Lasvocesdelpueblo y Agencias – (ERC y CDC): «En el momento en que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ésta obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña». «Y el que no la cumpla será sancionado. Por tanto, se lo tendrán que pensar muy bien. Yo no digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán». «Porque dentro de los agentes Policía de Cataluña, Mozos de Escuadra, hay sectores que son bastante reacios a lo que estamos haciendo», afirmó actual diputado autonómico de la coalición de (ERC y CDCD) en el Parlamento de Cataluña: Juntos Por El Sí (JxSí), el separatista Luís Llach, en un acto del pasado mes de marzo de 2017 en San Sadurní de Anoia (Barcelona). Barcelona (España), martes 25 de abril de 2017. Fotografía: Los principales candidatos de la coalición JxSí de ERC y CDC al 27-s de 2015 en Cataluña. Archivo Efe.
El diputado de JXSÍ en el Parlamento Lluís Llach ha abierto una nueva polémica al advertir de que los funcionarios que no acaten la principal ley de separación de Cataluña del resto del territorio Nacional serán «sancionados», unos términos que no han sido asumidos ni desautorizados por el gobierno separatista del presidente Carles Puigdemont (CDC) y Oriol Junqueras (ERC).
Sus afirmaciones, pronunciadas en charlas organizadas por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), han sido publicadas hoy por el diario ‘El País’, en la misma jornada en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como investigados a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de la Cámara Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, de JXSÍ, y a Joan Josep Nuet, de Podemos en Cataluña -Cataluña Sí Que se Puede, por desobediencia a las sentencias de la Justicia, desde una mesa de parlamento autonómico.
En varias de sus intervenciones, hechas recientemente, Llach reflexiona sobre los efectos que tendrá la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, que preparan JxSí y la CUP para los próximos meses, con la que prevén separar Cataluña del resto de España.
«En el momento en que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ésta obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña», dijo.
«Y el que no la cumpla será sancionado. Por tanto, se lo tendrán que pensar muy bien», añadió este hombre.
Este diputado de JxSí remacha: «Yo no digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de la Policía autonómica de Cataluña, los Mozos de Escuadra, hay sectores que son bastante reacios a lo que estamos haciendo», afirmó Llach en un acto del mes de marzo pasado en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona).
Esta nueva polémica se produce después de que el pasado 27 de enero el exjuez Santiago Vidal presentase su dimisión como senador de ERC tras desatar una tormenta política al asegurar en conferencias similares a las de Llach que el Gobierno catalán había obtenido de forma «ilegal» datos fiscales de los catalanes e investigaba a jueces.
La portavoz del Gobierno de Cataluña, Neus Munté, ha afirmado que los funcionarios «están obligados a cumplir las leyes vigentes en cada momento» y, aunque ha evitado suscribir las «sanciones» de las que ha hablado Llach, tampoco lo ha desautorizado.
El portavoz adjunto de JxSí en el Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha justificado las afirmaciones de Llach y ha recordado que «esto es una obviedad, porque todas las leyes generan derechos y deberes».
El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha exigido al Govern que «rectifique o desmienta» las palabras de Llach y ha lamentado que se obligue a los trabajadores públicos a «hacer seguidismo de las propuestas separatistas» del ejecutivo.
La portavoz del PSOE catalán (PSC) en el Parlamento de Cataluña, Eva Granados, ha reprochado a Llach que «amenace» a los funcionarios de la Generalitat con sanciones, unas palabras que ha calificado de «despropósito».
La portavoz adjunta del PP catalán, Esperanza García, ha calificado de «cinismo horroroso» las palabras de Llach sobre los funcionarios y ha añadido: «Déjenles trabajar en paz y no los fuercen a delinquir».
Los sindicatos CCOO y UGT han exigido al presidente Carles Puigdemont que garantice la seguridad jurídica de los trabajadores públicos y al Gobierno catalán que se desmarque de las declaraciones de Llach, que consideran «una grave irresponsabilidad» y del todo «inaceptables», mientras que los sindicatos de los agentes de Policía en Cataluña han exigido quedar fuera del debate político.
La jornada también ha estado marcada por la decisión del TSJC de citar como investigados a los miembros de JxSí y la coalición de Podemos en el Parlamento de Cataluña -Cataluña Sí Que Se Puede- por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en el proceso separatista.
En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret ha acordado esas citaciones, a raíz de la querella de la Fiscalía que acusa a Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS de desobedecer al TC al permitir que el Parlamento votara dos resoluciones a favor de un referéndum sobre la separación de Cataluña del resto de la patria.
Alegret ha fijado para el 8 de mayo las comparecencias de Forcadell y Anna Simó, para el 12 de mayo las de Lluís Corominas y Ramona Barrufet, mientras que la de Nuet, contra quien no se querelló la Fiscalía, será el 23 de mayo.
Tras haber sido finalmente incluido en la querella, Nuet ha denunciado que esto podría obedecer a un intento «de evitar que se vea que se juzgan unas ideas políticas».
El coordinador general del nuevo partido de los integrantes de la Izquierda parásita del separatismo catalán ‘los Comunes’, Xavier Domènech, ha expresado su «plena solidaridad» con Nuet ante esta «acción judicial desproporcionada e injusta» que pone de manifiesto la «práctica represiva» del sistema judicial.
Lejos de la tensión del conflicto político, el tenis ha sido la excusa para que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Puigdemont exhibieran cordialidad en su visita al Trofeo Conde de Godó.
