Redacción.- Barcelona (España), lunes 19 de diciembre de 2022. El domingo pasado, Argentina, ganó su tercer campeonato de fútbol en Qatar. Sigue el “Qatargate”, en el seno del Parlamento Europeo. En España, mientras la población prepara las fiestas de Navidad y fin de año, en el Congreso de los Diputados, el Gobierno y sus socios, se encuentran enfrentados a los partidos de la oposición, unos defienden al Estado español y sus instituciones, mientras los otros usando todos los medios a su alcance intentan acabar con el, empleando supuestos falsos argumentos a través de sus portavoces, equipos de propaganda y diferentes medios de comunicación para influir en la opinión pública.
El Gobierno se ha marcado una ruta, llegar al final de la legislatura a finales de 2023, con el apoyo de sus socios y a ser posible conseguir gobernar otra legislatura y para ello debe satisfacer sus pedidos, presuntamente sin regirse por los cauces reglamentarios con tal de conseguir sus objetivos.
A los líderes independentistas, les concedió los indultos, ahora, consiguió que en el Congreso de los Diputados con 184 votos a favor de: PSOE (120), Unidas Podemos (33), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Más País (2) y Meri Pita del Grupo Mixto (ex de Podemos), se haya aprobado la derogación del delito de sedición y sustituido por el de desórdenes públicos agravados, y rebajado las penas del delito de malversación de caudales públicos.
Además, aprovechando estos cambios, el Gobierno modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Todos los cambios se realizaron a través de enmiendas en la Comisión de Justicia, por la vía de urgencia, sin debate previo y sin tener en cuenta los informes previos de los órganos consultivos del: Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal.
Antes de lo aprobado en el Congreso, el PP y Vox presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la aprobación de la reforma del Código Penal, pero el grupo progresista del TC, en coordinación con el PSOE y Podemos (también presentaron recurso de amparo) consiguieron impedir que se celebrara la reunión para decidir si se aceptaba o no la solicitud, postergándose la reunión para lunes 19 de diciembre.
Después de aprobada la reforma en el Congreso, el PP añadió los cambios producidos al recurso anterior para paralizar el trámite antes de ser enviado al Senado para su aprobación final. Ante este escenario, el Gobierno, realizó una campaña de desprestigio contra el partido mayoritario de la oposición, afirmando que no respeta el Estado de Derecho, que no puede interferir en la actividad legislativa del Ejecutivo e inclusive la exministra, Carmen Calvo (PSOE) llegó a afirmar: «A copiar 500 veces y a mano, que se aprende mejor: todos los Poderes e Instituciones del Estado están por debajo de la soberanía del pueblo español, y éste se expresa de manera directa en el Congreso y en el Senado», obteniendo como respuesta el artículo 9.1 de la Constitución Española: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».
Ayer lunes, iniciaron la reunión a las 10 de la mañana y llegada la tarde, solo habían decido que fuera el Pleno y no la Sala Segunda quien se pronunciara sobre el asunto. El Pleno, decidió admitir a trámite el recurso del PP en contra de la reforma del Gobierno, para paralizar la tramitación de la reforma en el Senado, y ha denegado la petición de Podemos y del PSOE de recusar a los dos magistrados conservadores, el presidente del TC, Pedro González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez. Falta decidir si se admite o no la cautelarísima, en caso de ser afirmativa, el TC paralizaría de forma urgente la tramitación de la norma en el Senado. Hay más magistrados conservadores que progresistas (6 a 5). Mientras tanto, el PP, JxCat, Vox, UPN y Ciudadanos registraron en el Senado vetos a la enmienda a la totalidad a la reforma del Código Penal.
Así mismo, destacar que algunos barones del PSOE se muestran críticos con las decisiones del Gobierno, pero a la hora de emitir su voto, obedecen la disciplina de partido, con lo cual todo queda en palabras. Incluso se extrañan por el silencio del Rey, Felipe VI, ante ésta situación difícil, es fácil deducir cual será su respuesta, si se oye con atención el discurso vigente que dio el 3 de octubre de 2017.
Por otro lado, como era de esperar y antes de que se produzca la aprobación definitiva de la reforma del Código Penal, en favor de los independentistas catalanes, el Gobierno catalán de ERC, no tardó en anunciar que negociará con el Estado español para realizar un referéndum de autodeterminación, utilizando para ello diferentes modalidades. El monagesco, donde se requiere un pacto con el Estado, plantear una pregunta clara, que voten los residentes en Cataluña mayores de 16 años, la participación del 50% de la población y conseguir como mínimo el 55% de síes.
