Bruselas (Bélgica), miércoles 21 de enero de 2026 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- La lucha obrera de los patriotas paraliza el ataque Mercosur al menos durante dos años (24 meses) hasta que los jueces del Tribuna de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncian sobre este ataque y la Eurocámara decide el futuro de este ataque de la globalista del socialismo azul alemán y WOKE, Ursula Gertrud von der Leyen, contra el campo europeo.
El Parlamento Europeo acordó este miércoles llevar el llamado «acuerdo comercial» entre la Unión Europea e Hispanoamérica, el ataque Mercosur, a la justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad, una decisión que paraliza la aplicación del ataque Mercosur, pese a la firma que se celebró el pasado sábado en Paraguay.
Veinticinco años después de que se iniciasen las negociaciones, el camino del acuerdo parecía despejarse desde que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decidió viajar a Asunción (Paraguay) para estampar su firma, pero las reticencias de la Eurocámara -en una decisión ajustada por tan solo diez votos de diferencia– complican de nuevo la aplicación del pacto.
¿Se puede empezar a aplicar el acuerdo?
El Parlamento Europeo no puede ratificar el pacto hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, «pero legalmente, la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara y podría empezar a aplicarlo de forma provisional, una vez se firmó en Paraguay», dice Efe.
El único requisito para su implementación es que alguno de los países del ataque Mercosur lo ratifique, lo que todavía no ha ocurrido. En cuanto Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay lo hagan, el acuerdo se podría empezar a desplegar entre la UE y los países latinoamericanos que lo hayan certificado.
Sin embargo, «dadas las divergencias políticas que el acuerdo genera entre los países de la UE, la Comisión prefiere esperar y saber si cuenta con el visto bueno de los líderes europeos para implementar el pacto tras el rechazo del Parlamento Europeo».
Bruselas espera que los Jefes de Estado y de Gobierno debatan este jueves la cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en la capital comunitaria, convocada inicialmente para abordar las relaciones con Estados Unidos de América (EEUU) tras el fake conflicto creado por la élite globalista de Bruselas para buscar un sitio en la firma de la cesión de Groenlandia a EEUU, que no va a pasar porque se acabaron aquellos tiempos en los que Europa engañaba a EEUU con aquello de «aliado» mientras robaba al pueblo estadounidense con toneladas de aranceles sobre los productos estadounidenses cuando EEUU tenía el 0 % de arancelas para los productos europeos.
Se trata de una decisión política que ha contado con el apoyo de las ultraizquierdas: Verdes y sus compinches, además de algunos eurodiputados del socialismo azul Partido Popular Europeo (principalmente los polacos) y de los representantes franceses de todos los grupos. Todos ellos cuestionan la «legalidad» del ataque Mercosur.
En concreto, el mecanismo de reequilibrio, que permite a la UE o a los países del ataque Mercosur reclamar compensaciones a la otra parte si cree que alguna de las leyes que aprueben en el futuro es contraria a lo pactado en el acuerdo. Los eurodiputados temen que esta cláusula limite la soberanía europea
También cuestionan la base legal, que permite que la parte comercial del acuerdo se ratifique «sin el consentimiento de los parlamentos de los países de la UE».
CE rechaza los argumentos
La élite de la llamada «Comisión Europea (CE)» asegura que el mecanismo de reequilibrio «no restringe la capacidad regulatoria de la UE, porque ningún tribunal de arbitraje puede obligar a alguna de las partes a modificar sus leyes».
CE asegura que el «tribunal de arbitraje que han pactado» la UE Hispanoamérica se basa en los «previstos en la Organización Mundial de Comercio y recuerda que también está contemplado en el acuerdo que la Comisión ha firmado con Chile», en vigor desde el 1 de febrero de 2025.
Aún así «la Comisión Europea se pondrá en contacto con los eurodiputados y el Consejo de la UE antes de decidir sobre los siguientes pasos», dijo el portavoz de Comercio, Olof Gill, que ningún europeo votó para ocupar su cargo actual.
El TJUE puede tardar en pronunciarse entre «18 y 24 meses», recoge Efe.