Madrid (Comunidad de Madrid) Reino de España, miércoles 18 de diciembre de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- CASO KOLDO/ CASO FISCAL GENERAL ÁLVARO GARCÍA ORTIZ | La Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC), que lidera Manuel Romeral Frías, ha dado un paso audaz en la lucha contra la corrupción al presentar una denuncia contra el Gobierno de coalición de España entre PSOE y SUMAR, que preside el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
La denuncia, presentada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acusa al gobierno, «comisionistas» y empresarios como «Organización Criminal para delinquir». En su escrito se denuncian «más de 25 casos de corrupción donde se ven involucrados ministros del gobierno, funcionarios públicos, familiares de Sánchez y empresarios».
Se les acusa de los posibles delitos de «pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública, encubrimiento, blanqueo de capitales, revelación de secretos, apropiación indebida, intrusismo, pagos en especie, financiación ilegal de los partidos políticos y falsedad documental».
En un comunicado al diario Lasvocesdelpueblo, emitido tras la presentación de la denuncia, la AECC enfatiza la «importancia de responsabilizar a todos los políticos» por sus acciones.
«Estamos comprometidos a garantizar que quienes ocupan puestos de poder, desde el presidente del Gobierno hasta el funcionario público más bajo, rindan cuentas de sus actos», afirmó el representante de la AECC, Manuel Romeral Frías.
La organización expresa su «preocupación» por la cultura generalizada de «impunidad2 que permite que la corrupción prospere dentro de la clase política.
«Cada día salen a la luz nuevos casos de corrupción, pero los políticos parecen eludir cualquier responsabilidad», manifiesta.
Desde esta entidad, añaden: «Siempre son los ciudadanos los que son investigados y considerados sospechosos, mientras que los verdaderos autores quedan impunes».
La AECC critica la falta de acciones significativas por parte de los políticos para abordar los escándalos de corrupción, citando Comisiones de Investigación ineficaces y la falta de consecuencias para los involucrados.
«En lugar de abordar las cuestiones que importan a los ciudadanos, los políticos se involucran en Comisiones de Investigación superficiales que no conducen a ninguna parte ni tienen ningún carácter de responsabilidad penal o política», dice el comunicado.
Continúa: «Este circo de escándalos en curso sólo sirve para erosionar aún más la confianza de los ciudadanos en el sistema político y sobre todo en el gobierno».
Al destacar casos pasados en los que los políticos no han asumido la responsabilidad de sus acciones, como los infames asuntos de Berni, Koldo, ERE, etc., la AECC subraya la necesidad de un cambio sistémico.
«Es inaceptable que en casos como Berni, Koldo, Begoña y otros ningún político estuviera dispuesto a aceptar la responsabilidad. La carga de la responsabilidad no debería recaer únicamente en los ciudadanos, mientras que los políticos permanecen intactos y no afectados, protegidos por su aforamiento», concluye el comunicado.
La entidad solicita al Tribunal Supremo que, dado el amplio número de denunciados y casos, «se acumule en una macrocausa en piezas separadas los diferentes casos denunciados», entre todas estas causas «existe una conexión objetiva y subjetiva de los delitos investigados que requiere un tratamiento conjunto bajo la jurisdicción de este Tribunal incluso por economía procesal», apunta.
Así mismo, reclamar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sus informes completos «que detallan la operativa de la red investigadas y los vínculos entre sus integrantes, medidas cautelares que consideramos necesarias para garantizar el éxito de la investigación y evitar así una posible obstrucción a la Justicia.
La denuncia de la AECC marca un esfuerzo significativo para combatir la corrupción en los niveles más altos del gobierno, «enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley en lo que respecta a transparencia y rendición de cuentas».
