Abogado de Puigdemont: “España es un Estado de derechas donde el Estado se aplica desde la derecha con visión del derecho antidemocrática”

.Gonzalo Boye está procesado por la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que le acusa de falsificar documentación para facilitar el blanqueo de capitales de la organización que lidera el presunto narco gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como “Sito Miñanco”

FOTOGRAFÍA. ESPAÑA, AÑO 2018. Gonzalo Boye, El abogado del expresidente golpista del Gobierno puchista que ocupó la Generalidad de Cataluña en 2017, Carles Puigdemont Casamajò (JxCAT). Efe

Efe – “Yo no voy a rendirme nunca”, asegura Gonzalo Boye. El abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont denuncia ser víctima de una “persecución judicial” por defender a líderes del independentismo, pero avisa: “No me planteo el exilio, es una decisión política, mi lucha jurídica está aquí”. Madrid (España), domingo 28 de marzo de 2021.

En una entrevista con Efe, el abogado de origen chileno habla de su tercer libro “¿Cloacas? Sí, claro” (Roca Editorial), en el que denuncia el “empecinamiento” de la justicia para encarcelarlo por una trama de blanqueo de capitales del narcotráfico, después de haberse hecho un nombre como defensor de políticos encausados a raíz del procés, entre ellos Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig o Quim Torra.

El abogado está procesado por la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que le acusa de falsificar documentación para facilitar el blanqueo de capitales de la organización que lidera el presunto narco gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como “Sito Miñanco”.

Boye asegura que en el último año han entrado ilegalmente dos veces a su despacho, que ha sufrido múltiples inspecciones de Hacienda, que tiene el teléfono intervenido por orden de la juez que le investiga por blanqueo y que en 2019 fue objeto de espionaje informático con el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y que, precisa, solo se suministra a servicios de inteligencia estatales.

No obstante, Boye niega las acusaciones y asegura que se limitó a ser contratado por Manuel González Rubio -supuesta “mula” de la organización de Miñanco- para tramitar la recuperación de 800.000 euros en metálico que en 2017 se le intervinieron cuando se disponía a volar a Colombia, según la juez por orden del histórico narco.

“Si creen que metiéndome en la cárcel está muerto el perro y muerta la rabia, se han equivocado de perro, porque siempre hemos trabajado en equipo. Y si me llevan a prisión, el resto del equipo lo tendrá todavía mejor para trabajar en una defensa”, argumenta el abogado.

“Lo habitual es que quien acusa a otro de un delito tenga que demostrarlo y no que el acusado tenga que probar su inocencia, pero aunque hemos presentado suficientes evidencias que me exculpan, la juez Tardón ha decidido ignorarlas y seguir construyendo el caso”, asegura Boye.

Con una rápida lectura de su libro es fácil hacerse a la idea de la presión mediática, laboral y judicial a la que ha estado sometido el abogado durante el año 2020, “un año duro”, comenta, en parte por la pandemia, pero insiste en reivindicar que él también tiene un lado humano que se está viendo afectado.

“El silencio de algunos, de gente que me importa, es lo más doloroso de estos últimos años, porque se transforma en complicidad”, lamenta Boye.

El jurista no cree que estas “intimidaciones y ataques” de los que afirma haber sido víctima estén orquestados por ningún gobierno, sino que está convencido de que “se trata de grupos de poder de alguna parte del Estado, que aprovechan fondos públicos para llevar a cabo sus propias guerras personales”.

Boye no vincula estos grupos a ningún partido político, pero sí a una ideología “neofranquista y antidemocrática”, pues considera que “hay un franquismo sociológico que la sociedad española todavía no ha sido capaz de dejar atrás”.

“Yo no digo que España no sea un Estado de derecho, pero sobre todo es un Estado de derechas, donde el Estado se aplica desde la derecha, con una visión del derecho que muchas veces es antidemocrática, como cuando la justicia participa directamente en la vida política”, critica Boye.

De hecho, considera que “el mayor error histórico del siglo XXI ha sido la judicialización de la política, por lo que el mayor logro sería desjudicializarla”.

“Me gustaría empujar el Estado de derechas hacia un Estado de derecho que sea pleno, porque no hay cosa más cómoda para un jurista que vivir en un Estado de derecho, donde la previsibilidad es la norma”, añade.

Además, Boye señala que la arbitrariedad en la justicia genera inestabilidad y también afecta a la economía, ya que “al inversor extranjero le preocupa esta falta de seguridad jurídica”.

“España tiene que asumir que pertenecer a un club tiene un precio, lo que significa respetar el derecho de la Unión Europea y aplicarlo sin trampas”, comenta el abogado.

Como ejemplo de esa arbitrariedad que atribuye a la justicia española, Boye menciona el concepto de “inelegibilidad sobrevenida” en el que se amparó la Junta Electoral Central -y después el Supremo- para retirar la credencial de diputado del expresidente de la Generalitat Quim Torra, aunque la sentencia que lo inhabilitaba aún no era firme.

“Es un atentado a la lengua castellana. Una persona puede ser inelegible, pero no sobrevenidamente si ya ha sido elegida, y así se demostrará llegado el momento”, afirma el abogado.

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