Alemania después de burlarse de los españoles habla ahora de “malentendido” con Puigdemont

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ALEMANIA, AÑO 2018. En la imagen, la traidora ministra de Justicia del Gobierno de la canceller Ángela Merkel, Katarina Barley, una seguidora de Carles Puigdemont y del golpismo en Cataluña. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La traidora ministra de Justicia del Gobierno de la canceller Ángela Merkel, Katarina Barley, habló este domingo, 8 de abril de 2018, con ministro de Justicia del Gobierno de España, Rafael Catalá, para aclarar el “malentendido” por sus humillantes comentarios sobre la decisión de la Justicia alemana de rechazar la extradición del delincuente Carles Puigdemont. Esta ministra alamana calificó el viernes, 6 de abril de 2018, de “absolutamente correcta” la decisión de la audiencia de descartar el cargo por rebelión, el principal delito por el que el Tribunal Supremo español ha procesado al líder golpista amarillo Carles Puigdemont, y manifestó que “la esperaba”. Además, señaló que España tendrá que explicar por qué acusa a Puigdemont de malversación de fondos en relación a la organización del referéndum del 1 de octubre, algo que consideró que “no será fácil”. Berlín (Alemania), martes 10 de abril de 2018. Fotografía: ALEMANIA, AÑO 2018. En la imagen, la traidora ministra de Justicia del Gobierno de la canceller Ángela Merkel, Katarina Barley, una seguidora de Carles Puigdemont y del golpismo en Cataluña. Efe

Pase lo que pase el daño ya está hecho

La solución a los problemas internos de España no puede venir del exterior del país; si el Gobierno de España no quiere hacer los deberes y cumplir con su responsabilidad de Gobierno, que no espere que nadie vengar ayudar a los españoles. 

Durante todo el proceso del 1-O, todo el mundo sabía que habrá colegios abiertos, papeletas, urnas y resultados como ocurrió con el 9N de 2014. Parece que los únicos que no lo sabían, precisamente, eran los miembros del Gobierno de España.

De hecho, la tarea más importante para impedir el golpe del 1-O de 2017 en Cataluña fue encargada, curiosamente, al ex mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero -hoy procesado por la Juez de la Audiencia nacional por su participación en el golpe de estado amarillo en la región catalana-. Concretamente, la atarea de cerrar a todos los colegios electorales del 1-O antes de las 6:00 horas de la mañana del uno de octubre de 2017.

Por otra parte, cabe recordar que este Gobierno de España dejó salir a la Guardia Civil y Policía Nacional para impedir el golpe cuando ya se estaba votando en Cataluña. Y los días después del 1-O nadie entendió absolutamente nada de la reacción tan pasiva del Gobierno de España hasta la declaración del independencia de Cataluña (DUI), eso sí con los resultados del 1-O.

Hoy ya se sabe que se financió todo el 1-O con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), fondos que era tarea única del Gobierno controlar cada euro entregado a la Generalidad para el pago de facturas.

El Gobierno podrá siempre vender su Artículo 155 en Cataluña; pero todo el mundo sabe que el 155 no ha afectado para nada al aparato separatista y su financiación; además sus medios de propagandas como la TV3, Cataluña Radio y la financiación de los medios separatistas.

Ministra alemana Justicia habla de “malentendido” en comentario sobre Puigdemont

El Ministerio alemán de Justicia ha informado este lunes, 9 de abril de 2018, de que su titular, Katarina Barley, habló ayer con su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar el “malentendido” por sus comentarios sobre la decisión de la Justicia alemana en la extradición del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont.

El portavoz del Ministerio de Justicia, Piotr Malachowski, ha asegurado hoy en una rueda de prensa rutinaria que Barley “no tomó ni va a tomar postura” sobre un proceso judicial en marcha, que “no hubo declaraciones autorizadas” de la ministra y que hay que esperar a lo que decida la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein.

El diario «Süddeutsche Zeitung» publicó el viernes que la ministra calificó de “absolutamente correcta” la decisión de la audiencia de descartar el cargo por rebelión, el principal delito por el que el Tribunal Supremo español ha procesado al líder separatista “Carles Puigdemont”, y manifestó que “esperaba esta decisión judicial”.

Además, señaló según ese rotativo que “España tendrá que explicar por qué acusa a Puigdemont de malversación de fondos en relación a la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, algo que consideró que no será fácil”.

Por último, Barley ha considerado que ahora era preciso empezar a “hablar también de los componentes políticos” del proceso.

Fuentes del “Süddeutsche Zeitung” han asegurado a Efe tras esta rueda de prensa que estas declaraciones se produjeron en un encuentro confidencial de la ministra con medios alemanes.

“No hubo posicionamiento y no habrá posicionamiento”, ha reiterado hasta en tres ocasiones el portavoz de Justicia, quien ha evitado responder pese a la insistencia de los periodistas si Barley dijo o no las palabras que le atribuye ese periódico.

Tampoco ha contestado a preguntas directas sobre las declaraciones relativas a los “componentes políticos” o su valoración.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, ha asegurado que el Gobierno de Alemania no tiene “expectativas políticas” con respecto al proceso político y que en ningún momento se ha puesto o prevé ponerse en contacto con Puigdemont.

Berlín, ha agregado Seibert, tiene el “convencimiento de que el conflicto catalán puede y debe resolverse dentro del marco de la Constitución y del orden legal español” y tiene la “esperanza” de que “dentro de la política española hay movimiento en dirección a una reconciliación” y que esa sea la “intención” de todos los actores.

“Pero eso se lo dejamos a España, a sus actores políticos y a su orden político”, ha añadido Seibert, quien ha recordado que el Gobierno alemán sigue considerando el conflicto como una “cuestión interna” de España, un “Estado de derecho democrático”.

El Ejecutivo en Berlín, ha concluido el portavoz, ha apoyado a Madrid en los últimos meses con una “clara postura”, como responsable de garantizar el “orden constitucional” en España.

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