La Fiscalía pide para el ultraseparatista Xavier Crespo Llobet, el ex alcalde separatista de Lloret de Mar (Girona) -de la formación del actual presidente autonómico de Cataluña, Artur Mas– y todavía diputado autonómico en el Parlamento regional de Cataluña para Convergencia y Unión -principal partido político que impulsa y fomenta la Españafobia en Cataluña-, dos años y medio de prisión y 17 de inhabilitación para cargo público, además de una multa de 831.600 euros y el decomiso de los sobornos recibidos; en Valls le pide dos años y tres meses de prisión, inhabilitación de 16 años y medio y 831.600 euros; a Petrov dos años de prisión y multa de 831.600 euros; a Gimeno dos años y un mes de prisión y 831.600 euros de multa; ya Joan Perarnau, dos años de prisión, nueve de inhabilitación y 831.600 euros de multa. También se pide la misma multa para la empresa de Petrov DDC, así como que los cuatro principales acusados paguen solidariamente los 133.754 euros de perjuicio que tuvo el Ayuntamiento de Lloret.
El exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y diputado de convergencia y Unión, CiU, en el Parlamento de Cataluña, el separatista Xavier Crespo Llobet, ha renunciado a su acta de diputado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la haya citado para juzgarlo por el caso ‘Clotilde’ de supuesta corrupción urbanística. Crespo ha dicho que ahora se centrará en su defensa, asegurando que es inocente. El presidente del grupo parlamentario de CiU, Jordi Turull, ha apoyado a Crespo, ha elogiado su decisión y la ha comparado con la intención del diputado del PSC Daniel Fernández, juzgado por el ‘caso Mercurio’ de Montcada i Reixac, que inicialmente pidió sólo la suspensión de sus derechos como diputado, y no la renuncia definitiva en el acta.
En una breve rueda de prensa en el Parlamento, el separatista ha explicado que fue este lunes cuando recibió la citación para el juicio del 3 al 15 de junio. Esto le ha llevado a presentar su renuncia, que fue aceptada por el grupo parlamentario. Según él, ha querido ser «coherente» y hacer «un paso al lado», lo que considera el «mejor» para él mismo y para el grupo parlamentario, al que ha prestado «dedicación y honradez». También ha agradecido el «respeto y consideración» de los trabajadores de la cámara catalana y de diputados de todos los grupos.
El TSJC decidió abrir juicio oral contra Crespo, el ex teniente de alcalde Josep Valls y el empresario ruso Andrei Petrov, entre otros, en septiembre. Este punto procesal determina la finalización de la instrucción del caso, ya que sólo queda pendiente fijar fecha de inicio del juicio, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros políticos la habían situado como momento clave para la dimisión de los políticos imputados. Pero Crespo ha explicado que entre octubre y febrero hubo varios recursos de las partes, no publicados en la prensa, pidiendo la inclusión o exclusión de pruebas o testigos, y él siguió pidiendo su absolución. Por ello, tanto él como Turull han dicho que es ahora el momento en que definitivamente se abre el juicio oral y por tanto el momento de dimitir.
Turull considera que el gesto de Crespo le honra y ha elogiado su «honestidad personal y política», además de mostrarse convencido de su inocencia. «Es el paso adecuado pensando en él y en el grupo», añadió. En todo caso, ha pedido que si Crespo es absuelto la «reparación» del daño causado a su imagen sea de la «misma dimensión» que las noticias y acusaciones de los demás partidos políticos sobre la gestión de Crespo como alcalde de Lloret.
El portavoz parlamentario de CiU ha recordado implícitamente la intención inicial del diputado socialista Daniel Fernández, que en enero, poco antes de ser juzgado por el caso de corrupción en Moncada y Rexach (Barcelona), pidió al pleno de la cámara que fuera suspendido de los sus derechos y su sueldo como diputado temporalmente, sin renunciar al acta. Pero en una votación secreta la petición de Fernández no obtuvo mayoría absoluta y entonces decidió dimitir del todo y renunciar al acta.
