Barcelona, sábado 17 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Nueva e intolerable maniobra de la fontanería sanchista para boicotear la limpieza de los próximos comicios generales. El Defensor del Pueblo de España, institución secuestrada orgánicamente por el histórico miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y excandidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo Pujol, ha salido abiertamente al rescate de la ingeniería censal del Ejecutivo socialcomunista. En un movimiento de extrema gravedad institucional, Gabilondo ha transformado el organismo que dirige en un ariete jurídico para blindar la inclusión masiva de los denominados «españoles fake» en el Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA).
Desafiando de forma directa el principio de legalidad, el exdirigente del PSOE ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional con el único propósito de reventar las medidas cautelares firmes dictadas por el Tribunal Supremo que mantienen suspendido el derecho al voto exterior a los beneficiarios de la fraudulenta «Ley de Nietos» de cara al 29 de noviembre de 2026 (29N).
La traición institucional se ha consumado a través de una nota de prensa oficial emitida por la propia oficina de Ángel Gabilondo Pujol. En este texto, la institución al servicio del sanchismo expone con absoluta desfachatez jurídica que «acaba de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando medidas cautelarísimas». El objetivo confeso de esta maniobra express consiste en exigir al órgano de garantías que «se pronuncie sobre la interpretación del Tribunal Supremo (TS) acerca de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática», intentando deslegitimar la labor fiscalizadora del Alto Tribunal que cerró el grifo al fraude burocrático en los consulados de ultramar.
Para camuflar esta injerencia, el comunicado alega que la decisión se adoptó «tras haber recibido diversas peticiones de solicitud de amparo ante el TC de particulares y entidades», y tras examinar el auto del TS «tras haber analizado la decisión… del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada Ley». El fin declarado es permitir que dichos ciudadanos puedan «para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales». Para consultar el texto íntegro del comunicado, los lectores pueden acudir al documento oficial referenciado.
La sentencia del Tribunal Supremo que tumba los recursos del sanchismo
El Tribunal Supremo desestimó el recurso del Gobierno para salvaguardar la transparencia electoral del 29N. Los magistrados determinaron que la inclusión masiva sin la debida acreditación documental del exilio alteraría de forma irregular el censo. La suspensión cautelar actúa como un cortafuegos frente a posibles irregularidades, estableciendo que el voto exterior requiere una certificación individualizada emitida por los registros consulares bajo estricta responsabilidad.
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La batalla judicial de Vox contra la Ley de Nietos
Vox y Santiago Abascal han liderado la ofensiva jurídica para frenar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, argumentando un uso partidista del censo exterior. La formación ha impulsado un portal web para auditar el registro consular y denunciar posibles irregularidades ante los organismos competentes. Vox ha reiterado su compromiso de personarse en el Tribunal Constitucional para defender las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo.