieron durante la Guerra Civil (José Sanjurjo, Emilio Mola, Joaquín Fanjul, Manuel Goded, Miguel Cabanellas), lo cierto es que un grupo de generales (Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe, Alfredo Kindelán, Antonio Aranda, José Enrique Varela, Miguel Ponte, José Monasterio, Luis Orgaz, José Solchaga) amagaron una tímida oposición a Franco durante los años cuarenta.
Fuentes: Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica Rio de Janeiro: vol. 6, no.3, setembro-dezembro, 2014, p. 439-479.
Quizá la maniobra más peligrosa en este sentido vino dada en marzo de 1945 con motivo de la publicación del «Manifiesto de Lausana», en el que Don Juan denunciaba la naturaleza totalitaria del régimen de Franco y sus relaciones con el Eje, a la vez que hacía un llamamiento a Franco para que diese paso a una restauración monárquica. En esta coyuntura, los generales Kindelán, Aranda y Varela llegaron a preparar un decreto en el extiende a una larga lista de organismos e institutos ligados a la banca oficial, el transporte marítimo y terrestre, el abastecimiento, los combustibles o la vivienda (124). En otros ámbitos políticos, sin embargo, el papel del Ejército fue más discreto. Dentro de las Cortes, por ejemplo, cerca del 15 % de los procuradores de las diez legislaturas fueron militares, debiendo su puesto, sobre todo, a cargos previos que ostentaban o a la designación directa de Franco.
Su actuación en la Cámara fue marginal, formando parte del coro de «adhesiones inquebrantables» y contribuyendo a reforzar el papel de la Cámara como instrumento de apoyo a la actividad gubernamental que se anunciaba la proclamación de la Monarquía e incluso confeccionaron una lista de ministros para un Gobierno provisional encargado de gestionar la transición.
En los años siguientes, la mayor parte de los jefes militares suficientemente antiguos como para mostrar algún tipo de descontento ante Franco murieron, incluidos Orgaz (1946), Queipo de Llano, Varela (1951), Yagüe, Monasterio, Ponte (1952) y Solchaga (1953). El último general «levantisco», Juan Bautista Sánchez, del que, se rumoreaba, planeaba dar un golpe de Estado desde su puesto como capitán general de Cataluña, falleció en 1957. A partir de entonces se inauguró una etapa, que ocupó la década de los sesenta, en el que la fidelidad de los mandos fue absoluta. Franco se rodeó de militares «puros», sin veleidades ideológicas manifiestas, compañeros de armas e incluso amigos personales dentro de la profesión como Camilo Alonso Vega, Pedro Nieto Antúnez, Luis Carrero Blanco, Antonio Barroso, Pablo Martín Alonso o Agustín Muñoz Grandes.
- Unión Militar Democrática (UMD) | Francisco Franco Bahamonde intentó que desapareciera la Guardia Civil
En los últimos años de la dictadura se produjo un repunte en la politización del Ejército. Comenzaron entonces a alcanzar puestos operativos clave muchos alféreces provisionales y oficiales de bajo rango que habían luchado con Franco durante la Guerra Civil y se veían a sí mismos como garantes de la continuación del régimen. Los generales «azules» Alfonso Pérez-Viñeta, Tomás García Rebull, Carlos Iniesta Cano y Ángel Campano, entre otros, se convirtieron entonces en miembros activos del llamado «búnker», que usaba su influencia política dentro de las instituciones franquistas para bloquear las posibles reformas desde dentro del sistema y para aplastar a la oposición externa. Hubo en esta época, también, jefes «liberales» como Manuel Díez-Alegría, José Vega Rodríguez o Manuel Gutiérrez Mellado, pero éstos eran una clara minoría dentro del alto mando y su capacidad de influencia política se reveló limitada.
Kindelán Duany, Alfredo (1981). La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona: Planeta, p. 89. Franco Salgado-Araujo, Francisco (1976). Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, p. 209.
Fernández, Carlos (1985). Op. Cit. p. 168. Boletín Oficial del Estado (1969), n. 1.060, de 22 y 23 de julio, p. 25.899.
Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica
Rio de Janeiro: vol. 6, no.3, setembro-dezembro, 2014, p. 439-479.470
La Revolución de los Claveles de Portugal hizo temer a los militares «ultras» que un hecho similar pudiera producirse en España. La primera víctima de su inquietud fue el Jefe del Alto Estado Mayor, Manuel Díez-Alegría, comprometido con la profesionalización de las Fuerzas Armadas, del cual, se decía, podía llegar a encabezar un movimiento que derribara la dictadura (131). El «búnker» buscaba una excusa para provocar su destitución y la halló en junio de 1974, cuando Díez-Alegría viajó a Rumanía para ser sometido a un tratamiento médico y mantuvo una entrevista privada con el presidente Nicolae Ceaucescu, al que todavía se consideraba una personalidad progresista. Tras la presión ejercida por los generales «azules» sobre Franco, Díez-legría fue cesado (132).
Esta victoria del sector ultraderechista de la cúpula militar se vio completada en los meses siguientes, cuando los servicios secretos descubrieron la existencia de asambleas clandestinas de oficiales jóvenes, formados en la AGM y con una mentalidad muy distinta a la de aquellos que habían luchado durante la Guerra Civil. Su estructura y funcionamiento se asemejaba mucho al Movimento das Forças Armadas portugués. Tras estas asambleas se encontraba la Unión Militar Democrática (UMD), organización compuesta por oficiales de graduación media que pretendía garantizar que el Ejército no bloquease la transición a la democracia en España. Encabezada por los comandantes Julio Busquets y Luis Otero, la UMD estableció contactos secretos con Felipe González, Joan Reventós, Simón Sánchez Montero, Armando López Salinas, Joaquín Ruiz-Giménez y otros líderes de la oposición democrática (133).
Aunque la UMD fue una organización muy minoritaria dentro de las Fuerzas Armadas, pues no llegó a agrupar más allá de 250 militantes activos, provocó nerviosismo dentro del alto mando, que consideraba intolerable la menor disidencia dentro de la línea de apoyo del Ejército a la dictadura. Así pues, a inicios de 1975 se ordenó el arresto del comandante Busquets y del capitán José Julve. Durante el verano de ese mismo año, el jefe de la División Acorazada Brunete, Jaime Milans del Bosch, elaboró un informe con datos recabados por la «Segunda Bis» sobre las actividades de los miembros de la UMD y se lo remitió a Ángel Campano, capitán general de Madrid.
Sin informar al presidente del 131 Fernández, Carlos (1982).
Los militares en la transición política, Barcelona, Argos Vergara, p. 26. 132 Carr, Raymond; Fusi, Juan Pablo (1979). España de la dictadura a la democracia, Barcelona: Planeta, p.
Gobierno, Carlos Arias Navarro, que se encontraba en Helsinki asistiendo a la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación europea, Campano ordenó la detención de nueve oficiales acusados de «rebelión militar».
Sometidos a Consejo de Guerra, las vistas se celebraron en marzo de 1976 ante la presencia de jefes ultraconservadores que realizaron comentarios amenazadores a lo largo del juicio. En todo el proceso hubo un elemento de limitación de perjuicios: los servicios de inteligencia poseían los nombres de decenas de oficiales implicados en alguna medida en las actividades de la UMD. Revelarlas y exponerlas a los simpatizantes de la democracia existentes dentro de las Fuerzas Armadas habría perjudicado a la unidad militar que perseguían. De este modo, se prefirió celebrar un juicio solo contra unos cuantos oficiales como forma de intimidar a los liberales y obligarlos al silencio y la inercia. Las penas a las que fueron condenados los acusados, muestra de la influencia de los generales «azules» sobre el Ejército, oscilaron entre los ocho y los dos años y medio de cárcel, además de la expulsión del Cuerpo. Pronto quedaron en libertad gracias a varias amnistías, pero los intentos para que fuesen readmitidos en el Ejército resultaron vanos por la presión del sector franquista de las Fuerzas Armadas.
Durante la transición se trató a las Fuerzas Armadas «con guante de terciopelo» ante el temor de que se rebelaran contra la reforma democrática.
Fuentes: Las propias y señaladas en el informe, ministerios, diarios locales, diversos blogs y páginas especializadas
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Florencio Garrido Vela,
Profesor de seguridad y miembro de las FCSE en situación de R.