Efe – La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: «Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma, es la única estrategia que se me ocurre para que la situación no se cronifique», ha señalado la alcaldesa que ha eludido explicar cómo hará llegar la realidad de los desahucios a los «cómodos despachos del Gobierno y del Congreso». Ada Colau ha asegurado que para los ayuntamientos la situación «no es sostenible» y ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat que hagan su parte tanto en aportaciones de recursos como en cambios legislativos para preservar el derecho a la vivienda. Barcelona (España), martes 24 de abril de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 24.04.2018. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Efe
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cree que el Gobierno «persiste en la estrategia de facilitar los desahucios» porque «está demasiado alejado de la realidad», por lo que se plantea llevar los expedientes de desahucio al despacho del ministro de Fomento «para que no pueda mirar a otro lado».
Ada Colau ha denunciado que la única reforma que se está planteando en materia de vivienda es la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 para acelerar los desahucios de viviendas ocupadas, impulsada por el PP, Cs y PDeCAT, que hoy se debate en el Congreso y que ha vaticinado «generará una nueva ola de desahucios».
«Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los ayuntamientos», de forma que «no les afectan las consecuencias de sus cambios legislativos», ha lamentado la alcaldesa en la presentación del balance de la actividad de la Unidad Contra la Exclusión Residencial.
«Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma, es la única estrategia que de me ocurre para que la situación no se cronifique», ha señalado la alcaldesa que ha eludido explicar cómo hará llegar la realidad de los desahucios a los «cómodos despachos del Gobierno y del Congreso».
Ada Colau ha asegurado que para los ayuntamientos la situación «no es sostenible» y ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat que hagan su parte tanto en aportaciones de recursos como en cambios legislativos para preservar el derecho a la vivienda.
Del balance de la UCER en 2017, Ada Colau ha destacado que la unidad haya atendido a 2.351 familias a las que habían iniciado un proceso de desahucio, lo que ha supuesto que la atención del ayuntamiento haya aumentado el 245% desde que se creó en 2014.
El incremento es especialmente destacable si se tiene en cuneta que los datos que facilita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes a procesos judiciales de desahucios evidencian que en Barcelona estos han caído un 22% desde 2014.
Ada Colau ha destacado que estas 2.351 familias suman un total de 7.760 personas, de las cuales 2.377 son menores y en el 51% de los casos estaban de alquiler.
El perfil de los hogares atendidos por la UCER es de una unidad de convivencia formada por 3,3 personas, con presencia de menores e ingresos inferiores a 855 euros en el 72% de los casos.
También ha considerado como «muy relevante» que la mitad de los 2.519 desahucios que se practicaron en Barcelona en 2017 hayan sido promovidos por grandes tenedores «que acumulan viviendas para especular».
Otro dato destacado del informe es que se han resuelto 1.362 expedientes, un 41% más que en 2016 y que en 218 casos la mediación del ayuntamiento ha permitido un acuerdo entre los propietarios particulares y la familia para que siguiesen en la vivienda.
Sobre estos resultados, el concejal Josep Maria Muntaner ha puesto énfasis en que sólo el 3% de los acuerdos para que las familias se quedasen en su vivienda han sido con grandes tenedores porque estos propietarios «no facilitan las cosas».
Por su parte, el gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Buron, ha reconocido que, a pesar de que el ayuntamiento destina mucho dinero a evitar que las familias se encuentren en la calle en los últimos meses, tiene dificultades para encontrar viviendas y pensiones por la presión del turismo sobre el mercado.
