Efe – El Congreso ha aprobado una ponencia de la Comisión de Justicia para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y así «acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y terminar con las mafias», según la portavoz del PDeCAT, Lourdes Ciuró, que es el grupo impulsor de la medida. Por su parte, el representante de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha expresado la intención de su grupo de recurrir la modificación ante el Tribunal Constitucional una vez sea publicada en el BOE. «Lo de hoy ha sido una vergüenza y un ejercicio de hipocresía. Se ha aprobado un texto que incumple nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», ha manifestado. Madrid (España), martes 24 de abril de 2018. fotografía: Barrio de Gracia (Barcelona), 4 de junio de 2016. Agencias. Detenidos los cinco jóvenes que habían reocupado el ‘Banco Expropiado’ de Gràcia. Los Mozos de Escuadra han desalojado este sábado a las cinco personas que habían reocupado el ‘Banc Expropiat’ del barrio de Gràcia de Barcelona, según informan fuentes policiales. Los Mozos de Escuadra entraban en la tarde de este sábado en el llamado Banc Expropiado para desalojar a los okupas que lograron volver a entrar en el local, cuyo desalojo hace doce días desencadenó altercados en el barrio barcelonés de Gràcia. Los agentes habían practicado un agujero en uno de los laterales de la antigua sucursal bancaria para comprobar si en su interior había gente, y han encontrado a cinco personas. Archivo Efe.
El Congreso ha aprobado una ponencia de la Comisión de Justicia para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y así «acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y terminar con las mafias», según la portavoz del PDeCAT, Lourdes Ciuró, que es el grupo impulsor de la medida.
El texto establece que la persona física que sea propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social podrán pedir «la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento».
Así, se prevé que el desalojo se produzca en menos de 20 días al quedar determinado un procedimiento más rápido.
La modificación, que ha salido adelante con el apoyo del PDeCAT, PNV, PP y Ciudadanos y cuyo texto será enviado al Senado, servirá para «acabar con las mafias, que se aprovechan del largo espacio de tiempo que hay desde que se presenta una demanda hasta que concluye, que pueden ser dos años», ha señalado Ciuró.
El PSOE, aunque formó parte de la ponencia, ha votado en contra de la modificación de la ley, así como Unidos Podemos, que ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, y ERC.
La portavoz socialista, Mar Rominguera, ha recordado que ya se opusieron a la toma en consideración de esta propuesta en relación a la ocupación de inmuebles, porque «se presentó como una alternativa para poner fin a las mafias que ocupan viviendas, pero sin contener medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes».
Asimismo, Rominguera considera que ni el texto original ni el reformado garantiza que «quienes ocupan una vivienda por encontrarse en situación de vulnerabilidad tengan garantías de que serán reubicados».
Por su parte, el representante de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha expresado la intención de su grupo de recurrir la modificación ante el Tribunal Constitucional una vez sea publicada en el BOE.
«Lo de hoy ha sido una vergüenza y un ejercicio de hipocresía. Se ha aprobado un texto que incumple nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», ha manifestado.
Mayoral también ha criticado al PSOE por no querer «asumir su responsabilidad», ya que, ha dicho, «participó de la ponencia y formó parte del acuerdo».
«Cuando ha habido que tomar la decisión concreta de si había o no había alternativa habitacional, se han posicionado claramente con el PP, PNV, Ciudadanos y PDeCAT», ha insistido el representante de Podemos.
Unidos Podemos se ha opuesto a la modificación porque promueve «un procedimiento judicial en el que no hay derecho a la defensa» y «porque no se garantiza la alternativa habitacional de la población vulnerable».
La Delegación del Gobierno en Madrid ha facilitado hoy datos de las actuaciones de la Oficina de Viviendas Ocupadas de la Policía Nacional en algunos distritos clave de Madrid y ha señalado que de las 648 comunicaciones de pisos ocupados ilegalmente en Centro y Puente de Vallecas han sido recuperados 375.
En concreto, en el distrito de Centro hay 157 ocupaciones y se han recuperado 120, y en Puente de Vallecas hay 491 viviendas ocupadas y se han recuperado 255.
