Madrid (Reino de España), jueves 13 de noviembre de 2025 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- CASO FISCAL GENERAL ÁLVARO GARCÍA ORTIZ | Las acusaciones apuntan directamente al acusado fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz como autor de la filtración (revelación de secreto) de correos del investigado por fraude fiscal y marido de la presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular (PP) en la región madrileña Isabel Natividad Díaz Ayuso (Isabel La Mala), Alberto González Amador.
Las acusaciones populares no han dado credibilidad a la versión con la que el acusado Álvaro García Ortiz, el hasta actual fiscal general del Estado español nombrado por el presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, defendió su inocencia en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo; tampoco a los periodistas que afirmaron que supieron antes que él del correo con la admisión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Por su parte, la Fiscalía, que no descarta ahora que es la Fiscalía general del Estado que filtró la información, ha defendido que el acusado García Ortiz no cometió un delito de revelación de secretos porque esa información ya había sido proporcionada previamente a varios periodistas y que, en caso de haberlo hecho él, sería «impune» al ser conocida por la prensa.
Tanto la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, marido de Isabel Natividad Díaz Ayuso (Isabel La Mala) como los abogados de cuatro acusaciones populares han apuntado directamente al fiscal general como la persona que filtró el correo en el que el abogado de este empresario reconocía un fraude a Hacienda para llegar a un pacto.
Para el autodenominado sindicato Manos Limpias, es la «única explicación razonable». Su abogado ha subrayado que «no existe una alternativa» dado que «se ha eliminado todo el rastro de prueba de descargo que podría haber» ante el borrado del móvil del fiscal general.
Antes que él, el letrado de Fundación Foro Libertad y Alternativa ha tachado de «inverosímil» tanto el testimonio de García Ortiz como de dos periodistas que aseguraron haber conocido el correo antes que él, y ha considerado «intrascendente» que supiesen que la iniciativa de la conformidad partiese del marido de Isabel La Mala. «Lo esencial», para él, es «la difusión del contenido concreto del correo».
También el abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid ha considerado que la credibilidad de los periodistas que dicen que tuvieron acceso al correo clave antes que el fiscal general «está puesta en solfa».
El acusado fiscal general Álvaro García Ortiz no responde a las acusaciones
La última acusación en intervenir ha sido la del abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -muy crítica con la labor de García Ortiz al frente del Ministerio Público-, quien ha cuestionado que los periodistas se amparasen en el secreto profesional cuando, ha dicho, el código deontológico les autoriza a revelar las fuentes para evitar que un inocente sea condenado.
En sus conclusiones, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha centrado su informe final en rebatir los indicios recabados no solo por las acusaciones sino por el instructor, destacando, por encima de todo, los testimonios de los periodistas que dijeron tener acceso al correo clave antes que García Ortiz.
Así, ha aludido a «la doctrina del tribunal» para exponer que «cuando una noticia ha sido proporcionada a un periodista ya no hay revelación de secretos y aquí sabemos que muchas personas habían hecho llegar a periodistas -incluido Alberto González Amador, marido de Isabel Díaz Ayuso- las noticias de esta causa». Ha añadido que ante «la hipótesis de que el fiscal general hubiera hecho llegar a la prensa el célebre correo» eso sería «impune» puesto que «la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación».
Prueba de que esos correos ya se conocían, para la teniente fiscal, es que, por un lado, periodistas de El País estaban hablando de la propuesta de conformidad del abogado en el mismo momento en que el fiscal general la recibía en su correo. Lo sabían, ha dicho, «con mucha antelación» a que lo divulgase la Cadena Ser.
La fiscal también ha rebatido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil diciendo que «de ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general» porque los agentes sostuvieron que solo había revelación de secretos si alguien reproducía párrafos del correo mencionando, por ejemplo, la palabra «ciertamente» que introdujo el periodista de la SER, algo que ve «jurídicamente» dudoso.
La defensa denuncia un «auténtico juicio paralelo»
Por su parte, la defensa del fiscal general del Estado ha denunciado que el juicio ha estado «marcado por un contexto mediático excepcional», que ha podido generar «un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas» que han afectado a su derecho a la defensa.
«Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario», ha dejado claro el abogado del Estado José Ignacio Ocio en el inicio de su informe final con el que sustentará su petición de absolución del fiscal general del Estado, acusado de filtrar un correo con la admisión de dos delitos por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El abogado del Estado ha apelado a la «serenidad, independencia y objetividad» con la que los magistrados del Tribunal Supremo deben dictar sentencia.
Y de inmediato, como ya hiciera en las cuestiones previas al comienzo del juicio, ha pedido nuevamente la «nulidad» de los registros en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid, cuyos informes son claves en la causa.
La defensa del fiscal general del Estado ha asegurado que «no hay absolutamente ni una prueba» de que Álvaro García Ortiz filtró u ordenó filtrar el correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso «porque no puede haberla».
«El señor fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí», ha asegurado el abogado del Estado José Ignacio Ocio durante el informe final con el que fundamenta ante el Tribunal Supremo su petición de absolución de García Ortiz de presunta revelación de secretos.