Madrid (España), viernes 10 de noviembre de 2023 Lasvocesdelpueblo y Agencias).- ACUERDO GOLPISTA PSOE-JUNTS| para la investidura del candidato socialista, el autócrata Pedro Sánchez Pérez Castejón| La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social valora: «En nuestra condición de operadores jurídicos, consideramos que el mismo constituye un ataque al Estado de derecho, al principio de igualdad inspirador del mismo, a la separación de poderes y a la independencia judicial, al asumirse que los procesos judiciales respondieron a motivaciones políticas cuando los mismos estuvieron sometidos a las máximas garantías jurídicas salvaguardando el derecho a la defensa de todos los procesados».
COMUNICADO
«Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social
Ante la actual situación política, trasladado a la opinión pública el contenido de los acuerdos alcanzados para la investidura del Presidente de Gobierno, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social mostramos, por acuerdo mayoritario de la Junta Directiva, nuestro más firme compromiso con los pilares esenciales de nuestro Estado social y democrático de Derecho, especialmente el de la división de poderes del Estado y el de igualdad, en derechos y deberes, de todos los ciudadanos españoles, independientemente de la Comunidad autónoma en la que residan.
En nuestra condición de operadores jurídicos, consideramos que el mismo constituye un ataque al Estado de derecho, al principio de igualdad inspirador del mismo, a la separación de poderes y a la independencia judicial, al asumirse que los procesos judiciales respondieron a motivaciones políticas cuando los mismos estuvieron sometidos a las máximas garantías jurídicas salvaguardando el derecho a la defensa de todos los procesados.
Del mismo modo, y a la vista de la actual deriva de los acontecimiento, en nuestra condición de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y de las cada vez más reiteradas noticias sobre la posible transferencia de la gestión de la Seguridad Social queremos advertir que su mantenimiento en los términos constitucionalmente previstos constituye un elemento esencial para la convivencia.
Cualquier cesión o transferencia de su gestión a las Comunidades Autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el art 41 de nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad Social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social.
Esa unidad e igualdad se garantizan mediante los principios de caja única y solidaridad financiera que implican, no solo la titularidad y competencia estatal exclusiva sobre la gestión de recursos económicos y financieros del sistema sino también sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones, cuyos criterios de gestión deben ser únicos y uniformes en todo el territorio, precisamente para evitar la existencia de diversas políticas territoriales en materia de Seguridad Social en las distintas comunidades autónomas.
Es decir, como ha subrayado el Tribunal Constitucional, el Estado debe reservarse como competencia exclusiva no solo la regulación jurídica en materia de Seguridad social sino, todas las competencias de gestión y ejecución que garanticen la efectiva aplicación de criterios unitarios y unificados en todo el territorio nacional (Sentencias del Tribunal Constitucional (Pleno) 129/89 y 195/1996), tanto para los actos de encuadramiento, liquidación y recaudación de recursos y el reconocimiento y pago de prestaciones.
Por último, también debe señalarse que una transferencia de la gestión de la Seguridad Social contravendría lo dispuesto en el pacto de Toledo, cuya Recomendación 8° contempla expresamente una Agencia de Seguridad Social, de titularidad estatal, precisamente para garantizar la aplicación de los principios de solidaridad, igualdad de trato y equidad entre generaciones.
En el cumplimiento de nuestra obligación como empleados públicos de velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, apelamos a la responsabilidad de todos los agentes políticos y sociales para evitar que el diseño de nuestro sistema de Seguridad Social se condicione a coyunturas políticas concretas alejándose de los principios irrenunciables de caja única e igualdad de todos los ciudadanos españoles.
Madrid a 10 de noviembre de 2023 2023
La Junta Directiva».
