70€ por Consulta Médica, pagarán: Policía, Guardia Civil y Ejército en Aragón

Azanméné Ngabgué
Martes, 28 de Junio de 2016. Varios agentes de la Guardia Civil custodian la sede del gestor de infraestructuras ferroviarias de Adif (Madrid). La Guardia Civil tiene previsto practicar una quincena de detenciones y varios registros en Barcelona y Madrid, en una operación contra una red acusada de inflar facturas hasta generar un sobrecoste de 80 millones en tres obras del AVE cercanas a la estación de La Sagrera de la capital catalana. Archivo Efe.

Redacción – Los agentes de los principales Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional, Guardia Civil y de los tres Ejércitos de de España se han quedado sin Sanidad Gratuita en Aragón, simplemente, por un desencuentro entre el Gobierno del presidente Mariano Rajoy y el gobierno regional de Aragón. Madrid (España), martes 10 de enero de 2017. Fotografía: Tres agentes de la Guardia Civil durante una operación. Archivo Efe.

Tal como público este sábado 7 de enero de 2017 la revista de la Guardia Civil y restos de Cuerpos de seguridad del Estado ‘Benemerita Al Día’, un desacuerdo entre el Gobierno del presidente Mariano Rajoy y el Gobierno regional les obliga a pagar un mínimo de 70 euros por cada consulta médica.

Miles de funcionarios han empezado el año en Aragón sin Sanidad gratuita.

Un deacuerdo entre el Estado y el Gobierno regional les obliga, desde el pasado día 1 de enero de 2017, a pagar cada vez que acuden a un centro sanitario público.

La tarifa mínima que se les factura es de 70 euros por una simple consulta del médico de cabecera.

A partir de ahí, el recibo que se les entrega va en aumento según el alcance de la asistencia sanitaria que se les presta.

La situación afecta a miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y de las oficinas territoriales dependientes de ministerios y de otros organismos públicos, según ha desvelado el diario regional Heraldo.

Son los que, por esa condición funcionarial, están encuadrados en la Mutualidad General de Funcioanrios Civiles del Estado (Muface), en la Mutualidad General Judicial (Mageju) y en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).

Más en concreto, el problema se concentra en los que residen en pueblos o ciudades en las que no hay clínicas privadas en las que puedan ser atendidos de acuerdo con la aseguradora particular a la que estén acogidos, por elección propia, estos encuadrados en Muface, Mageju e Isfas.

El problema radica en el desacuerdo consumado entre el Gobierno aragonés y la Administración del Estado para renegociar el convenio que rige desde hace años para la cobertura sanitaria de estos funcionarios.

Citando fuentes de la Consejería aragonesa de Sanidad, Heraldo apunta que el problema lo sufren desde el 1 de enero casi 17.000 empleados públicos.

El último convenio que estaba en vigor fue firmado en la anterior legislatura por el Ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi (PP).

El actual Gobierno regional del PSOE considera que las condiciones económicas que se recogieron en él son lesivas para las arcas autonómicas, porque se ha estado repercutiendo a las aseguradoras de esas mutuas unos importes muy inferiores a los que deberían haberse facturado.

Por eso, cuando el 31 de diciembre expiró la vigencia del convenio, el Gobierno aragonés PSOE-Chunta rechazó prorrogar su aplicación.

Y, al no haberse alcanzado un acuerdo para un nuevo convenio, desde el 1 de enero los mutualistas que acuden a la Sanidad pública aragonesa tienen que pagar por la asistencia que reciben.

Así ocurre cuando, por falta de clínicas o centros privados en los que pasar consulta, han de acudir a médicos de centros de salud u hospitales públicos. Lo mismo en el caso de las urgencias hospitalarias.

La factura es inmediata. En cuanto son atendidos, los centros sanitarios públicos tienen orden del Gobierno regional de cobrarles el servicio o de tramitar las facturas correspondientes.

Todo ello según una tabla de tarifas que tiene establecidas la Sanidad pública aragonesa y que son de un mínimo de 70 euros por una consulta de un médico de cabecera.

Luego es el usuario el que tiene que ingeniárselas para que su aseguradora privada, a través de las mutuas de funcionarios, les abone lo que les hayan cobrado en la Sanidad pública.

Pero esto no resulta tan sencillo, dada la confusión general que existe todavía ante la situación generada entre el Gobierno aragonés, las mutuas estatales y las aseguradoras privadas.

4 Comments
  1. Juan 3 años ago
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    Serán 70 euros a mayores de lo que ya pagan xq al igual q a cualquier otro trabajador se les retiene un porcentaje para el pago d la sanidad, osea q d gratuita nada d nada, mas bien pagan y como el villancico vuelven a pagar x el servicio recibido, menuda risa

  2. david 3 años ago
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    Que fuerte en un pais que presumimos de no negarle la sanidad a ningun extranjero le cobramos a nuestra propia gente 70 euros y lo mas fuerte es que esta gente forman parte del grupo de ciudadanos cotizadores que mantienen el funcionamiento del sistema. SOMOS UN PAIS DE HIPOCRITAS.

    • Jesús 3 años ago
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      Así es, la hipocresía al poder.

  3. Toni de Ciudadanos 3 años ago
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    El traspaso de la sanidad a las CCAA, ¿no era para aproximar la sanidad a ciudadano? Lo que se ha conseguido es que cada “cacique” campe por sus anchas en la comunidad. Los funcionarios tienen la facultad de elegir compañía de seguro sanitario, entre las que está la SS. No será una una forma de conducir a los funcionarios a ser usuarios de la SS?

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