Agencias – El Tribunal de Cuentas ha dado de plazo hasta el 20 de octubre al expresidente catalán Artur Mas para abonar la fianza de 5,2 millones de euros que le fijó por el desvío de dinero público para la consulta separatista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña (9N), y de no hacerlo le advierte de que le serán embargados sus bienes. Madrid (España), jueves 28 de septiembre de 2017. Fotografía: el golpista Artur Mas (i) junto a su vicepresidenta Joana Ortega (d) aplaude el ‘éxito total’ de un golpe de Estado secesionista 9N con más de dos millones de votos gracias al PP de Mariano Rajoy Brey y Alicia Sánchez-Camacho. Archivo Lasvocesdelpueblo.
En un escrito notificado hoy, el tribunal fija así el límite del plazo de 15 días hábiles que tiene Mas para pagar, el mismo en el que deberán abonar sus respectivas fianzas la exconsejera Irene Rigau (máximo de 3 millones de euros), el exconsejero Francesc Homs (2,1 millones) y para la exconsejera Joana Ortega (800.000 euros).
De acuerdo con la ley, el tribunal da a Mas, Rigau, Homs y Ortega dos vías para abonar la fianza: que la ingresen en una cuenta que se les comunica en la providencia para posibilitar el archivo de las actuaciones o que la depositen en espera de la resolución de la causa.
En el caso de que no puedan abonarla en metálico, se les da la opción de que la afiancen mediante un aval bancario y ofreciendo bienes a embargar, para lo que deberán aportar el original del aval o del título de propiedad de esos bienes.
El Tribunal de Cuentas fijó el pasado lunes estas fianzas, que corresponden al coste del 9N, y las dividió en varios bloques asignando una partida económica de responsabilidad a cada uno de los ex altos cargos, si bien Artur Mas aparece en todos y por ello se le considera «máximo y último responsable».
Al igual que Mas, cada una de las personas que aparece en estos bloques tendrá que responder de forma «solidaria».
Esta notificación puede ser recurrida hasta el próximo 5 de octubre por los afectados ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, pero ello no impide, según destaca la resolución, que se suspendan las actuaciones y por tanto el plazo sigue corriendo aunque los abogados de Mas y de los ex altos cargos investigados recurran, tal y como han anunciado que harán.
