Lasvocesdelpueblo y Agencias – Tres magistrados -no afiliados a ninguna asociación de jueces (izquierda o derecha)- marcan el antes y después en la democracia española. Tres jueces de base de la Audiencia de Palma discrepan con el aparto del Estado: la Fiscalía General del estado y la Abogacía del Estado, quienes pedían un trato de favor a los principales ladrones del dinero de los españoles en el Caso Nóos, con la famosa frase «Haciendo somos todos» y obligan por sentencia firme a la Infanta Cristina de Borbón, esposa del gran ladrón vasco Iñaki Urdangarin, a sentarse en el banquillo de los presuntos delincuentes de la trama mafiosa durante todo el proceso judicial. Barcelona, 29 de enero 2016. Fotografía: La infanta Cristina (d) y su marido, Iñaki Urdangarin (i), comparecen como acusados en Palma por la mafia del Nóos. Foto archivo. Lasvocesdelpueblo.
La infanta Cristina continuará en el banquillo. Así lo ha decidido la Audiencia de Palma en la resolución de las cuestiones previas del «caso Nóos», legitimando así el Sindicato Manos Limpias para ejercer la acusación popular contra la infanta. De este modo, en los próximos meses la juzgará como cooperadora necesaria por dos delitos fiscales. La Audiencia ha tardado dos semanas largas a tomar la decisión.
Recordemos que, en la vista del 11 de enero, después de una larga jornada, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron que no se juzgara la infanta, petición coincidente con el criterio de la defensa de Cristina de Borbón. Las tres instancias, defensa, fiscalía y abogacía, pedían la aplicación de la llamada «doctrina Botín», según la cual, si la acusación sólo la mantenía un actor privado -en este caso, Manos Limpias-, y, en cambio no la secundaban los representantes del Estado -en este caso, la Hacienda pública, la afectada por el presunto delito-, la acusación no podía prosperar.
Inmediatamente después de la vista hace dos semanas, el juez instructor del «caso Nóos», José Castro, denunció públicamente la actitud de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que dijo que estaban utilizando una «doble vara de medir «a la hora de ejercer la acusación.
La defensa de la infanta, ejercida por el abogado Jesús Silva, negó que estuvieran invocando la «doctrina Botín«, alegando que lo que se estaba pidiendo era la aplicación de la doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y también de la jurisprudencia establecida por 7 decisiones diferentes de audiencias provinciales desde 2009. El mismo criterio aplicaron el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, y también la abogada del estado Dolores Ripoll, en una intervención que provocó muchas expresiones públicas de indignación, porque usó el argumento de que el lema «Hacienda somos todos» era sólo una frase publicitaria sin valor legal o jurídico.
Una de las grandes incógnitas en torno al caso Nóos ha sido resuelta este viernes por la Audiencia Provincial de Baleares, que ha acordado que la infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, cometidos presuntamente por Iñaki Urdangarín en el marco del caso Nóos.
El auto de cuestiones previas de la Audiencia de Palma considera que los delitos de los que se acusa a la infanta son de naturaleza «difusa» y dañan un bien colectivo, por lo que la Agencia Tributaria no es el «único perjudicado» y cabe una acusación popular. En este caso, la acusación popular, el sindicato Manos Limpias, pide ocho años de prisión para Cristina de Borbón por cooperar en el fraude de 340.000 euros de IRPF en las declaraciones de 2007 y 2008 a través de Aizoon.
El Tribunal ha rechazado de este modo aplicar la doctrina Botín -que además pone en entredicho- sobre la hermana del rey Felipe VI, como pedían su defensa, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, lo que hubiera supuesto la exoneración de la infanta Cristina. La defensa ha criticado la decisión pero no puede recurrirla.
«Estimamos que ni el bien jurídico protegido es en exclusiva el erario público ni, en consecuencia, que exista un único, concreto y determinado perjudicado encarnado por la Hacienda Pública estatal», afirman las juezas en el auto.
