.Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la actuación del Ejecutivo secesionista con la creación del FCRCAT y pago de los avales del Procés con dinero público, no supone ningún delito de prevaricación ni malversación de fondos públicos, como defendieron VOX, Carlos Carrizosa (Cs) y Asociación Convivencia Cívica Catalana
.El TSJC recuerda que el caso también está recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte de Vox