Madrid (Reino de España), jueves 4 de diciembre de 2025 (Efe).- CRISIS PESTE PORCINA AFRICANA | El reciente brote de peste porcina africana en Cataluña ha vuelto a poner sobre la mesa la gestión de la fauna salvaje en España, y en particular del jabalí. Mientras los científicos advierten de que la población de esta especie ha crecido hasta niveles preocupantes, los ecologistas reclaman no criminalizar a los animales y centrar los esfuerzos en problemas estructurales del medio rural.
Ecologistas en Acción reconoce que puede estar justificado aplicar medidas de control en los focos de enfermedad para evitar la expansión del virus hacia las granjas, pero advierte contra el uso de la «superpoblación» como excusa para políticas preventivas que, en su opinión, no tienen fundamento. «Las poblaciones se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo», señalan desde la organización, que atribuye el aumento de los contactos entre fauna y población humana al crecimiento urbano descontrolado y a la ocupación excesiva del territorio con urbanizaciones y segundas residencias en zonas naturales.
Jaume Grau, portavoz de la ONG, sostiene que muchos problemas del sector primario, como pérdidas de cosechas o desequilibrios poblacionales, están vinculados a la crisis ecológica. «Es ahí donde debería centrarse la Administración, no en criminalizar al jabalí», afirma. Grau subraya que la ganadería industrial, incluida la de porcino, mueve miles de millones de euros, pero constituye «un ejemplo incuestionable de insostenibilidad».
Distribución y crecimiento de la población
Según el Plan Nacional de Gestión del Jabalí, las áreas de mayor densidad se encuentran en el noreste de la península, especialmente en Barcelona, Girona, Tarragona, Huesca y Valencia. Otras comunidades con incrementos significativos en los últimos años son Murcia, Navarra y Castilla y León. Los estudios confirman un crecimiento constante en toda España durante las últimas cuatro décadas, acompañado de un aumento de accidentes, daños agrícolas y riesgos sanitarios.
El plan propone combinar la caza con trampas y nuevas tecnologías, como drones con cámaras térmicas, además de fomentar la colaboración entre administraciones, dado que el control poblacional es «necesario» por los riesgos sanitarios, ecológicos, económicos y sociales que implica.
Caza y concienciación
Luis Fernando Villanueva, ingeniero agrónomo y director de la Fundación Artemisan, subraya la dificultad de censar a los jabalíes por su comportamiento esquivo, pero estima su población entre 1,2 y 1,5 millones de ejemplares. Cada año se capturan entre un 25 y un 30 % de ellos, y en 2023 fueron abatidos unos 478.000. Por su alta capacidad reproductiva, cada 15 años la población podría duplicarse, alcanzando los 2 millones de individuos, incluyendo híbridos entre jabalí europeo y cerdo vietnamita, una especie invasora.
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El abandono progresivo del monte ha generado un «caldo de cultivo ideal» para los jabalíes, por lo que Villanueva considera que la caza es la única fórmula eficiente para su regulación. «Si no abatiéramos tantos jabalíes cada año, ¿qué sería de la ganadería extensiva?», pregunta. Sin embargo, la disminución de cazadores y la falta de respaldo de las administraciones, muchas veces condicionadas por la percepción urbana del mundo rural, limitan la eficacia de esta estrategia.
La solución, según Villanueva, pasa por flexibilizar la actividad cinegética y actualizar permisos y tecnologías. Murcia, por ejemplo, autorizó el uso de visores térmicos en batidas nocturnas, lo que permitió abatir más de 13.000 animales en un año. Además, la Fundación Artemisan impulsa el Proyecto Huellas, un programa educativo para sensibilizar sobre la caza y su papel en la gestión de especies silvestres, más allá de su faceta recreativa.