Según el tribunal el delito de fraude fiscal lo que se lesiona es «el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos», algo que compromete la política económica y social que «debe ser garantizada en un Estado Social y democrático de Derecho».
Discrepancia de la doctrina Botín y de afectar el principio de igualdad
En el auto dictado este viernes, las tres magistradas de Palma aseguran que el caso Nóos es «un escenario distinto» al que contempla la sentencia del Supremo de 2007 que dio inicio a la llamada doctrina Botín. Además, el tribunal ha dejado clara su discrepancia respecto a la doctrina Botín, de la que asegura que «desnaturaliza la institución del acusador popular». Citan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para señalar que la existencia de acusación popular en el proceso penal forma parte del «derecho a la tutela judicial efectiva» y que hay garantías como la exigencia de fianza contra una «finalidad perturbadora» de las acusaciones populares «infundadas».
Las magistradas advierten de que en el caso Nóos, el fiscal y la Abogacía del Estado sí acusan de delito fiscal a Iñaki Urdangarin y, a diferencia de la doctrina Botín, no pretenden el archivo de toda la causa, sino el sobreseimiento parcial para doña Cristina.
Sobre lo invocado por el fiscal Pedro Horrach, de que si la sala se aparta de la doctrina Botín vulneraría el principio de igualdad, las juezas aseguran en el auto que esa quiebra no se produciría en este caso. «No existe identidad de razón entre el supuesto que aquí analizamos y el contemplado en las precitadas sentencias», puntualizan.
La defensa lamenta «la pena de banquillo»
El abogado defensor de Cristina de Borbón, Miguel Roca, ha criticado que se le imponga «la pena de banquillo» y ha afirmado que elevará una protesta, ya que el auto especifica que no cabe recurso salvo para la sentencia. En su opinión, la Audiencia se aparta de la literalidad de la doctrina del Tribunal Supremo y hace suyas las tesis de la acusación de Manos Limpias.
Un portavoz de Zarzuela se ha limitado a ratificar el «absoluto respeto a la independencia del poder judicial» por parte de la Casa Real, como único comentario a la decisión de la Audiencia.
La infanta Cristina será juzgada por tanto como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales en el IRPF de 2007 y 2008. El caso Nóos -una de las piezas separadas del caso Palma Arena– juzga a los exduques de Palma y a otros 16 acusados más por el presunto desvío de seis millones de euros públicos a través de contratos de los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia y el Ayuntamiento de Madrid con el Instituto Nóos, sociedad creada por Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
El juicio continuará el 9 de febrero
La defensa de la infanta basó su estrategia en la apertura del juicio oral para exonerar a la infanta en la no legitimidad de Manos Limpias para acusarla en solitario. El abogado de la infanta Cristina, Jesús Silva, pidió a la Audiencia que se basará en la doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y la jurisprudencia sentada por 7 decisiones de audiencias provinciales.
Según Silva, la acción popular protege bienes que poseen intereses difusos y se ejerce cuando no hay acusación particular ni posibilidad de que se persone, algo que no ocurre en el caso Nóos, donde la Abogacía del Estado protege a Hacienda como perjudicado.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, para quien no hay argumentos inculpatorios contra la infanta, también pidió al tribunal la aplicación de la doctrina Botín por falta de legitimidad de Manos Limpias para acusar en solitario a doña Cristina y suplir al perjudicado que es Hacienda.
Para la abogada del Estado Dolores Ripoll tampoco cabe la acusación popular en delitos fiscales, porque el perjudicado es sólo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos, puesto que el lema «Hacienda somos todos» es meramente publicitario.
Una vez resueltas las cuestiones previas
El juicio del caso Nóos continuará el 9 de febrero, cuando se retomará la vista oral con la declaración de lo acusados que seguirán en el banquillo, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis «Pepote» Ballester.
Las declaraciones de los testigos, alrededor de 370, están previstas entre el 8 de marzo y el 17 de mayo, según el organigrama inicial planteado por el tribunal.
