Madrid, viernes 2 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El presidente de Vox y líder de la coalición europea Patriots for Europe, Santiago Abascal Conde, ha cargado con extrema dureza este viernes en los pasillos del Congreso de los Diputados contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minutos antes de que diera comienzo el debate decisivo para la convalidación de los dos polémicos Real Decretos Ley de alquiler. Abascal ha denunciado las maniobras del sanchismo para presionar a la oposición democrática mediante la movilización exterior de grupos radicales. «Al psicópata de la Moncloa lo único que se le ocurre es organizar violencia en las calles de Madrid, rodear el Congreso y querer extenderla al resto de España para que no se hable del problema real de la vivienda», ha espetado el líder patriota ante los medios de comunicación.
La sesión parlamentaria arranca en un clima de máxima tensión civil tras el evidente fracaso de la acampada ilegal promovida en la Puerta del Sol por organizaciones afines al Ejecutivo. Esta movilización ultra, que instrumentalizó de forma burda el denominado caso Maricarmen para justificar la ocupación del espacio público, derivó rápidamente en altercados, vandalismo contra el mobiliario urbano, ataques a monumentos históricos de las víctimas de la banda terrorista ETA y amenazas directas contra periodistas y autoridades madrileñas. Ante este estancamiento, los líderes de la extrema izquierda agrupados en el Sindicato de Inquilinas decidieron trasladar la presión directamente a las puertas de las Cortes, un movimiento que Abascal ha calificado como una estrategia burda para desviar la atención de la «responsabilidad criminal» del propio Gobierno en la destrucción del mercado inmobiliario.
A nivel parlamentario, el bloque oficialista se enfrenta a un escenario de debilidad extrema tras el portazo de Junts per Catalunya (JxCat). La portavoz en el Congreso del partido fundado por el prófugo Carles Puigdemont, Míriam Nogueras i Camero, comunicó formalmente el rechazo absoluto de su partido a la convalidación si el sanchismo no retiraba de inmediato los textos. Nogueras dejó claro ante la prensa que estas medidas «suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias» y advirtió de que no servirán para parar a los fondos buitre, sino que perjudicarán gravemente a las clases medias y trabajadoras al contraer la oferta de alquiler.
El primer Real Decreto Ley, fruto de un tortuoso proceso de negociación en el seno del Ejecutivo socialcomunista de minoría parlamentaria, recoge un amplio abanico de medidas coercitivas destinadas a intervenir el mercado de arrendamiento. El texto establece la prórroga obligatoria de la protección contra los desahucios de familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, introduce severas restricciones a la adquisición de inmuebles con fines especulativos hasta finales de 2028 y regula de forma estricta los contratos de alquiler por habitaciones y de temporada. Asimismo, fija un incremento del IVA al 10 % para las viviendas de uso turístico, buscando asfixiar fiscalmente un sector en pleno crecimiento en las grandes urbes españolas.
La norma también contempla la reducción del IVA al 4 % para las promociones de vivienda protegida y la apertura de líneas de avales mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a un tipo de interés del 0 % para cubrir la entrada de préstamos hipotecarios de jóvenes. Sin embargo, los puntos de mayor fricción radican en la prórroga forzosa por dos años de todos aquellos contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, combinada con la fijación de topes estrictos a la actualización de rentas para el año 2027. Las actualizaciones anuales quedarán congeladas en el 0 % si el precio supera el índice de referencia oficial y limitadas a un máximo del 2 % en caso de no superarlo, desincentivando de facto la salida de inmuebles al mercado.
El segundo Real Decreto Ley, cuya tramitación parlamentaria se perfila totalmente inviable ante el rechazo unánime de la oposición, consta de un único artículo diseñado para instaurar la renovación automática e indefinida de los contratos de alquiler vigentes. Bajo este marco legal, los propietarios de los inmuebles se verían obligados a justificar penal o administrativamente cualquier negativa a prorrogar la estancia del inquilino en la vivienda. En caso de no poder acreditar ante los tribunales una causa de necesidad familiar calificada de extrema urgencia, la norma impone al arrendador la obligación de indemnizar económicamente al arrendatario, una medida que los sectores jurídicos consideran una agresión frontal al derecho constitucional de la propiedad privada.
Vox vincula la crisis con las políticas de fronteras abiertas
Santiago Abascal ha insistido en que el problema habitacional en España es una consecuencia directa del modelo globalista de fronteras abiertas defendido por el PSOE y Sumar. El líder patriota ha recordado que es matemáticamente imposible resolver la escasez de pisos disponibles si el Estado continúa promoviendo regularizaciones masivas y permitiendo un efecto llamada descontrolado que sobrepasa los recursos públicos.
«Nosotros mantienen que lo que está pasando en España tiene que ver de manera principal con el hecho de que en los últimos cinco años han entrado en nuestra nación cinco millones de personas», ha sentenciado Abascal en el Congreso. El presidente de Vox ha concluido advirtiendo de que no existen «ni casas, ni hospitales, ni trabajo para absorber a toda esa población», señalando que la manipulación callejera del sanchismo busca ocultar las destructivas consecuencias demográficas e inmobiliarias que padece el pueblo español.