Amaia Martínez recurre la «imposición» del dialecto euskera en contratas y subcontratas por «orillar» y «discriminar» al español en el «funcionamiento interno de la Administración

Bilbao (Las Vascongadas) Reino de España, sábado 22 de marzo de 2025 (Lasvocesdelpueblo).- La diputada de VOX en el Parlamento autonómico de Las Vascongadas, María Amaia Martínez Grisaleña (Amaia Martínez), ha formalizado la presentación de un recurso ante Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las Vascongadas  contra el «Decreto 19/2024 de 22 de febrero de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público» vascongado por «discriminar» al español en las relaciones internas en las Administraciones públicas vascongadas, por pretender «imponer» el dialecto vascongado euskera como el de «interacción» con «contratas y subcontratas» por ir en contra de la Constitución Española.

En el recurso Vox sostiene que «existen motivos», tanto de fondo como de forma, para sostener que el «Decreto 19/2024 de 22 de febrero de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público» vascongado impugnado adolece de «vicios de nulidad», en referencia a la «afectación de los artículos 3 y 14 de la Constitución», por pretender implantar un sistema «en el que, de forma ilegal, se da preponderancia y prioridad casi absoluta al uso del euskera en detrimento» del idioma español, también por la inexistencia o insuficiencia de informes preceptivos para su aprobación.

Vox reclama la nulidad de un Decreto 19/2024 de 22 de febrero de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público vascongado que «impone el absoluta orillamiento» del español tanto en el «funcionamiento interno de la Administración como en la relación externa de la misma», que «establece como requisito de acceso y mantenimiento en el puesto de trabajo de función pública unas condiciones de conocimiento de la lengua con plazos de preceptividad inasumibles», que también afecta a empresas ajenas al sector público al imponer requisitos lingüísticos en la contratación de servicios, «lo que atenta contra la libre concurrencia de empresas en los contratos con la Administración» de la comunidad autónoma española de Las Vascongadas.

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Todo ello «prueba» que este Decreto 19/2024 de 22 de febrero de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público vascongado «atenta contra los dispuesto en la Constitución Española, norma que reconoce» el idioma español como «la lengua oficial del Estado, que reivindica la igualdad de los españoles ante la ley, rechazando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión y, también, lengua», explica la histórica y patriota diputada de la RESISTENCIA al fanatismo secesionista vascongado y al totalitarismo WOKE, María Amaia Martínez Grisaleña.

La diputada vascongada del partido antiWOKE presidido por Santiago Abascal Conde recuerda que en 2023 los tribunales, tanto el Tribunal Constitucional (TC) del Reino de España como el del Tribunal Superior de Justicia de Las Vascongadas, ya fallaron contra el Decreto de normalización del uso del euskera en entidades locales del País Vasco por dar preferencia al dialecto euskera frente al español en las relaciones internas, con la ciudadanía y con proveedores de servicios ajenos a los ayuntamientos.

En concreto, el TC recordaba en su sentencia que «reiteradamente, este Tribunal ha sostenido que los ciudadanos tienen derecho a usar indistintamente el castellano o la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en sus relaciones con el conjunto de las instituciones públicas que se ubican en el territorio de esa Comunidad», mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Las Vascongadas procedió a la anulación de hasta una decena de artículos del decreto en cuestión.

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En este caso VOX solicita la nulidad de una quincena de artículos por sólo reconocer al dialecto euskera como «lengua propia» de Las Vascongadas, por «priorizar» a un dialecto sobre un idioma oficial en toto el territorio nacional en las relaciones entre funcionarios, por extender sus requisitos lingüísticos fuera de la propia administración, a contratas y subcontratas, por imponer la lengua vasca como la primera opción de relación con la ciudadanía, por negar al ciudadano su derecho a ser él el que decida qué idioma prefiere utilizar.

Además, María Amaia Martínez Grisaleña pone el acento en la insuficiente valoración del impacto económico de un Decreto 19/2024 de 22 de febrero de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público» vascongado que «sin duda será notable en la propia administración, en el personal laboral, en el ámbito empresarial de la actividad de contratación y subcontratación, y en las relaciones institucionales».

El recurso ha sido presentado este pasado miércoles ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las Vacongadas (TSJPV), en cuyas manos queda la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por los argumentos anteriormente expuestos.