Barcelona (Cataluña) Reino de España, jueves 13 de noviembre de 2025 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- Los golpistas y prófugos de la Justicia española celebran el informe no vinculante sobre amnistía al golpe de estado separatista en Cataluña, corrupto informe de un «abogado general» —que como han sufrido los catalanes durante todo este proceso con resoluciones de una Europa siempre a favor de los secesionistas— que dice que la malversación o terrorismo en el golpe de estado de 2017 no afecta la Unión Europea sino España.
El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat) y golpista indultado, Jordi Turull Negre, ha urgido este jueves al Tribunal Constitucional (TC) a que «tome nota» del informe del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y resuelva los recursos que tiene pendientes para su aplicación.
«Hoy es un pequeño paso procesal, pero es un gran paso para el retorno de nuestros exiliados», ha asegurado el golpista Turull en una rueda de prensa en la sede del partido tras conocerse el informe del abogado general de la UE.
En sus conclusiones, el abogado defiende que la ley de amnistía no es una «autoamnistía», es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los Comités de Defensa de la República Catalana (CDR), y que los gastos del golpe Procés de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE.
Tras este informe, el golpista de JxCat ha reclamado «contundencia» al TC y ha recordado que el alto tribunal «tiene vías para hacer efectiva» la aplicación de la ley de manera «clara y rápida» por parte de los órganos jurisdiccionales, lo que incluye, según ha dicho, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Supremo.
«Hoy es un buen día para muchos y es un mal día para otros, para los que actuaron con el mandato del quien pueda hacer, que haga, lo que incluye a jueces, entidades y fundaciones que querían dilatar la aplicación de esta ley de amnistía. También va por Vox, FAES y el PP, y especialmente por Societat Civil Catalana», ha indicado el secretario general de Junts.
Junqueras espera que «allane el camino»
Por su parte, el golpista líder de ERC, Oriol Junqueras Vies, ha celebrado el aval del abogado general de la Unión Europea a la ley de amnistía y ha confiado en que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) adopte la misma posición y así se «allane el camino» para que el Tribunal Constitucional aplique la ley.
«Celebramos que el abogado general de la UE avale con su posicionamiento las mismas tesis que nosotros hemos defendido siempre y esperamos que así lo confirme también el Tribunal de Justicia de la UE cuando acabe adoptando una posición definitiva sobre la materia», ha indicado Junqueras, que sigue a la espera de la aplicación de la amnistía para dejar de estar inhabilitado.
El golpista Junqueras ha remarcado que si el TJUE adopta la misma postura, «seguro que se allana el camino» para que el Constitucional resuelva a su favor los recursos de amparo que han presentado «ante la actitud manifiesta del Tribunal Supremo de intentar impedir por todos los medios que se aplique la ley».
Prófugo Puigdemont: la última palabra la tienen unos jueces salvapatrias
Por su parte, el prófugo de la Justicia española y presidente de JxCat, Carles Puigdemont Casamajó, ha advertido de que la última palabra sobre la aplicación de la ley de amnistía «la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria» a pesar del informe favorable del abogado general de la Unión Europea.
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En un mensaje en X, el prófugo Puigdemont ha añadido que «el abogado general de la UE ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad, y a todo el mundo: desde los acusados falsamente de terroristas -y, en algunos casos, condenados- por una malversación inexistente», ha señalado el golpista prófugo de la Justicia española.
«Para los jueces», ha dicho el golpista prófugo Puigdemont, «el encargo que les hizo alguien que debería haber sido juzgado como criminal de guerra es más vinculante que lo que digan el Congreso y la Unión Europea».