Turull no ha querido anunciar el nombre del sustituto de Crespo, pero la legislación dice que inicialmente debería ser el primer nombre en la lista electoral de CiU en Girona en las elecciones del 2012 que no fue elegido diputado. Por su parte, Crespo no ha querido concretar qué hará en el futuro. Políticamente será militante de base y probablemente pedirá la suspensión en su cargo en la ejecutiva de CDC en Girona. «No sé qué haré en el futuro, ahora me preocupa el juicio y mi defensa», dijo, recordando también que hasta 2003 ejerció de médico y que «se puede trabajar para la ciudadanía y el bien común desde otros ámbitos «. «En la vida hay muchas etapas», dijo.
Relaciones con la mafia rusa
En el juicio por el caso ‘Clotilde’ sentarán en el banquillo Crespo, por el que la Fiscalía pide dos años y medio de prisión y 17 de inhabilitación por los delitos de cohecho y prevaricación, además del ex concejal de Urbanismo, Josep Valls, y el empresario ruso vinculado a la mafia Andrei Petrov. Crespo está acusado de conceder prebendas al empresario ruso a cambio de regalos.
La Fiscalía Anticorrupción acusa Crespo de un delito continuado de cohecho pasivo y otro de prevaricación por su presunta implicación en el caso Clotilde, una supuesta trama que habría beneficiado a un empresario ruso a cambio de regalos y donativos. El fiscal también le reclama una multa de 831.600 euros. En cuanto a otros acusados, en su escrito la fiscalía pedía dos años y tres meses de prisión y 16 años y medio de inhabilitación para el ex concejal de Urbanismo de Lloret Josep Valls, y dos años de cárcel para el empresario Andrei Petrov. En su escrito, los fiscales acusan Crespo y Valles de haber pedido y aceptado sobornos por parte del empresario ruso a cambio de beneficios fiscales para la empresa DDC.
Los hechos comenzaron en 2006 cuando el Ayuntamiento de Lloret, con Crespo de alcalde, firma un convenio con la empresa Zulueta SL para urbanizar la antigua plaza de toros, donde se tenía que hacer un aparcamiento público, un equipamiento municipal y un supermercado, entre otros. El convenio fue aprobado por el pleno municipal y la Comisión de Urbanismo de Girona a finales de 2006. En la primavera de 2007, la empresa DDC, propiedad de Andrei Petrov, con ciertos vínculos con la mafia rusa, subrogó el convenio, cosa que fue aceptada por la Junta de Gobierno de Lloret agosto de 2007.
Poco tiempo después, Petrov contactó con Crespo y Valls a través de la arquitecta Pilar Gimeno, que trabajaba para el empresario ruso y era amiga del alcalde. Tras conocerse, los tres individuos mantuvieron varias reuniones en las que, según la fiscalía, Crespo y Valls dijeron a Petrov que «podría obtener facilidades administrativas» en la construcción de la antigua plaza de toros «a cambio de determinados favores «y de» tratar bien «los dos cargos municipales. Por ello, según la fiscalía, Petrov invitó en febrero de 2008 Crespo, su mujer y su hijo, así como Gimeno, su marido y su hijo, en un fin de semana en Moscú, con todo pagado, viaje valorado en unos 5.000 euros.
Trato de favor a Petrov a cambio de patrocinios y un reloj
Uno de los tratos de favor de Crespo y Valls a Petrov fue que el Ayuntamiento no exigirle el aval de 1,9 millones de euros pactado en el convenio para la correcta ejecución de las obras. La escritura de obra nueva no se realizó hasta que terminaron los trabajos, lo que también incumplía el convenio. De hecho, según la fiscalía, DDC comenzó las obras antes de haberse aprobado el proyecto, lo que era «conocida y consentida» por Crespo y Valls, según los fiscales.
Los dos concejales también le pidieron o exigir a Petrov que patrocinara durante cuatro años con 60.000 y 30.000 euros por temporada los clubes de hockey patines y fútbol de la localidad, respectivamente. Se da la circunstancia de que Crespo fue presidente del club de hockey tres años, antes de ser alcalde, y en la época de los hechos lo era Juan Perarnau, también acusado, y la mujer de Crespo era la vicepresidenta. Por su parte, Valls era el presidente del club de fútbol, además de regentar el bar del campo. También tenía otros familiares dentro del club. En total, Petrov terminó pagando de 2007 a 2010 un total de 270.000 euros a las dos entidades.
