Acciones judiciales de Convivencia Cívica Catalana ante la prohibición del español en Cataluña

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 09.11.2020. La Resistencia catalana considera nazismo la llamada «Ley Celaá» pactada entre Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y el régimen socioseparatista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que prohíbe el español (castellano) en los centros educativos de toda España, principalmente en aquellas regiones del país con dialecto. EERC, tras cerrar el acuerdo secesioncita con el Gobierno de España de Iglesias y Sánchez dice «blindemos la inmersión lingüística. Forcemos que el catalán sea la lengua vehicular en Cataluña en la nueva ley educativa estatal», firma en Twitter, y con la imagen de esta foto que la Resistencia catalana banaliza con a cruz esvástica del nazismo. lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), Barcelona, 09.11.2020. Referente a la carta que va a remitir a todos los presidentes autonómicos para que inicien acciones legales para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña. Convivencia Cívica Catalana, ante el hecho constatado de que el Gobierno de España no va a adoptar ninguna medida en defensa de que el castellano sea también vehicular en Cataluña, va a remitir una carta a todos los presidentes autonómicos del resto de España para que inicien acciones legales para garantizar tal derecho, toda vez que la cuestión es de interés para todos los españoles que se desplacen desde sus Comunidades a trabajar o estudiar en Cataluña.

Ante la manifestación inequívoca de que el Gobierno de España renuncia a defender el carácter vehicular del castellano en la enseñanza de Cataluña, colaborando con la abierta rebeldía de la Generalitat a cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de que el castellano sea también vehicular en Cataluña, Convivencia Cívica Catalana va a remitir una carta a todos los presidentes de las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla solicitándoles que inicien las correspondientes acciones judiciales para garantizar que dichas Sentencias se cumplan en Cataluña, garantizando que se use el castellano como lengua vehicular en al menos el 25% de las asignaturas.

A este respecto, desde Convivencia Cívica Catalana recuerdan que en el año 2012, ante una demanda presentada por dicha entidad en nombre de un padre afectado, el TSJC ya ordenó a la Generalitat que adoptase las medidas necesarias para garantizar que al menos el 25% de las clases en Cataluña fuesen en castellano, tras una Sentencia del Tribunal Supremo que consideraba, a la luz de la doctrina constitucional, totalmente anticonstitucional el actual modelo. Dicho Auto fue recurrido por la Generalitat, y fue circunscrito únicamente al hijo del recurrente y su clase, por considerar que un padre no ostentaba legitimación procesal para pedir tal medida de ejecución.

A los efectos de salvar dicha falta de legitimación, y ante la evidencia judicial de que el sistema catalán es profundamente anticonstitucional, desde Convivencia Cívica nos hemos reunido reiteradas veces con responsables del Ministerio de Educación (tanto del PP como del PSOE) y con fiscalía, sin conseguir nunca que interpusiesen la demanda que garantizaría el final de la inmersión lingüística en Cataluña. Ni PP ni PSOE han querido ponerla nunca, dejando que tenga que ser cada padre quien luche judicialmente para que se aplique la doctrina constitucional (pacífica y reiterada) en materia de lengua en la enseñanza de Cataluña.

Entendemos que, ante la más que constatada evidencia de que desde el Gobierno central no se va a hacer nada para garantizar el cumplimiento de las Sentencias, entendemos que ha llegado el momento de que las Comunidades Autónomas inicien las acciones legales pertinentes, toda vez que cualquier español que se desplace a vivir a Cataluña con sus hijos, por el motivo que sea, puede verse afectado por la situación completamente anticonstitucional del sistema educativo catalán, hecho que determina que tengan el especial interés en el asunto que les conferiría plena legitimación para interponer la correspondiente demanda contra el Gobierno de la Generalitat.

En palabras del presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano “Entendemos que los presidentes del resto de Autonomías, ante la inacción del Gobierno Central, tienen pleno interés procesal en que en Cataluña se deje de vulnerar la Constitución y los derechos lingüísticos de los padres en la Escuela.

Por ello, vamos a instarles a que formulen el correspondiente requerimiento a la Generalitat para que garantice que el sistema educativo catalán garantice que se impartan un mínimo del 25% de las clases en castellano, y que interpongan la correspondiente demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si la Generalitat no da cumplimiento al requerimiento”.

En la misiva que va a remitir a cada uno de los presidentes Autonómicos, Convivencia Cívica les va a adjuntar todas las Sentencias dictadas hasta el momento, donde inequívocamente se establece la obligación de la Generalitat, así como informes de la entidad donde se acredita como afecta la inmersión a los niños castellanohablantes, solicitando una reunión para poder exponer la situación.

Así mismo, les ofrece asesoramiento jurídico gratuito y realizar todos los trámites judiciales que sean necesarios sin ningún coste la Comunidad Autónoma.

CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA

En Barcelona, a 9 de noviembre de 2020

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