Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), jueves 18 de noviembre de 2021. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la querella del Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Cataluña y las denuncias del líder de Ciudadanos (Cs) en la cámara catalana, Carlos Carrizosa Torres, y la de la entidad catalana Convivencia Cívica Catalana (CCC) contra el presidente del Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García, y los consejeros del Ejecutivo de coalición de ERC y JxCat, el de Economía Jaume Giró, y la de Presidencia, Laura Vilagrà Pons, por la aprobación del decreto ley de creación del «Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT), 10.000.000 de euros de dinero público para pagar los avales del Procés, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF): un total de 5.422.411,10 euros impuestos por el Tribunal de Cuentas a los encausados 34 exaltos cargos de los Gobiernos del Procés 8del 2011 al 2017) por la promoción del Procés en el extranjero con fondos públicos, la llamada «Acción Exterior de la Generalidad de Cataluña».
Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la actuación del Ejecutivo secesionista con la creación del FCRCAT y pago de los avales del Procés con dinero público, no supone ningún delito de prevaricación ni malversación de fondos públicos, como defendieron VOX, Carlos Carrizosa (Cs) y Asociación Convivencia Cívica Catalana.
Así como han avanzado la Agencia Catalana de Noticias y la Agencia Efe, el TSJC argumenta que: el delito de prevaricación administrativa debería descartarse porque el Gobierno de la Generalidad de Cataluña de Pere Aragonés García no sólo es un órgano administrativo sino político y constitucional, y sus actos políticos y legislativos, como el decreto ley de julio sobre los avales del Procés, no pueden ser perseguidos penalmente por prevaricación por no ser simples resoluciones administrativas sino normas con rango de ley.
Recuerda el alto tribunal catalán que el decreto ley del FCRCAT se creó para resolver con urgencia la petición de avales del Tribunal de Cuentas a varios ex altos cargos del Gobierno separatista, pero también abarca a otros posibles afectados por hechos similares y que todavía no tengan sentencia firme.
La Fiscalía rechazó investigar a Aragonés y consejeros
Los magistrados, siguiendo los argumentos de la fiscalía, consideran que el Gobierno separatista «sigue conservando el control sobre los recursos y dispone de un procedimiento ejecutivo que garantiza su regreso». «Sólo se podría perseguir a los miembros del Gobierno si el aval se ejecuta y luego no se pide su regreso».
Asimismo, recuerda que los avales del Procés tienen ciertas condiciones, como que los actos perseguidos sean cometidos en ejercicio de cargo público, que no estén cubiertos por los seguros o que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña no esté persiguiendo.
Igualmente, apuntan los magistrados, todas las cantidades tendrán que ser devueltas al erario si hay sentencia firme en contra.
El TSJC recuerda que el caso también está recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte de Vox.
La querella y las denuncias van dirigidas contra todo el Ejecutivo separatista, pero especialmente contra el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró.
