Madrid, viernes 06 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el procesamiento de 13 personas y de la mercantil instrumental Soluciones de Gestión en el marco de la pieza derivada del ‘caso Koldo’, la trama de corrupción sistémica gestada en las entrañas del Ministerio de Transportes y con ramificaciones en gobiernos regionales del socialismo. El Ministerio Público da este paso clave tras ser requerido por el magistrado instructor para delimitar las responsabilidades penales de la red que no fueron juzgadas previamente en el Tribunal Supremo, apuntando directamente a maniobras de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos mediante mordidas en material sanitario y contratos laborales ficticios.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso la agencia EFE, expone con nitidez las presuntas operativas ilícitas desarrolladas por los fontaneros y empresarios afines a la cúpula socialista. Entre las peticiones de procesamiento de mayor calado institucional figura la de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, acusada de un presunto delito de tráfico de influencias por la adjudicación de contratos y la colocación irregular de afines a la red. Igualmente, el Ministerio Público sienta en el banquillo al antiguo asesor ministerial Koldo García Izaguirre por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, mientras que atribuye al comisionista y empresario Víctor de Aldama delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.
Asimismo, la acusación pública reclama juzgar a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro socialdemócrata José Luis Ábalos, por un delito de malversación de fondos públicos. Las pesquisas sitúan el foco en la mercantil Soluciones de Gestión y Desarrollo de Empresas S.L., entidad beneficiaria de los multimillonarios suministros de mascarillas y material sanitario bajo la lupa judicial.
Sueldos públicos ficticios y la malversación en las empresas del Estado
La investigación penal profundiza en uno de los episodios más flagrantes de saqueo institucional: la colocación de Jéssica Rodríguez en las entidades públicas Ineco y Tragsatec sin que desempeñara función laboral alguna. El escrito judicial subraya que la expareja del titular de Transportes percibió sueldos mensuales abonados con caudales públicos con el único fin del lucro personal y sin acudir a su puesto de trabajo. Por estos hechos, la Abogacía del Estado —en representación de las citadas empresas públicas— se ha sumado a la acusación pidiendo juicio por malversación y tráfico de influencias contra Pardo de Vera, la propia Rodríguez, el exdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, y el hermano del asesor principal, Joseba García.
En el entramado societario y de blanqueo de fondos también resultan procesados la expareja de Koldo García, Patricia Uriz, y el propio Joseba García, a quienes Anticorrupción imputa los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. De igual forma, el escrito señala a los socios de Aldama conocidos como «los tres mosqueteros» —Ignacio Díaz, Javier Serrano y César Moreno— junto a los administradores e intermediarios de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto, este último considerado por los investigadores como el cerebro que ejercía el control real de la sociedad comisionista.
Protección policial a cambio de mordidas e irregularidades en Baleares y Canarias
La ramificación judicial que instruye la Audiencia Nacional destapa a su vez la infiltración del entramado en los cuerpos de seguridad. La Fiscalía solicita el procesamiento del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, al que atribuye un presunto delito de cohecho pasivo por el cobro continuado de pagos periódicos a cambio de prestar cobertura, soplos y protección operativa a los miembros de la red corrupta.
Entre las líneas maestras del escrito se integran el presunto fraude fiscal masivo perpetrado por Aldama mediante entramados de sociedades instrumentales y las contrataciones irregulares adjudicadas durante lo peor de la crisis sanitaria por los Gobiernos autonómicos socialistas de Baleares y Canarias.
Petición de archivo para siete investigados y contexto procesal
Paralelamente a las acusaciones formuladas, el Ministerio Público ha interesado el archivo de las actuaciones para siete de los investigados. En este grupo se encuentran Luis Alberto Escolano —socio de Aldama que gestionó el arrendamiento del inmueble de la plaza de España de Madrid donde residió Jéssica Rodríguez—, el exdirector general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, el empresario Israel Pilar, la secretaria María Piedad Losada y el subteniente de la Guardia Civil, José Luis Rodríguez. Asimismo, Anticorrupción solicita el sobreseimiento para el exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y el exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez.
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Esta causa instruida en la Audiencia Nacional por el juez Ismael Moreno constituye la pieza separada del procedimiento principal juzgado en el Tribunal Supremo, en el cual el extitular del Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, fue condenado a 24 años y 3 meses de prisión. En aquel pronunciamiento del alto tribunal, Koldo García fue condenado a 19 años y 8 meses de cárcel, mientras que sobre Víctor de Aldama recayó una pena de 4 años y medio de prisión, suspendida tras su declaración y colaboración con la Justicia.