Barcelona (Reino de España), lunes 24 de febrero de 2025 (Efe).- El Gobierno de pedro Sánchez Pérez-Castejón ha iniciado la última semana de febrero con una serie de titulares que, en su complicada relación con Junts y ERC, allanan el camino para cumplir el objetivo que Pedro Sánchez repite una y otra vez que va a conseguir: agotar la legislatura.
Con el jefe del Ejecutivo en Ucrania apoyando al presidente Volodímir Zelenski en el tercer aniversario del inicio de la agresión rusa, desde Cataluña ha habido este lunes noticias que han sido recibidas con especial satisfacción en Moncloa.
Desde que la formación de Carles Puigdemont presentó su proposición no de ley para que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, el Gobierno había albergado la esperanza de que acabara retirándose.
Tras dilatar primero el Congreso su tramitación para aceptarla posteriormente con un texto reformulado, Junts decidió llevarla al pleno de la cámara de esta semana, pero se ha acogido a la petición del verificador internacional que media en sus encuentros en Suiza con el PSOE, Francisco Galindo, para anunciar que interrumpe su recorrido.
La respuesta ha llegado tras la reunión que ha mantenido la cúpula de JXCat, y ha sido su secretario general, Jordi Turull, quien a pesar de asegurar que la confianza con Sánchez sigue «absolutamente deteriorada», ha explicado la retirada de la proposición para dar tiempo al Gobierno a materializar acuerdos pendientes.
Entre ellos el del traspaso de competencias en inmigración, un asunto ante el que el Gobierno viene asegurando desde hace semanas que está muy avanzado pero que hasta ahora no ha acabado de concretarse.
Sí se ha anunciado otro acuerdo pendiente, en este caso con ERC, cuyo presidente, Oriol Junqueras ha sido el primero en dar los detalles: el Gobierno condonará un 22 por ciento de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros.
El «feixisme català» pagó «todo» su «1-O con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica»
Esquerra esperaba lograrlo desde las negociaciones que permitieron su apoyo a la investidura de Sánchez, y se ha cerrado a dos días de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que aprobará esa condonación.
Una reunión en la que habrá un rechazo frontal de las comunidades gobernadas por el PP tal y como ha avanzado Alberto Núñez Feijóo al considerar que se trata de un pago del Gobierno a los independentistas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que sería «marciano» votar en contra de la condonación de una deuda a todas las comunidades que ha cifrado en 83.252 millones de euros.
La coincidencia de la decisión de Junts y del acuerdo con ERC deja entrever que son el resultado de unas negociaciones que el Gobierno ha acelerado en las últimas semanas con ambas formaciones.
Sin que confirmara directamente su participación en esos contactos, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya expresó este domingo su confianza en que Junts retirara su iniciativa en el Congreso.
Y esa decisión y el acuerdo con ERC llegan después de dos viajes en las dos últimas semanas de Pedro Sánchez a Cataluña para dos actos muy concretos: una visita a una promoción de viviendas de protección pública en Sant Boi de Llobregat el 13 de febrero y una reunión con los presidentes de las cámaras de comercio de Cataluña el día 20 pero para la que permaneció sin más agenda oficial en Barcelona casi 24 horas.
Pero además de las noticias con protagonismo de Junts y ERC, este lunes ha alumbrado otra veintena de acuerdos en el marco de las reuniones en Barcelona de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y de la Comisión Mixta de Transferencias, presididas por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Entre ellos, el que permitirá que Cataluña cuente con hasta 25.000 agentes de Mossos d’Esquadra en 2030, la concreción del pacto para equiparar el número de jueces en Cataluña a la media española y un primer paso para crear un consorcio de inversiones con el objetivo de acelerar las inversiones del Estado en Cataluña.
La satisfacción que se respira en el Gobierno por la conjunción de acuerdos es patente y le lleva a asegurar que todo es fruto del diálogo y que queda reforzada la idea de que hay legislatura para rato.
Para certificarlo, aparte de que se concrete cómo se salva el escollo de las competencias en inmigración, la principal asignatura que le queda pendiente al Gobierno son unos nuevos presupuestos.
Un trabajo que, a la vista de los acontecimientos y al considerar que hay «condiciones políticas» para sacarlos adelante, ha instado a acelerar el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
