Efe – «No queda claro si el Estado «cargó realmente con esos costes» ni si el acusado Carles Puigdemont fue quien «así lo dispuso», agrega la resolución. El país de la canceller Ángela Merkel cuestiona ahora la Euroorden de extradición del delincuente Carles Puigdemont a España, cursada por la Justicia española. Era preciso «examinar» esa cuestión, prosigue el texto, puesto que la existencia de una intencionalidad política o una «amenaza de que el acusado podría sufrir una persecución mayor a la que le correspondería», impediría su extradición. Barcelona (España), martes 10 de abril de 2018. Fotografía: BERLÍN (ALEMANIA), Semana del 5.04.2018. El expresidente catalán Carles Puigdemont a su llegada a una rueda de prensa en Berlín (Alemania) el pasado sábado. Efe.
La Justicia alemana ha pedido a la española información adicional para sustentar la petición de extradición del el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, mientras el Gobierno de Angela Merkel trata de evitar tensiones con Madrid.
Para la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el estado federado donde fue detenido Puigdemont el 25 de marzo, no hay duda de que la euroorden no se ampara en «móviles políticos», aunque sí requiere concreciones sobre el cargo de malversación de fondos públicos.
«No hay indicios de que los delitos que las autoridades españolas imputan al acusado incluyan cargos con el propósito de detenerlo por motivos políticos», subraya la resolución de esa corte, dictada el jueves y difundida hoy en su integridad.
Era preciso «examinar» esa cuestión, prosigue el texto, puesto que la existencia de una intencionalidad política o una «amenaza de que el acusado podría sufrir una persecución mayor a la que le correspondería», impediría su extradición.
Pero esas circunstancias no se dan, según la Audiencia, que destaca la relación de «reconocimiento mutuo» entre los Estados implicados, entre los que «se da por sentado» que se «respeta el derecho comunitario y observan los valores fundamentales» de la UE.
Descartada la motivación política, se requieren concreciones sobre la acusación de malversación de fondos, el cargo por el que podría ser extraditado, después de desestimarse el de rebelión.
La euroorden «no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjo el delito» ni aporta «la necesaria concreción para asociarlo de manera suficiente con que los hechos que se le imputan».
Sí se expone «claramente» que el acusado «fue corresponsable (al menos políticamente) de la generación de los costes del referéndum por 1,6 millones de euros», cuando «el gobierno regional no debía usar recursos presupuestarios para ese fin», ya que había una prohibición previa del Constitucional español.
No queda claro si el Estado «cargó realmente con esos costes» ni si el acusado fue quien «así lo dispuso», agrega la resolución.
De la documentación recibida se puede pensar que, tras el cese del Gobierno catalán, esos costes no fueron pagados, o no al menos con fondos públicos; podrían incluso haber sido saldados con «donaciones privadas», como alegó Puigdemont.
Respecto al delito de rebelión, se argumenta que no basta con que en el Código Penal alemán haya un delito «similar», sino que hay que analizar el caso como si hubiera tenido lugar en Alemania.
No se le puede atribuir «alta traición», se apunta, porque ésta exige «el uso o la amenaza del uso de la violencia» y en ester caso faltan «los rasgos constitutivos» de la violencia fijados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán.
Se recuerda ahí una sentencia del Supremo de 1983, en que se dictaminó que cuando la violencia no se orienta contra los órganos constitucionales, sino contra objetos o terceros, debe ser de mayor magnitud para que entre en ese delito.
Tras esa resolución el político independentista salió en libertad el pasado viernes, bajo fianza de 75.000 euros y otras condiciones, como presentarse una vez por semana a la Policía y no salir del país.
En Berlín, mientras tanto, hoy se trató de zanjar la polémica creada por la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, quien calificó de «absolutamente correcto» que se descartara el cargo de rebelión.
Barley habló este domingo con su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar el «malentendido», indicaron hoy fuentes de ese ministerio, tras el revuelo causado por el comentario difundido el viernes por la edición digital del diario «Süddeutsche Zeitung».
El portavoz ministerial aseguró que Barley «no tomó ni va a tomar postura» sobre un proceso judicial en marcha y dijo que lo publicado no eran «declaraciones autorizadas» de la ministra.
Además de esa valoración sobre el cargo de rebelión, Barley opinó que «no será fácil» acusar de malversación a Puigdemont.
Fuentes del «Süddeutsche Zeitung» aseguraron a Efe que el comentario se produjo en una conversación confidencial de la ministra con medios alemanes.
El portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, insistió en que Alemania tiene el «convencimiento de que el conflicto catalán debe resolverse dentro del marco de la Constitución española».
Seibert añadió a lo que ha sido siempre la postura de Merkel, la «esperanza» de que «dentro de la política española haya movimiento en dirección a una reconciliación».
