Agencias – El empresario Josep Manel Bassols, investigado en el Caso 3% de comisiones al partido del ex presidente de cataluña, Artur Mas, y del actual presidente catalán, Carles Puigdemont, (CDC), explica en la misiva la situación de Núria Bassols, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que «al parecer estaría interesada en un cambio de puesto de trabajo», según revela el informe de Anticorrupción. El empresario Bassols, antes de ser representante en Cataluña de la constructora Oproler, fue alcalde y concejal de la localidad gerundense de Anglès, mientras que su esposa regresó a principios del año pasado al alto tribunal catalán, donde está dedicada a los asuntos civiles y no puede instruir causas penales. Barcelona (España), viernes 10 de marzo de 2017. Fotografía: El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas (i), saluda al exconsejero de Justicia, Germà Gordó (d), el pasado 25 de febrero. Archivo Efe.
El empresario Josep Manel Bassols, investigado en la causa del 3 %, contactó con el expresidente catalán Artur Mas y el exconsejero de Justicia Germà Gordó para exponerles la situación profesional de su esposa, la juez Núria Bassols, antes de que fuera fichada como responsable de Transparencia del Gobierno catalán.
Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción que figura en el sumario del caso del 3 %, al que ha tenido acceso la agencia Efe, Bassols, directivo en Cataluña de la constructora Oproler, envió una carta en septiembre de 2011 a Mas para exponerle «una serie de circunstancias» que le afectaban a él y a su esposa, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Núria Bassols.
Una copia de esta carta fue localizada por la Guardia Civil en un pendrive intervenido al empresario tras su detención en el marco de la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).
En la carta dirigida a Mas se hace mención al exconsejero de Justicia Germà Gordò y al histórico diputado de CiU Ramon Camp, que entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de CDC.
Bassols explica en la misiva la situación de Núria Bassols, magistrada del TSJC, que «al parecer estaría interesada en un cambio de puesto de trabajo», según revela el informe de Anticorrupción.
Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo sostienen que en la carta, Bassols se refiere «como persona de contacto para encauzar ese cambio» a Ramon Camp, ya que este le comentó que estaba en contacto con Gordó, al cual se refiere como «la persona ideal y que entre los dos resolverían la situación».
Entre la documentación intervenida a Bassols también figura la justificación de sus gastos de kilometraje, donde, en un apunte del 17 de noviembre de 2011, se detalla una reunión que tendría lugar en el Palau de la Generalitat entre el empresario, el entonces presidente Mas, los entonces consellers Felip Puig y Pilar Fernández Bozal -esta última de Justicia- y Gordó.
De hecho, entre la documentación intervenida al empresario Bassols también se encontró un mensaje enviado en enero de 2013 a Gordó, que acababa de ser nombrado conseller de Justicia, en el que le indica:
«Querido Germà, ante el nuevo año y los nuevos retos que has asumido, te deseo lo mejor, tanto para ti como para los tuyos… Nos tendríamos que ver urgente para enfocar un tema de trabajo de mi esposa que se tiene que hablar personalmente. Ya me dirás cuándo y dónde. Vendremos los dos».
Precisamente, en la carta enviada meses antes a Mas, Bassols ya se refería a Gordó como la «única persona de CDC que le ha respondido», según Anticorrupción, ya que «le dirigió» a GISA -la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat-, para que se entrevistara con su director, «para buscarle un puesto de trabajo dentro de la entidad pública».
Sin embargo, esta vía no fructificó porque GISA acababa de presentar un ERE.
Finalmente, en noviembre de 2013, el gobierno catalán acordó nombrar a Bassols como directora de políticas de Transparencia de la Generalidad de Cataluña, poco después de que, como magistrada del TSJC, archivara el caso «Adigsa» -un embrión judicial del supuesto cobro de comisiones del 3%-, para el exdiputado de CiU y secretario general de Territorio de la Generalidad Ferran Falcó.
El empresario Bassols, antes de ser representante en Cataluña de la constructora Oproler, fue alcalde y concejal de la localidad gerundense de Anglès, mientras que su esposa regresó a principios del año pasado al alto tribunal catalán, donde está dedicada a los asuntos civiles y no puede instruir causas penales.
