Madrid (Reino de España), miércoles 12 de noviembre de 2025 (Lasvocesdelpueblo).- CASO FISCAL GENERAL ÁLVARO GARCÍA ORTIZ | Los agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes de la causa contra el acusado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han destacado en el Juicio contra Álvaro García Ortiz que «durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general» que es «evidente» porque «todo lo que se ha filtrado estaba en Fiscalía General del Estado».
En la penúltima sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz, estos agentes de la UCO han reconocido que no hallaron pruebas directas de la difusión del correo clave sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte del fiscal general dado que su móvil y su email habían sido borrados.
«El dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado, como es normal en una institución jerarquizada. Él da instrucciones, a través de la fiscal provincial», ha señalado uno de los agentes, si bien otro le ha interrumpido: «Y de Lastra», la fiscal superior de la Comunidad de Madrid.
El agente ha reiterado que «en el proceso se ve un dominio (de García Ortiz) por jerarquía» porque «lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va a hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general». Una afirmación que ha sido contestada por el fiscal: «Eso es una deducción suya enteramente libre».
Los agentes de la Guardia Civil han apuntado a «un antecedente» en la filtración respecto a la noticia del 12 de marzo de 2024 sobre la denuncia contra Alberto González Amador, marido de Isabel La Mala.
La información que se publicó, en su opinión, «se compadece con lo que tiene Fiscalía General, no la Fiscalía Superior», puesto que en los días anteriores lo había reclamado la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, en una dación de cuentas.
«Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un modus operandi de recabar información» que luego, en su opinión, se traslada a lo ocurrido en la noche del 13 de marzo con la nota de prensa que pretende elaborar García Ortiz para aclarar que el pacto que buscaba el abogado del marido de la presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso (Isabel La Mala), Alberto González Amador, no partía de la Fiscalía.
Al respecto, han explicado que «es el fiscal general, desde la Fiscalía General, quien dice y quien mueve esa nota de prensa y cuando se va a dar, y quien tiene la urgencia de darla».
«No se si Almudena Lastra o la fiscal provincial tienen conocimiento de en qué condiciones y cuándo. Yo creo que incluso le sorprende a la fiscal provincial el cuándo y cómo porque creo que ella piensa que va a salir a través de la Comunidad de Madrid», ha dicho uno de ellos. La nota salió con el membrete de la Fiscalía Provincial.
No accedieron al teléfono del fiscal general porque estaba borrado
Ahora bien, los agentes, que han comparecido como peritos y testigos, han reconocido que no hallaron pruebas de la difusión del correo clave en el teléfono del fiscal general.
«Nosotros al teléfono del fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado», han señalado.
Cuando procedieron al análisis de los dispositivos intervenidos en el registro, según han dicho, se percataron de que los mensajes habían sido borrados el 16 de octubre -cuando se abrió causa penal-, que el terminal telefónico no había sido devuelto -el fiscal general cambió el 23 de octubre de terminal– y que la copia del correo privado de Gmail -a donde la fiscal provincial de Madrid le envió los correos- había sido eliminada.
Respecto al borrado del Gmail -que el fiscal general justificó en mensajes amenazantes recibidos tras el informe de la UCO- han reconocido que no incluyeron cuándo se borró.
Con todo, han señalado que «el correo que acaba filtrándose está en poder del fiscal general a las 21:59 horas», si bien «seguramente se debe conocer que los correos existen para solicitarlos». No le llega el último correo, el que publica El Mundo, hasta las 23:47 horas.
No es posible determinar qué mensajes borró el fiscal general
Uno de los agentes de la UCO que elaboró los informes de la causa contra el fiscal general del Estado ha admitido que no es posible determinar qué mensajes borró Álvaro García Ortiz el 16 de octubre de 2024 cuando el Supremo abrió causa contra él.
El abogado del Estado ha interrogado a uno de los guardias civiles para que certifique si puede saber «con certeza» si en ese borrado se eliminaron los mensajes del 8 al 14 de marzo, que es el espacio temporal de la investigación que acotó el magistrado instructor.
«La certeza técnica no es posible, porque se ha desarrollado esa acción en un terminal que no es el analizado, se han tomado las medidas necesarias para que eso no sea posible», ha respondido.
Justo después han comparecido dos ingenieros informáticos que elaboraron una pericial a petición de la Abogacía del Estado.
Ambos han dejado claro que «es totalmente imposible determinar qué mensajes se han borrado, cuántos mensajes se han borrado y las fechas de los mensajes» así como que «los mensajes que se dicen borrados pudieran ser borrados previamente a dichas fechas».
Varios agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han justificado además el volcado «total» de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado porque es «imposible» un «volcado selectivo» por cuestiones técnicas u operativas durante el registro.
La penúltima jornada del juicio ha comenzado con los detalles de los registros inéditos de la UCO el 30 de octubre de 2024 en el despacho oficial del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, que quedó fuera del procedimiento.
Unos registros que dieron lugar a informes claves de la causa y que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han impugnado desde el inicio al considerarlos nulos por una amplia vulneración de derechos fundamentales, tal y como expusieron al inicio del juicio.
Durante sus declaraciones, los agentes de la UCO han relatado que aquel día hicieron un volcado «integral» de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado, salvo en el caso del ordenador de mesa, donde hubo una «selección específica».