Antichavistas impulsarán un juicio político en el Parlamento de Venezuela contra Nicolás Maduro

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El diputado de oposición Julio Borges, interviene durante un debate en la Asamblea Nacional hoy, domingo 23 de octubre de 2016, en Caracas (Venezuela). EFE

Agencias – Los parlamentarios opositores alegan que hay una investigación por «probable doble nacionalidad» de Maduro y que existen «fundadas razones» para determinar el abandono de sus funciones constitucionales de la Presidencia. Caracas (Venezuela), domingo 23 de octubre de 2016. Fotografía: El diputado de oposición Julio Borges, interviene durante un debate en la Asamblea Nacional hoy, domingo 23 de octubre de 2016, en Caracas (Venezuela). Efe.

El jefe de la fracción opositora en el Parlamento venezolano, Julio Borges, dijo hoy que se impulsará el inicio de un juicio político contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para determinar su responsabilidad en lo que han decretado como una «ruptura del hilo constitucional».

Borges explicó que la Asamblea Nacional (AN) asumió su responsabilidad de «restituir la democracia», que según la oposición venezolana fue violentada por Maduro tras dar «un golpe de Estado» al suspender el camino hacia el plebiscito que venían impulsando, desde hace meses, para revocar su mandato presidencial.

«Todo esto se hace en nombre del pueblo que nos eligió, en nombre de 14 millones de personas que nos dieron el voto», resaltó el parlamentario opositor.

Este domingo el Parlamento venezolano aprobó en sesión extraordinaria un acuerdo en el que declara que el primer mandatario venezolano y los poderes Judicial y Electoral han roto el hilo legal de la Constitución del país caribeño.

Entre los puntos que quedaron para consideración en la extensión de esta sesión especial pautada para el próximo martes, la Cámara acordó iniciar un proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de Venezuela.

Los parlamentarios opositores alegan que hay una investigación por «probable doble nacionalidad» de Maduro y que existen «fundadas razones» para determinar el abandono de sus funciones constitucionales de la Presidencia.