En septiembre del 2010 Crespo convocó una comida en Barcelona con Valls y Petrov porque el alcalde había oído noticias que decían que el empresario ruso no estaba del todo contento con la actuación del Ayuntamiento en relación a las obras de la plaza de toros. Crespo y Valls volvieron a insistir en Petrov que sigue patrocinando los dos clubes aquella temporada. El 10 de septiembre de 2010, con motivo del aniversario de Crespo, Petrov le regaló un reloj valorado en 2.200 euros.
Rebaja de la licencia de obras
Todos estos donativos y regalos habrían sido, según la fiscalía, para que Petrov ahorrara dinero en la licencia de obras. El 2 de marzo de 2009, Pilar Gimeno pidió en nombre del empresario una rebaja del coste de la licencia, que era de 267.500 euros. La ordenanza municipal establecía una exención del 95% del coste para aquellas obras realizadas o promovidas por organismos o empresas públicas destinadas a vivienda protegida o tutelado, centros de asistencia primaria, escuelas, bibliotecas u otras construcciones de especial interés municipal. También podía haber una bonificación del 50% las obras de especial interés municipal que aprobara el pleno del Ayuntamiento siempre que fueran reparaciones y mejoras exteriores, obras interiores de conjuntos históricos y artísticos reconocidos o la reparación de inmuebles afectados por patologías estructurales .
Por ello, según la fiscalía, Crespo y Valls convencer a sus compañeros de CiU y los concejales del PP para que votaran a favor de la calificación de las obras como de especial interés municipal y reducir la cuota de la licencia al 50%. El ministerio público considera que el resto de concejales que votaron a favor de esta propuesta desconocían que Petrov habría sobornado Crespo y Valls. El secretario y el interventor del Ayuntamiento alertaron verbalmente al alcalde Crespo que la bonificación sería conflictiva y supondría un mal precedente. La unidad de inspección del consistorio emitió un informe donde decía que las obras no se podían incluir en los supuestos de bonificación de la licencia.
La propuesta, «radicalmente ilegal» según el fiscal, se aprobó en el pleno del 3 de abril de 2009, en ausencia de Crespo por intervención quirúrgica. Esto supuso un perjuicio de 133.000 euros para el Ayuntamiento. Por otra parte, el 3 de diciembre de 2010 el Ayuntamiento y la empresa de Petrov, DDC, suscribieron otro convenio por el que la empresa construiría aparcamientos tanto en un terreno suyo como en subsuelo público y, a cambio, obtendría la concesión de 82 plazas durante 25 años. La empresa inició las obras sin haber presentado los avales pertinentes, lo que Petrov y Gimeno sabían y que Crespo y Valls permitieron.
Delitos y penas
Es por todo ello que la fiscalía acusa el separatista Crespo y Valles de autores de un delito continuado de cohecho pasivo, mientras que en Petrov, Gimeno y Perarnau los considera cooperadores necesarios. También acusa a Crespo y Valles de autores de un delito continuado de prevaricación y Petrov y Gimeno de inductores del mismo delito.
Así, al ex alcalde separatista de la formación del actual presidente autonómico de Cataluña, Artur Mas, y todavía diputado le pide dos años y medio de prisión y 17 de inhabilitación para cargo público, además de una multa de 831.600 euros y el decomiso de los sobornos recibidos; en Valls le pide dos años y tres meses de prisión, inhabilitación de 16 años y medio y 831.600 euros; a Petrov dos años de prisión y multa de 831.600 euros; a Gimeno dos años y un mes de prisión y 831.600 euros de multa; ya Joan Perarnau, dos años de prisión, nueve de inhabilitación y 831.600 euros de multa. También se pide la misma multa para la empresa de Petrov DDC, así como que los cuatro principales acusados paguen solidariamente los 133.754 euros de perjuicio que tuvo el Ayuntamiento de Lloret.
En cambio, la fiscalía pide el sobreseimiento parcial y provisional para Konstantin M., cuñado y mano derecha de Petrov, que el TSJC confirmó, y los empresarios Eduardo CR y Rafael B.B. Para el juicio oral la fiscalía pide el interrogatorio de numerosos guardias civiles y una quincena de empresarios y personas vinculadas al Ayuntamiento y los clubes de Lloret. También solicita que se aporte la documentación bancaria de los clubes, las llamadas interceptadas y los seguimientos a Crespo, documentación intervenida en los registros policiales, entre otros.
<redacción – lasvocesdelpueblo y acn>
