(Ampliación) La Fiscalía pide imputar a Aguirre y Cifuentes por financiación ilegal del PP

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), AÑO 2017. Las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (d) y Cristina Cifuentes. Efe.

Efe – La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Púnica que impute a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Madrid (España), viernes 2 de agosto de 2019. 

Según han informado a Efe fuentes fiscales, Anticorrupción ha presentado este viernes un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que pide que se cite a las dos como investigadas por delitos relacionados con la corrupción, además a la empresa Indra y a su expresidente Javier Monzón.

De aceptarlo el juez, pasarían a engrosar la lista de investigados en la pieza número 9 del caso, sobre el posible «desvío de fondos» para financiar de manera irregular campañas electorales como la de 2011, en la que Aguirre se presentaba como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

En el caso de Aguirre, las fuentes han explicado que se sospecha que pudo haber ordenado o consentido la financiación irregular del partido con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra, entre otros mecanismos.

Su petición se basa, entre otras cosas, en el último informe de la UCO de la Guardia Civil que concluye que Indra financió con 566.497 euros la campaña electoral de 2011 de Aguirre a través de una serie de pagos camuflados y la sitúa en reuniones donde se pudo hablar de ese tema.

En el caso de Cifuentes, se sospecha de su papel en la financiación irregular porque participó en mesas de contratación supuestamente amañadas y por su calidad de patrona de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), a través de la que se sospecha que se desvió dinero.

De hecho, la Guardia Civil sugirió en 2017 en un informe que se la investigara por posibles delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación, a favor del grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández, que a su vez había donado al PP 160.000 euros a través de Fundescam.

Además de pedir estas imputaciones, Anticorrupción reclama al juez una reorganización de piezas del caso para pasar de 16 a 11, según explica el ministerio público en un comunicado en el que no da cuenta de las peticiones de imputación.

Anticorrupción pretende con esta reorganización «simplificar e impulsar el procedimiento facilitando las aperturas de juicio oral por los hechos acreditados, que demandan tiempos distintos».

Ello a pesar de que reconoce que los delitos están conectados y que existe «una trama que ha ido tejiendo en el tiempo una tupida red de influencias presuntamente utilizada para obtener beneficios ilícitos».

En el escrito, dice la Fiscalía, se repasan los hechos y las personas investigadas en cada pieza de Púnica, se hace referencia a los informes definitivos de la Guardia Civil y se analizan los indicios de criminalidad existentes hasta la fecha.

De esta manera, las piezas que la Fiscalía propone dejar en el caso Púnica son las siguientes:

– Pieza 1. Es la del chivatazo de un guardia civil al exconsejero Francisco Granados, considerado cabecilla de la Púnica, en relación con la investigación. La única sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acabó con la condena del agente a 2 años de prisión.

– Pieza 2. Relativa a la rama leonesa. Trata adjudicaciones irregulares a las empresas vinculadas al «conseguidor» de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputación de León. Están en espera de juicio una vez la Fiscalía presentó su escrito de acusación.

– Pieza 3. Sobre la rama de Púnica en Murcia. En ella se investigan adjudicaciones a sociedades de De Pedro y Alonso Conesa en la región. En esta pieza están procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero de Murcia Juan Carlos Ruiz.

– Pieza 4. De delitos de corrupción y blanqueo en el municipio madrileño de Valdemoro, de la que fue alcalde Granados y donde nació la trama.

– Pieza 5. Acerca de contratos menores de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la Púnica.

– Pieza 6. La Fiscalía pide que en ella se analicen las presuntas comisiones que recibieron alcaldes de la Comunidad de Madrid por adjudicar a la empresa Cofely contratos de eficiencia energética.

– Pieza 7. Acerca de la contratación por parte de municipios madrileños de la empresa Waiter Music, dedicada a la organización de eventos y relacionada con la red Púnica.

– Pieza 8. La Fiscalía informa de que esta pieza sería «sobre hechos relativos a la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad de Madrid».

– Pieza 9. Es la del presunto desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

– Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y «terceros países» a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa.

– Pieza 11. La última versa sobre las comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid.