Ada Colau ataca a una persona con 500 mil euros de multa por intentar echar de su casa a okupas

Lasvocesdelpueblo
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante una rueda de prensa. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El propietario del edificio «La Rimaia», casa actualmente ocupada ilegalmente por los seguidores de la alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, la ex-Okupa Ada Colau, va a tener que ponerse de rodilla ante esa nueva ‘Reina de Barcelona’ por intentar, vía democrática: orden judicial, echar de su vivienda a los okupas. El gobierno Municipal, como un policía en un régimen autoritario, ha recurrido a una Ley de del Gobierno autonómico de Cataluña para imponer una sanción de hasta 500.000 euros a ese catalán. Barcelona (España), jueves 10 de noviembre de 2016. Fotografía: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante una rueda de prensa. Efe

Ada Colau ha abierto un expediente al propietario del edificio, que está ocupado ilegalmente y pendiente de ser desahuciado por orden judicial, por “mantener el edificio vacío sin justificación durante décadas”, desde 1993. Así recoge la agencia española de noticias ‘Efe’, este miércoles 9 de noviembre.

Según el expediente, el propietario habría incumplido la función social del inmueble prevista en el artículo 41 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, aprobada en 2007, al haber rechazado de forma reiterada las medidas de fomento para destinar estos pisos al alquiler, por lo que el consistorio le puede imponer una sanción de entre 25.000 y 500.000 euros.

Este artículo de la ley considera que es una situación anómala de un edificio “la desocupación permanente, la sobreocupación y la infravivienda”, y establece que “la administración competente, si tiene constancia de que una vivienda o un edificio de viviendas se utiliza de forma anómala o un inmueble se halla en situación anómala, debe abrir el oportuno expediente administrativo”.

Según fuentes municipales, el hecho de que la finca, situada en el número 12 de la Ronda de Sant Pau, en el barrio del Raval, haya sido ocupada de forma ilegal desde agosto de 2010 “no es justificación para incumplir la ley, según la jurisprudencia reciente”.

El gobierno municipal de Ada Colau, que ha solicitado al juez la suspensión de la orden de desalojo del edificio, ha pedido al propietario del inmueble negociar fórmulas para destinar las viviendas a alquiler social.

El expediente de declaración de situación anómala se ha abierto, en concreto, sobre 5 viviendas, y las multas coercitivas se inician con importes de 5.000 euros por cada vivienda, es decir, 25.000 euros en total para toda la finca.

El Ayuntamiento puede incoar hasta 3 multas coercitivas por este concepto, la segunda de 10.000 euros por cada piso (por tanto, 50.000 euros por los cinco expedientes), y la tercera de 15.000 euros para cada uno de los pisos (por tanto, con un total de 75.000 euros).

Si el expediente deriva en sancionador, es decir, que la infracción no es corregida durante el procedimiento y hay reiteración, la cantidad máxima prevista en la ciudad de Barcelona para este tipo de infracción es de 500.000 euros.

Según el consistorio, el hecho de que la finca haya sido ocupada de forma intermitente y de forma irregular durante este periodo de tiempo, “no es justificación para la propiedad por no haber cumplido con la función social de la vivienda”.

De hecho, según el gobierno municipal, existe jurisprudencia al respecto, con sentencias recientes de los tribunales de Barcelona que han dictaminado en este sentido.

La Rimaia es actualmente un edificio ocupado por varias familias, algunas con hijos menores, y la Unidad Contra la Exclusión Residencial ha realizado la valoración de cuatro de las familias que que se encuentran en situación de vulnerabilidad y está llevando a cabo las gestiones para estudiar posibles soluciones para ellas.

El Ayuntamiento de Barcelona ha recordado que ha llevado a cabo a lo largo de este mandato diferentes intentos de llegar a un acuerdo con la propiedad para evitar el desalojo de la finca.

El consistorio ha pedido formalmente que se suspenda la orden de desalojo dictada por el Juzgado de Instrucción número 31, y ha mantenido varias reuniones con el propietario, la última el 27 de octubre, para encontrar fórmulas para destinar a alquiler social los pisos de esta finca, que, según fuentes municipales, han sido rechazadas por la propiedad.

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