Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), miércoles 6 de abril de 2022. Instituciones Penitenciarias, que depende del Gobierno de coalición de Podemos, PSOE e Izquierda Unida, que preside Pedro Sánchez Pérez Castejón (PSOE), y el departamento de Justicia vasco han acordado el traslado a sus cárceles de siete etarras, entre ellos el del exdirigente de ETA Juan Luis Aguirre, que ordenó el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Por estas dos muertes fue condenado a 60 años el etarra José Luis Barrios Martín, que, si bien no será trasladado al País Vasco, ingresará en la prisión de Pamplona desde la de Zuera, en Zaragoza.
Los siete presos terroristas etarras que sí cumplirán lo que les reste de condena en alguna de las tres prisiones del País vasco, con las competencias penitenciarias asumidas desde el pasado octubre serán los siguientes.
El terrorista etarra Juan Luis Aguirre Lete, que dejará la cárcel de Soria. Fue condenado a 32 años de cárcel por ordenar el que resultó el secuestro más largo de ETA, el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien permaneció retenido 532 días entre 1996 y 1997, y quien en 2013 fue uno de los cofundadores del partido político VOX España, que preside Santiago Abascal Conde.
Su nombre también se está investigando actualmente en la Audiencia Nacional para determinar si como miembro del comité ejecutivo de ETA en 1995 tomó la decisión de asesinar al concejal del PP Gregorio Ordóñez.
Desde la cárcel de Logroño a otra del País Vasco será trasladado Iván Apaolaza Sancho, que ingresó en prisión en el 2008 y fue condenado a 123 años de cárcel por su participación en el atentado mediante coche bomba en el que falleció el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García, cometido en Madrid el 21 de enero del 2000.
Iván Apaolaza cumplirá las tres cuartas partes de la condena en septiembre del 2033, ha aceptado la legalidad penitenciaria, ha reconocido el daño causado y ha pedido perdón por el sufrimiento provocado.
El tercer trasladado acordado este miércoles es el de Álvaro Juan Arri Pascual desde la prisión de Burgos. Exintegrante del comando Madrid de ETA ingresó en prisión en el 2003 para cumplir el límite máximo de 30 años por varios asesinatos, estragos y atentados.
En junio del 2018 cumplió la tres cuartas partes de esa condena, y, tras haber aceptado la legalidad penitenciaria, en mayo del 2020 fue acercado desde Castellón a Burgos. Ahora, Prisiones ha resuelto su progresión a tercer grado y destaca que consta escrito de desvinculación de la actividad terrorista.
Entre otras acciones, fue condenado a 208 años de prisión por el atentado cometido en julio de 1994 en la plaza de Ramales de Madrid, en el que murieron el teniente general Francisco Veguillas y otras dos personas.
En segundo grado por decisión de la Secretaría General de Prisiones se mantendrá Garikoitz Arruarte Santa Cruz, que será traslado desde Pamplona. Fue condenado por tratar de atentar con dos maletas bomba en un tren en la estación de Chamartín (Madrid) en la Nochebuena del 2003.
Cumplió las tres cuartas partes de la pena en diciembre del 2018, rechazó la violencia y aceptó la legalidad penitenciaria, según informa Instituciones Penitenciarias.
Mikel Azurmendi suma el quinto traslado de los acordados hoy por ambas Administraciones. Fue condenado por varios atentados, entre ellos el asesinato en 1998 del concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril.
Además de este crimen, el exmiembro del comando Andalucía, fue condenado a 36 años por el asesinato en 1994 del teniente del Ejército Miguel Peralta Utrera al estallar la bomba lapa colocada en su coche cuando conducía por la autovía de Extremadura.
Los últimos traslados corresponden a los reclusos etarras Idoia Mendizabal y Jon González, pareja y padres de un niño, desde Valencia.
Mendizabal ingresó en prisión en el 2010 y cumple una condena de 25 años por los delitos de pertenencia a banda armada, estragos, atentado, asesinato, incendio y depósito de armas y municiones. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en agosto de 2030.
Entre otras acciones, se le atribuye la participación en el atentado con bomba-lapa en el 2002 contra el entonces dirigente de las Juventudes Socialistas Eduardo Madina, que le costó la amputación de una pierna.
Además, fue condenada por intentar matar en el 2002 con un paquete-bomba a la entonces delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero, a quien le enviaron un paquete a su casa de Lejona (Vizcaya) que pudo ser desactivado.
Su pareja Jon González ingresó en prisión en el 2011 y cumple condena de 25 años por los delitos de colaboración con banda armada, estragos, asesinato, terrorismo, detención ilegal, robo y hurto de vehículos. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en diciembre del 2030.
Entre otras acciones, González fue condenado por tratar de matar con un artefacto explosivo adosado a un carrito de la compra en febrero del 2002, a la ex teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya), del PSE, Esther Cabezudo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha lamentado que casi tres de cada cuatro presos etarras se encuentren ya en prisiones vascas y navarras y que los ocho traslados autorizados este miércoles sumen 16 asesinatos.
