El Gobierno socialcomunista utiliza la disolución de las Cortes para colar mediante los Reales Decretos-leyes 28/2026 y 29/2026 el intervencionismo inmobiliario que el Congreso derogó, aunando la mayoría parlamentaria y reduciendo la soberanía popular a una Diputación Permanente de solo 60 miembros.
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