Madrid (España), lunes 26 de enero de 2026 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- la izquierda extrema y extrema izquierda, PSOE y Podemos, regularizan a los ilegales hasta diciembre 2025 en España; el acuerdo de estas dos formaciones migracionistas no necesita el aval del Congreso de los Diputados dado que han recurrido a un «Real Decreto» en vez de hacerlo por Real Decreto-Ley. Se trata de la misma alta traición al pueblo español usada por el socialismo azul Partido Popular (PP), en la época del traidor José María Aznar López, para también regularizar masivamente a los ilegales usando hasta nada menos que un recibo de compra de una bicicleta, hicieron los socialistas azules de Alberto Núñez Feijóo. PSOE y Podemos usarán como requisito «recibo de envío de dinero», entro otros requisitos.
El Consejo de Ministros del Gobierno en minoría de España, en coalición entre la izquierda extrema partido Socialista (PSOE) y la alianza de las ultraizquierdas SUMAR, que preside el secretario general dle PSOE Pedro Sánchez-Pérez-Castejón, aprobará este martes, 27 de enero de 2026, el inicio de la tramitación de un Real Decreto para la «regularización extraordinaria» de inmigrantes ilegales que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con el principal partido de la izquierda extrema Podemos de Ione Belarra Urteaga e Irene Montero Gil.
El Ejecutivo ha anunciado esa iniciativa minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de la ultraizquierda Podemos, Irene Montero Gil, haya adelantado el acuerdo con el PSOE, que tiene como objetivo regularizar a en torno medio millón de ilegales, que podrán «beneficiarse de la medida hasta el próximo 30 de junio de 2026».
En un acto celebrado en Madrid bajo el título «Regularización Ya», la ultraizquierdista Irene Montero Gil ha hecho este anuncio, que significará «papeles para todos» los inmigrantes ilegales que estuvieran en España antes del «31 de diciembre del año 2025» que no tengan «antecedentes penales» y que puedan demostrar al «menos cinco meses» de residencia (ilegal) en España.
Los elegidos por el PSOE y Podemos podrán hacerlo con el «empadronamiento», pero también con otros medios como un «informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero», algo muy demandado por las ONG migracionistas debido a las «dificultades» que muchas veces enfrentan los inmigrantes ilegales para «acceder el padrón», así como recoge Efe.
Además, «en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos Administrativos o por trabajar sin permiso de Residencia».
El acuerdo añade: «La admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria».
Continúa: «Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería».
Fuentes del Gobierno en minoría de España del PSOE y SUMAR, a través de su Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado que «este Real Decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente y es fruto de un acuerdo con Podemos y de una suma de voluntades que ponen en el centro a las personas».
La iniciativa retoma el mandato de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización de inmigrantes ilegales que llegó al Congreso de los Diputados respaldada por más de 600.000 firmas, superó su primer trámite en la Cámara Baja -la toma en consideración- con el apoyo de todos los grupos menos VOX en abril de 2024 y llevaba desde entonces bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
Según el Ministerio que dirige Elma Saiz Delgado (PSOE), «con este Real Decreto España refuerza un modelo de política migratoria basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social».
- No será necesaria convalidación parlamentaria | PSOE y Podemos regularizan a los ilegales hasta diciembre 2025
Al tramitarse como un Real Decreto, Pedro Sánchez Pérez-Castejón no requiere de su convalidación parlamentaria, como sí ocurre con los Reales Decretos-Ley, que al mes de su aprobación y entrada en vigor precisan del aval del Pleno del Congreso de los Diputados, lo que obliga al Ejecutivo a buscar los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Esta vía permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia inmigratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts per Catalunya (JxCat) a sus medidas.
De hecho, ha habido precedentes de regularizaciones aprobadas sin aval del Pleno del Congreso de los Diputados, como la que emprendió en 2001 el Gobierno de José María Aznar López, en su primera legislatura, cuando el socialismo azul partido Popular (PP) todavía no tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
- Podemos celebra una medida «de justicia social (comunismo)» | PSOE y Podemos regularizan a los ilegales hasta diciembre 2025
Fuentes de la ultraizquierda Podemos han señalado que se trata de una medida «urgente y de justicia social (comunismo)», que «reconoce los derechos de cientos de miles» de inmigrantes ilegales que «viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista».
La extrema izquierda defiende que «mantener» a estos ilegales «en la irregularidad sólo sirve para aumentar la explotación laboral, fortalecer a quienes se benefician de que existan trabajadores sin derechos y alimentar el odio y la exclusión. Cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones», han asegurado desde la izquierda extrema.
La extrema izquierda pone como ejemplo de esta deriva los «disturbios racistas ocurridos en Torre Pacheco (Murcia) el pasado verano o el desalojo de Badalona (Barcelona) y, en el plano internacional, las redadas racistas del Immigration and Customs Enforcement (ICE), que vulneran sistemáticamente derechos humanos en Estados Unidos de América».