Madrid (España), lunes 11 de mayo de 2026 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- El Tribunal Supremo (TC) estudia la suspensión cautelar de la regularización masiva de Inmigrantes a petición del partido político VOX. «Citación a VOX para vista de cautelares contra Real Decreto de regularización inmigrantes ilegales», desprende de un mensaje en X del jefe de los servicios jurídicos de VOX y líder de la delegación de esta formación en Bruselas, Jorge Buxadé Villalba.
- Buxadé (VOX): «Se regularizan pasando a vivir directamente de los impuestos de la España productiva. Suben los precios de los pisos y bajan los salarios. Es una maniobra política de Pedro Sánchez para continuar la alteración del censo electoral y preparar un gran fraude para las próximas elecciones de 2027».
Al recurso Contencioso-Administrativo de los de Santiago Abascal Conde se sumaron por separados otras entidades y hasta Gobiernos autonómicos, por su puesto, las Administraciones regionales en coalición con VOX y el regional Madrileño.
Como no podría ser de otra manera, los abogados del Gobierno de coalición en minoría de España, a través de la Abogacía del Estado, han solicitado al Tribunal Supremo que rechace suspender cautelarmente el proceso de regularización de inmigrantes aprobado por su jefe Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
El Tribunal Supremo celebra este miércoles cinco vistas en las que estudiará las medidas cautelares solicitadas por VOX, Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica, Asociación Libertad y Justicia, Hazte Oír y Gobiernos regionales, para suspender cautelarmente la regularización masiva de ilegales mientras se resuelven sus recursos.
También otras comunidades, como Aragón o Castilla y León, anunciaron que llevarían el real decreto ante el Supremo, si bien las vistas de este miércoles no les afectan; sí afecta el recurso de la Comunidad de Madrid.
La Abogacía del Estado, en representación de su jefe Pedro Sánchez Pérez-Castejón, considera que la «suspensión de la norma dejaría sin efecto útil a la misma, dañando gravemente el interés general».
Los abogados del Gobierno de Pedro Sánchez lo dicen en un escrito presentado ante el Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Efe, en el que deja claro que «la concesión de una autorización de residencia no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios».
Mientras los recurrentes advierten de que el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón ni ha construido escuelas y hospitales, ni ha contratado más personal sanitario, ni ha construido vivienda sociales de alquiler o de compra, ni ofrece más ofertas de empleo público para el personal de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Administración Pública, de los Tribunales, etc. para atender a las demandas sociales no sólo a los más de 500.000 regularizados sino de sus familiares que van a venir por vía legal de agrupación familiar, probablemente sumando más de 2.000.000 de personas.
Además, los recurrente denuncian el reemplazo poblacional de los españoles adelantado por el socio dle Gobierno de Pedro Sánchez en la regularización masiva, Podemos, y un presunto fraude electoral con nacionalizaciones express para que puedan votar a las próximas elecciones generales.
Los abogados de Sánchez dicen al Supremo que no va a pasar nada
«La obtención de la autorización permitirá, en cambio, el acceso al pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre los que resulta especialmente relevante el derecho al trabajo. Ello no solo contribuirá de manera efectiva a su integración social, sino que además comportará un incremento de las cotizaciones sociales derivado de su incorporación al mercado laboral», subraya el escrito de los abogados de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Respecto al ámbito sanitario, apuntan además que la normativa vigente en España, al margen del real decreto de regularización masiva de ilegales, «garantiza el acceso a la prestación sanitaria sin atender al estatus de la persona extranjera, no guardando por ello relación con los efectos que despliega» dicho real decreto.
La Abogacía del Estado argumenta que dejar en suspenso la norma «dañaría gravemente» los intereses de los potenciales solicitantes «dado que no podrían acceder a las autorizaciones administrativas recogidas en ella porque la fecha límite para la presentación de solicitudes es el 30 de junio de 2026″.
El pasado 6 de mayo de 2026 en Estrasburgo, Parlamento Europeo, el jefe de la delegación de VOX, advirtió a la Eurocámara de que el «Real Decreto regularice a cientos de miles de personas sin verificar sus antecedentes en el país de origen, a través de expedientes de vulnerabilidad elaborados por ONG financiadas por el propio Gobierno».
Buxadé añadió: «Se regularizan pasando a vivir directamente de los impuestos de la España productiva. Suben los precios de los pisos y bajan los salarios. Es una maniobra política de Pedro Sánchez para continuar la alteración del censo electoral y preparar un gran fraude para las próximas elecciones de 2027».
Para VOX, «las consecuencias no serán solo destructivas para España, sino que Bruselas ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por el posible daño que la regularización pueda generar en la integridad de Schengen, cuyo artículo 5 obliga a cualquier extranjero que acceda al espacio común a justificar el objeto de su estancia, acreditar medios económicos propios, no figurar en la lista de inadmisibles y no representar un riesgo para el orden público.
«Es un torpedo en la línea de flotación de la seguridad, la identidad y la estabilidad económica de España que amenaza a toda la Unión y dinamita Schengen», dijo Buxadé.