También, se acoge a las vía escocesa y canadiense utilizando el Acuerdo de Claridad, que en la actualidad ha perdido importancia y poder por sus consecuencias negativas para la región de Quebec en beneficio de Calgary y Vancouver, como pasa ahora, el auge de Madrid en detrimento de Cataluña.
En caso que el Gobierno no acepte, entonces optarán por la vía que defiende JxCat, la reactivación de la DIU de 2017. Por su parte, la CUP plantea la independencia desde la confrontación democrática.
Incluso el Partido Socialista de Cataluña (PSC), está de acuerdo en celebrar una consulta a la población catalana, preguntando qué tipo de relación quieren con España. El diputado, Salvador Illa, plantea realizar una votación sobre el actual Estatuto de Cataluña o sobre una versión corregida del actual.
Igualmente, una de sus candidatas al TC por el Gobierno, Laura Díez, está de acuerdo en que no se dé el 25% de clases de español en las aulas catalanas y se modifique el artículo 149 de la CE, que habla de las competencias exclusivas que tiene el Estado y entre ellas se encuentra la «Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».
Así que a las buenas o a las malas, van a por su objetivo, conseguir la independencia de Cataluña del resto del territorio español y para ello cuentan con la ayuda inestimable del Gobierno central, que dice defender la Constitución Española, pero sin embargo, legisla en contra de ella, aprobando disposiciones a medida de sus socios que le apoyan, sin tener en cuenta los procedimientos ordinarios.
No hay que llevarse a engaños, la hoja de ruta es clara, presuntamente quieren acabar con el régimen del 78, ya que según el Gobierno, la Constitución Española está obsoleta porque la hicieron los franquistas, como si muchos de ellos no fueran descendientes de familias de aquella época.
Por otra parte, el CGPJ, se reunirá hoy martes, para nombrar al candidato conservador, después de la negativa inicial del presidente interino, Rafael Mozo. Ya tienen el candidato progresista. Los dos elegidos serán sus representantes en el Tribunal Constitucional. Este Consejo, también ve que la enmienda realizada por el Gobierno a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional, no están de acuerdo a lo que marca el artículo 159 de la CE, para elegir a los candidatos que le corresponden para el TC, pasando de una mayoría cualificada a una mayoría simple (de 11 a 10 miembros).
Por último, en el mes de noviembre, el partido independentista PDeCAT, solicitó la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y recientemente el Gobierno le ofreció enmendar, «para rebajar el alcance del artículo que permitió al Parlament y al Congreso despojar de sus actas de diputados a varios líderes del procés, mientras estaban procesados por el referéndum ilegal, pero sin haber sido aún condenados». De tal manera que la suspensión del cargo público se produzca en casos «grave o muy grave y medie violencia o intimidación». El tema será tratado cuando regresen a la actividad parlamentaria en 2023.
En conclusión, España se encuentra en un momento muy delicado y requiere que las personas que se dedican a la política o la judicatura, sean profesionales cualificados, honrados, con sentido común y sabiduría, que cumplan y hagan cumplir la Ley para todos los ciudadanos por igual y no a medida de cualquiera. Que unan y no separen a la población.
Ha costado mucho conseguir los derechos y libertades que se están perdiendo por culpa de unos partidos y otros, que han mirado en su beneficio partidista y no en el interés general. Han ido cediendo poco a poco a los deseos de los sediciosos, hasta que sin darse cuenta se han mimetizado con el discurso independentista.
Cómo pueden defender a toda la sociedad española en su conjunto, si solo atiende a una parte de ella, en contra de la otra.
Se pierde el tiempo en confrontaciones entre ciudadanos del mismo Estado, en vez de avanzar y estar a la altura de los países desarrollados en todos los aspectos, porque España es un país riquísimo, que si sus dirigentes se propusieran podrían convertirla en una gran potencia mundial.
«Hemos llegado a un punto en el que las ideologías están por encima hasta del sentido común y ese es el camino del caos. Se está debilitando al Estado, en algunos aspectos casi se le está desarmando ante la posibilidad anunciada de que se repitan hechos que podrían ser constitutivos de un auténtico golpe a la democracia», (Ramón Rodríguez Arribas, diciembre 2022).
