Madrid, lunes 19 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno socialcomunista, José Manuel Albares Bueno, ha confirmado de manera implícita que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón incumplirá la resolución dictada por el Tribunal Supremo que ordena la suspensión cautelar del censo de ‘españoles fake’ de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 (29N). Durante una intervención televisiva este lunes, Albares alegó que resulta «imposible» revisar antes de la cita con las urnas los 168.000 expedientes concedidos bajo el amparo de la fraudulenta Ley de Nietos, desafiando abiertamente las medidas cautelares del Alto Tribunal. La maniobra del Gabinete zurdo pretende consolidar la alteración artificial del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) mediante masivas nacionalizaciones exprés sin verificar los requisitos legales, un ataque frontal a las bases de la democracia consolidada española que ha sido acorralado en los tribunales por la contundente batalla judicial y la auditoría ciudadana impulsada por la formación patriota dirigida por Santiago Abascal Conde.
Durante sus declaraciones en una entrevista concedida este lunes a Telecinco, el ministro socialista José Manuel Albares Bueno se escudó en que «nadie está obligado a lo imposible» para justificar que los consulados no completarán la revisión de los alrededor de 168.000 expedientes suspendidos cautelarmente por la Justicia.
Pese a asegurar que su departamento ha enviado telegramas urgentes, suspendido permisos de cónsules e implementado una herramienta informática para volcar expedientes en la Oficina del Censo Electoral, Albares admitió que los registros anteriores a 2025 deben procesarse manualmente, imposibilitando acatar el mandato judicial antes del 29N. Lejos de asumir responsabilidades por la vulneración de las garantías electorales, el titular de Exteriores arremetió contra la resistencia patriota acusando a Vox y al PP de orquestar una campaña de «insidia» contra el cuerpo consular.
La Ley de Nietos del socialismo: un ataque deliberado a las bases de la democracia
El origen de este escándalo institucional se remonta a los archivos parlamentarios y judiciales que recogen la tramitación de la denominada Ley de Memoria Democrática y, en particular, de su disposición adicional octava, conocida como la ‘Ley de Nietos’. Aprobada por el rodillo de la ultraizquierda y del separatismo, esta normativa fue diseñada con el firme propósito de alterar las reglas del juego democrático al permitir la concesión masiva e indiscriminada de la nacionalidad española a cientos de miles de extranjeros en el exterior. Mediante una instrucción posterior del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo socialcomunista deformó el espíritu de la ley al presumir la condición de «exiliado» a absolutamente todos los españoles que emigraron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, eliminando de facto la obligación individual de acreditar persecución política o ideológica.
Este colosal coladero legal provocó una inflación artificial sin precedentes en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), incorporando al censo electoral a más de 408.000 nuevos inscritos en un período récord hasta alcanzar la cifra de 2.736.522 electores en el exterior. Desde el punto de vista del derecho constitucional, esta maniobra del sanchismo constituye un ataque premeditado contra la veracidad y transparencia del sufragio universal en España. Al otorgar el derecho a voto en elecciones decisivas para la Nación a personas que carecen de vinculación real, arraigo o contribución fiscal con la Patria, el Gobierno socialcomunista vulneró los principios de equidad electoral, alterando de manera fraudulenta la asignación de escaños en provincias clave con un volumen de voto extranjero superior a las diferencias requeridas para decantar mayorías parlamentarias.
Rebelión contra Pedro Sánchez en el PSOE de Palencia tras el dedazo de Ferraz
Los informes jurídicos elaborados en el seno de las Cortes y las demandas presentadas en el Alto Tribunal confirman que la aplicación de esta norma supuso un fraude de ley institucionalizado. La tramitación exprés en las sedes consulares de Iberoamérica careció de las garantías mínimas de verificación documental, provocando un colapso administrativo deliberado que el propio Gobierno utiliza ahora como pretexto para negarse a depurar el censo antes del 29N. La colocación de este censo ‘fake’ en las listas electorales persigue diluir la voluntad soberana del pueblo español mediante un pucherazo diseñado desde los despachos del PSOE y de la extrema izquierda.
La batalla judicial de Vox frena el pucherazo y destapa la web del fraude
Frente a la arbitrariedad del Gabinete de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y de la coalición de ultraizquierda Sumar, la formación patriota presidida por Santiago Abascal Conde emprendió una dura batalla judicial en el Tribunal Supremo para blindar la limpieza del proceso electoral. Vox interpuso un recurso contencioso-administrativo denunciando la alteración ilegal del censo y exigiendo la congelación inmediata del CERA. Atendiendo a las alegaciones patriotas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó un histórico auto confirmando la suspensión cautelar de los efectos electorales de las altas tramitadas bajo la controvertida instrucción ministerial, apreciando la existencia de un «peligro fundado, real y serio» de alteración irreversible de las urnas y priorizando la transparencia democrática sobre los intereses del sanchismo.
Lejos de acatar la decisión judicial, el Gobierno socialcomunista recurrió la resolución en un intento desesperado por mantener el censo inflado para las elecciones del 29N. Sin embargo, el pasado 12 de octubre de 2026, el Alto Tribunal asestó un nuevo varapalo al Ejecutivo al rechazar íntegramente el recurso del Gobierno y confirmar de manera tajante el bloqueo del censo ‘fake’. Durante el procedimiento, la representación del propio Gobierno llegó a acorralarse al admitir por escrito la imposibilidad técnica de acreditar que cada nuevo nacionalizado cumpliera con los requisitos legales de exilio, lo que desnudó por completo la naturaleza fraudulenta del proceso promovido por el PSOE y Sumar.
Como complemento a la victoria en los tribunales, Vox ha presentado una puntera herramienta digital denominada «El Fraude de la Ley de Nietos: el mapa del voto en el extranjero», una plataforma web interactiva que audita pueblo a pueblo el impacto del pucherazo. La web elaborada por el equipo de Santiago Abascal Conde clasifica por niveles de riesgo las distintas provincias españolas en función del desproporcionado incremento del censo exterior.
La plataforma identifica numerosos territorios calificados de «Riesgo Máximo», donde la inyección masiva de votos procedentes de inscripciones irregulares en el CERA amenaza con alterar de forma decisiva el reparto de diputados el próximo 29N, sirviendo como un cortafuegos ciudadano y fiscalizador frente al intento del socialismo de hurtar la soberanía al pueblo español.