Madrid, jueves 8 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Una maniobra ilegítima, torticera y sin precedentes en la historia democrática reciente ha sido perpetrada por el Gobierno de coalición socialcomunista del Partido Socialista (PSOE) y la ultraizquierda de Movimiento Sumar. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha asestado un auténtico golpe institucional para jaquear la soberanía popular del Congreso de los Diputados, reeditando por la vía del decretazo las políticas expropiatorias en materia de vivienda que las Cortes Generales habían tumbado de manera soberana.
La secuencia de este secuestro democrático devela el calculador proceder de La Moncloa. El pasado viernes 2 de octubre de 2026, la mayoría parlamentaria del Congreso derogó de manera fulminante dos reales decretos leyes con los que el régimen zurdo intentaba cercenar el mercado inmobiliario e instaurar el socialismo expropiando las propiedades de las clases ahorradoras y trabajadoras españolas. Tras simular un periodo de fingida «reflexión», Sánchez anunció un adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre (29N), una disolución de las Cortes que en realidad ocultaba una perversa estrategia: desactivar el pleno del Congreso de 350 diputados y trasladar las votaciones a la Diputación Permanente, un órgano reducido de apenas 60 miembros donde las mayorías cambian drásticamente y donde se anula por completo el papel decisivo que Junts per Catalunya (JxCat) mantenía en el pleno.
El cuerpo normativo derogado por la democracia el 2 de octubre
Los dos decretos que la soberanía popular pulverizó el pasado 2 de octubre constituían el armazón legal con el que el comunismo de coalición pretendía demoler la propiedad privada en España. Aquellas normas imponían un control de precios coercitivo sobre los arrendamientos urbanos y habilitaban de facto marcos de impunidad para la okupación ilegal de viviendas, dilatando de manera indefinida los lanzamientos judiciales mediante gravosas trabas burocráticas a los propietarios legítimos.
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Aquel texto intervenía de manera directa los contratos en vigor, asfixiando la seguridad jurídica del mercado y provocando que miles de pequeños arrendadores retirasen sus inmuebles por el pánico a la indefensión legal. El partido secesionista JxCat exigió a Pedro Sánchez la retirada de estas medidas e intentó abrir una mesa de negociación para reconducir la ley, pero el dogmatismo del PSOE y la ultraizquierda radical rechazó cualquier enmienda, abocando al sanchismo a sufrir una humillante derrota parlamentaria que el presidente ha decidido esquivar clausurando de forma exprés el Parlamento.
El nuevo asalto expropiatorio: Reales Decretos-leyes 28/2026 y 29/2026
Consumada la disolución de las cámaras, el Gobierno socialcomunista, con fecha del miércoles 7 de octubre de 2026, ha procedido a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los nuevos decretos que entran en vigor hoy, jueves 8 de octubre de 2026, dejando atrás la fase de borradores. El Real Decreto-ley 28/2026 establece de manera inmediata un blindaje absoluto de la denominada «inquiokupación», impidiendo el desahucio exprés de aquellos inquilinos que dejen de abonar sus mensualidades si alegan administrativamente una situación sobrevenida de vulnerabilidad, obligando al arrendador particular a asumir el coste social que compete de forma exclusiva al Estado.
Por su parte, el Real Decreto-ley 29/2026 consuma la intervención estructural del mercado del alquiler, congelando de forma forzosa las renovaciones de los contratos y penalizando fiscalmente a los propietarios que dejen viviendas vacías, al tiempo que reduce al mínimo los trámites administrativos para que las corporaciones locales declaren zonas tensionadas. Esta burda triquiñuela duplica las directrices que el Congreso acababa de rechazar, introduciendo la reforma más profunda del mercado inmobiliario en un bloque de aplicación inmediata y otro de medidas pendientes de una convalidación parlamentaria que ahora recae fraudulentamente en la Diputación Permanente.
Un parche electoralista bajo la censura de Vox
Estamos ante un nuevo parche burdamente electoralista y partidista concebido exclusivamente para contentar a las galerías zurdas de cara al 29N. Nada garantiza el futuro de estas normativas totalitarias, puesto que tras la cita electoral el Congreso de los Diputados contará con una nueva composición y una mayoría alternativa. Además, los servicios jurídicos del Congreso advierten de que recurrir a la Diputación Permanente para convalidar Reales Decretos-leyes de hondo calado estructural sobre la vivienda en pleno periodo electoral desborda los límites constitucionales de este órgano, reservado estrictamente para asuntos de extrema y urgente necesidad, y no para burlar la soberanía popular que ya se pronunció de forma taxativa en contra.
Las críticas desde la formación patriota Vox no se han hecho esperar en las redes sociales. A través de la cuenta oficial en la red social X (Twitter), Vox ha denunciado con extrema dureza este atropello democrático, calificando la maniobra de «golpe institucional» propio de regímenes autocráticos. La formación liderada por Santiago Abascal Conde ha alertado de que «Sánchez cierra el Parlamento para poder amparar a los okupas y expropiar a los españoles sin control democrático», exigiendo la movilización masiva el 29N para derogar de manera definitiva este entramado de asfixia legal y restaurar la propiedad privada.