Redacción – VOX presenta un escrito a la mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para que convoque de manera urgente a la Diputación Permanente y se apruebe solicitud urgente al Gobierno de España para que inicie de inmediato los trámites necesarios para la aplicación del Estado de Excepción -artículo 116 de la Constitución Española-. Madrid, 16 de octubre de 2019.
Adjuntamos el texto presentado por el líder de VOX, Santiago Abascal Conde:
«A LA MESA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
D. SANTIAGO ABASCAL CONDE, Presidente y representante del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, ante la Mesa comparece con carácter de urgencia y, respetuosamente y como mejor en Derecho proceda, DICE:
Desde que el pasado 14 de octubre se hiciera pública la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Supremo en el conocido como Juicio del Procés, la situación de grave alteración del orden público y constitucional en Cataluña se ha incrementado exponencialmente conforme avanzan las horas encontrándonos HOY ante una situación en la que nuestro Estado de Derecho y, lo que es más grave, la seguridad, la integridad y la vida de las personas en dicho territorio se encuentra en grave riesgo, a la vista de los ataques concertados que, especialmente en Barcelona, se están perpetrando por grupos organizados y jaleados desde las Instituciones Públicas catalanas.
Al tiempo de este escrito únicamente podemos congratularnos de remitirlo antes de que esta grave situación -que debería haberse previsto y evitado por el Gobierno de España adoptando las medidas de prevención necesarias, y no sólo de reacción o defensa-, haya originado mayores daños personales. Una situación que, con una razonable lógica, no podemos descartar que exista riesgo de producirse, no sólo a la vista de las imágenes dantescas de las revueltas que se están produciendo en diversos puntos de Cataluña, mediante el asalto y paralización de servicios públicos esenciales, sino teniendo en cuenta que hace escasos días, el pasado 23 de septiembre, la Guardia Civil, en el marco de la denominada «Operación Judas«, procedió a la detención, por orden de la Audiencia Nacional, de nueve personas vinculadas a los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de preparar acciones violentas, incluyendo el uso de explosivos contra edificios del Estado.
En el marco de la citada exitosa operación, que sólo mereció un severo reproche por parte del Ministro del Interior al Instituto Armado por no haber sido informado con suficiente antelación, la Fiscalía ha recabado pruebas sobre un “avanzado grado de preparación de sus proyectos terroristas con fines secesionistas”.
Pese a que los violentos manifestantes, en reacción al fallo condenatorio emitido por nuestro Tribunal Supremo, han asaltado el aeropuerto de Barcelona, autovías y estaciones y vías de transporte ferroviario interrumpiendo el tráfico aéreo, terrestre y por ferrocarril, han asediado la Delegación del Gobierno en Cataluña y diversos cuarteles de la Guardia Civil y Comisarias del Cuerpo Nacional de Policía, han interrumpido el transporte urbano, han agredido a la ciudadanía, han causado cuantiosos daños materiales al mobiliario urbano mediante la quema de contenedores y los ataques perpetrados contra la propiedad privada, en particular, los escaparates de los comercios, el Gobierno de España, a la fecha, ha negado esta realidad, indicando la Sra. Vicepresidenta del Gobierno en funciones, la Sra. Calvo, el pasado 15 de octubre, en nombre del Ejecutivo, que la situación en Cataluña es “razonable” y que “la mayoría de catalanes tuvo el lunes un día normal.”
En Cataluña se encuentra activado el nivel 4 de alerta antiterrorista, a la vista del riesgo cierto y precedentes inmediatos de ataques yihadistas que han causado estragos, especialmente, en dicho territorio de España.
La situación de absoluto desbordamiento de las medidas de seguridad que, desde el pasado 14 de octubre, se han visto obligadas a hacer frente al ataque interno contra el orden público y constitucional determina una situación de gravísimo riesgo, no ya sólo por las consecuencias que de dichos ataques internos se están siguiendo y es más que previsible que empeoren, sino por la extrema situación de vulnerabilidad en la que se coloca a España frente a la amenaza yihadista.
La irresponsabilidad del Ejecutivo no previendo con antelación suficiente y adoptando las medidas necesarias para evitar la situación de grave alteración del orden público y constitucional que, en la actualidad, esta sufriendo Cataluña, determina que, frente a otras posibles medidas que habrían podido ser adecuadas en un momento previo, como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, hoy la única respuesta de nuestro Estado de Derecho para restablecer la pacífica y normal convivencia y regularidad de los servicios públicos esenciales en Cataluña, garantizando la seguridad, la integridad y la vida de las personas, sea mediante la declaración del estado de excepción previsto en el artículo 116 de la Constitución española.
Sólo mediante esta declaración la reacción del Estado de Derecho podrá ser la adecuada, amén de proporcionada, y, por imperativo del artículo 78.2 de la Constitución española, no obstante la actual situación de disolución de las Cortes Generales, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados la puede autorizar. La llamada a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que se esta realizando por otras formaciones políticas resulta ya, a todas luces, insuficiente e inadecuada, en la medida en que el restablecimiento del orden constitucional, vista la situación extrema que se ha alcanzado, no se logra con la sola respuesta policial mediante una coordinación reforzada bajo una autoridad única.
Ya vimos el desastroso resultado cuando medida equivalente se aplicó por el anterior Ejecutivo de Rajoy, luego del golpe de Estado perpetrado en Cataluña en octubre de 2017: se hace recaer sobre nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad toda la responsabilidad pese a su imposibilidad de combatir la mayor amenaza y deslealtad cual es la que se produce por los máximos representantes de las Instituciones Públicas catalanas.
Esta última amenaza es la que puede y debe combatirse a través del único instrumento que, hoy por hoy lo permite: la declaración del estado de excepción.
Por lo expuesto,
A la Mesa solicita: Que habiendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, en mérito a lo expuesto, convoque de manera urgente a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados con el fin de que se apruebe por el citado Órgano parlamentario la solicitud urgente dirigida al Gobierno de España para que inicie de inmediato los trámites necesarios para proceder a la declaración del estado de excepción previsto en el artículo 116 de la Constitución española y, sin demora, recabe la preceptiva autorización de la Diputación Permanente del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2019.
Santiago Abascal Conde
Presidente y representante del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados».
