Madrid (Reino de España), miércoles 23 de octubre de 2024 (Efe).- Ocho meses después de que estallase el caso Koldo, con el nombre de su más estrecho exasesor, el exministro José Luis Ábalos encara una posible imputación en el Tribunal Supremo al considerar el juez que jugó un «papel principal» en una presunta trama que se habría lucrado con la venta de mascarillas.
La detención de su asesor en el Ministerio de Transportes, el pasado febrero, marcó el inicio de una historia judicial en la que los investigadores han ido recabando indicios que han acabado apuntando al también ex secretario de Organización del PSOE.
Al conocerse sus vínculos con uno de los principales investigados en la Audiencia Nacional, el PSOE le suspendió de militancia y el exministro se vio relegado al grupo Mixto del Congreso, pero su permanencia en la Cámara Baja ha hecho que sea el Supremo, en su caso, el órgano competente para investigarle por estar aforado.
A este tribunal se ha dirigido el juez Ismael Moreno, que hace suyas las tesis de la Fiscalía y la Guardia Civil y ve motivos para que el Supremo investigue a Ábalos por posibles delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias o cohecho.
El juez atribuye al exministro un «papel principal en el entramado» que supuestamente creó el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con la Administración, en sintonía con la tesis del fiscal, que cree «difícil entender la operativa desarrollada» por Koldo García y dicho empresario, presunto comisionista y pieza clave en la trama, sin la participación de Ábalos.
Ábalos era «el jefe» para el empresario De Aldama, de quien los investigadores destacan el «nivel de acceso prácticamente ilimitado a la esfera del Ministerio, incluido el propio ministro», y apuntan que hasta se valió de ello para «influir» en la concesión del rescate de Air Europa.
El juez considera «de interés» el «papel» que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Ábalos en este rescate, pero asume al mismo tiempo el informe del fiscal, que no vio una «participación crucial o determinante» del exministro.
La resolución menciona los encuentros mantenidos entre altos cargos del Gobierno con De Aldama y el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, entre ellos uno de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que De Aldama se referiría como «el 1», la exministra de Economía Nadia Calviño y Ábalos.
El juez concluye que «todo parece indicar que tras los encuentros ÁBALOS-CALVIÑO y ÁBALOS-ALDAMA-HIDALGO, acaecidos el pasado 16 de julio de 2020 en el seno del MITMA y en los cuales habrían tratado el rescate de la compañía AIR EUROPA, la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea según trasladaba el mismo Ábalos a Hidalgo».
La «relación privilegiada» de De Aldama -en prisión preventiva por un presunto fraude en el sector de hidrocarburos- en el Ministerio «les fue retribuida» tanto a Koldo García como a Ábalos, según la Fiscalía.
Si el primero habría recibido «de manera recurrente» pagos en efectivo, los investigadores creen que la «contraprestación» de Ábalos habría sido el «uso y disfrute» durante unos meses de un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) que realmente adquirió De Aldama por medio millón de euros, así como el alquiler, pagado por el socio de este empresario, de un céntrico piso de Madrid en el que vivía una mujer con la que el exministro tenía una relación personal.
La Guardia Civil cita en su informe una conversación en la que De Aldama pide dinero a un empresario venezolano para «seguir alimentando la máquina», y también menciona un documento del empresario elaborado el 26 de marzo de 2020 con el nombre «mascarillas».
Aparte de los ingresos relacionados con las adjudicaciones investigadas, también apuntaba gastos «que tienen relación directa con los contratos». Uno de ellos era «El Gran» junto con la cantidad «2.000.000» de euros, y los investigadores lo asocian a Koldo García.
«Goblins» y «500.000 euros» acompañado de «casa» era otra anotación. Los investigadores no afirman que se trate de Ábalos pero sí creen que De Aldama compró la casa «para el propio» exministro y lo vinculan a su supuesta participación en los contratos.
«Estas contraprestaciones tendrían como principal razón de ser mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a Ábalos, en beneficio propio y de terceros», dice el juez, que destaca la «acción corruptora» de este empresario.
El juez destaca la «vinculación» de Ábalos con los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, principalmente el que otorgó Puertos del Estado por unos 20 millones de euros.
La selección de esta empresa «habría partido de Aldama y algún cargo» del Ministerio, con «la permanente participación» de Koldo García, sospecha el magistrado, que recoge también testimonios de testigos que apuntaron que el contacto con Soluciones y las negociaciones con la empresa «se realizaron a nivel de ministro y su gabinete».
La Fiscalía también cree que «todas las actuaciones realizadas» por Koldo García en el Ministerio sobre las adjudicaciones estaban «avaladas» por el entonces ministro, y se sirve tanto de conversaciones intervenidas del propio García -«lo que sea, me dice Jose», «pero que estén las mascarillas»- como de algunos testigos.
Esta supuesta «mediación» de Ábalos podría constituir un delito de tráfico de influencias, como también su «intervención» para «la contratación por parte de dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) de la mujer con la que mantenía una relación «muy personal», concluye por su parte el juez.
