Redaccion – En referencia al control de alojamientos ilegales, ha considerado «imprescindible un plan de inspección eficaz, que evite molestias y garantice el crecimiento de un turismo sostenible, compatible con la convivencia y descanso de los vecinos en sus barrios». El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona advierte de que el PEUAT no tiene que ser el proyecto» del partido de la alcaldesa de Barcelona «sino uno de sentido común en favor de Barcelona. Por eso, ha añadido: «el Gobierno municipal ha de ser transparente y explicar cuál sería el impacto económico total de la suspensión de licencias y de la aplicación del PEUAT». Barcelona (España), jueves 12 de enero de 2017. Fotografía: El presidente del grupo popular en Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández. Archivo Efe.
Alberto Fernández, presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha afirmado este planeamiento especial no tendría que ser el proyecto del partido del gobierno municipal, Barcelona En Común (BComún), «sino uno de sentido común en favor de Barcelona, que garantice la convivencia de los vecinos y barrios con la actividad del turismo, que genera más de 100.000 puestos de trabajo, y representa el 14% del PIB de la ciudad, y que por tanto no podemos amenazar».
Fernández recuerda que el ex alcalde de CIU, «Trias convirtió el turismo, que es una oportunidad, en un problema, y ahora Ada Colau lo ha agravado».
En este sentido, ha considerado que «no tiene sentido que Colau convoque a los grupos de la oposición por separado para negociar el PEUAT, teniendo en cuenta que incluso entre los grupos del mismo Gobierno (BComú y PSC) podrían haber más que matices», dijo.
Por tanto «desde el Grupo Popular nos dirigiremos a otras fuerzas municipales (CIU, ERC, C’S, y PSC) para llegar a un mínimo común denominador sobre el diseño urbanístico vinculado a la actividad económica del turismo en Barcelona».
Ha señalado que «no se trata de hacer un frente común, sino encontrar coincidencias por trayectoria de ciudad, sin prejuicio de que existan discrepancias legítimas entre grupos de la oposición», dijo.
Alberto Fernández ha recordado que el Grupo Popular presentó alegaciones hace siete meses, pero «ahora no solo no tenemos respuesta, sino que estamos en una verdadera cuenta atrás para que se pueda abrir la barra libre de alojamientos turísticos en Barcelona».
El líder popular ha explicado que «esta barra libre podría venir por un lado porque no se apruebe el PEUAT, queden sin efecto las moratorias y en consecuencia se pueda reclamar licencias de alojamientos turísticos; y por otro, por la falta de blindaje jurídico de este plan especial para evitar posibles impugnaciones que dejen en suspenso o anular este plan».
En referencia al control de alojamientos ilegales, ha considerado «imprescindible un plan de inspección eficaz, que evite molestias y garantice el crecimiento de un turismo sostenible, compatible con la convivencia y descanso de los vecinos en sus barrios».
Asimismo, ha reclamado que «el Ayuntamiento sea administración única en Barcelona a la hora de gestionar, regular y sancionar las viviendas turísticas; así como asumir las competencias de la Generalitat y el Consell Comarcal en torno a los albergues y pensiones», remachó el dirigente azul en Barcelona.
Alberto Fernández ha destacado «la importancia de regular las viviendas individuales de alquiler, y de alquiler ocasional de viviendas de uso habitual, por ejemplo con la renta de habitaciones, o alquiler puntual por semanas, un fenómeno cada vez más habitual».
Ha apuntado que «es necesario conocer el impacto económico total del PEUAT, teniendo en cuenta que el Gobierno municipal estima que la paralización de solo tres proyectos hoteleros tendría un coste de 100M€ para el consistorio».
Desde el Grupo Popular «estamos en contra de la disconformidad urbanística, que impide a un hotel en funcionamiento hacer reformas; así como del veto a los nuevos alojamientos turísticos, y a que consideramos que en Barcelona pueden haber nuevos hoteles, o edificios enteros de viviendas turísticas reguladas».
En referencia al régimen sancionador, «debe cerrarse con la Generalitat, para tener una manera rápida de clausurar las viviendas irregulares, y actuar contra aquellos que con licencia no respetan normas de convivencia y civismo».
Finalmente, ha recordado que «desde el Grupo Popular no somos entusiastas del decrecimiento económico, pero en caso de existir ha de ser la excepción en calles especialmente saturadas, y no la norma, de la misma manera que debería aplicarse la flexibilización en calles que no tienen esa concentración», sentenció.
