Agencias – El departamento de Enseñanza del gobierno separatista catalán de Artur Mas Gavarró ha respondido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista, que los 7.000 ordenadores usados el 9N, que costaron 2,8 millones, se compraron para solucionar los problemas TIC «recurrentes» de las escuelas. <Fotografía: Voluntarios separatistas catalanes durante el golpe separatista del 9N>.
El departamento de Enseñanza ha enviado un escrito de contestación al requerimiento que le hizo el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que explicara el uso del material informático durante el 9N y la Generalidad de Cataluña ha desvinculado la compra de los ordenadores de la celebración del referéndum separatista.
Según el escrito de la Generalitat, incorporado a las diligencias de la querella presentada contra Mas, Ortega y Rigau, «la adquisición de este material se hizo de conformidad al acuerdo del Govern de 30 de julio de 2013 por el que se aprobó el modelo de relación entre la Generalidad y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalidad» de cataluña.
El mismo escrito asegura que la compra de los ordenadores «respondía a las necesidades de soluciones TIC de carácter recurrente del Departamento de Enseñanza con destino a los centros educativos», aunque reconoce que el expediente se tramitó en octubre de 2014, días antes de la celebración del 9N.
«Las necesidades recurrentes previamente detectadas en los centros educativos consistían en 5.746 ordenadores de 11,6 pulgadas, modelo Toshiba NB50» que costaron 295,53 euros sin IVA cada uno y 1.251 ordenadores Toshiba R50B de 15 pulgadas, que costaron 482,14 euros cada uno sin IVA.
En total, la Generalitat se gastó en la compra de estos casi 7.000 ordenadores un total de 2,8 millones de euros. En el mismo escrito, el Departamento de Enseñanza reitera que no obligó a ningún funcionario a participar en la jornada de participación y que fueron voluntarios.
«Inmediatamente después de que el Govern anunciase públicamente que el 9 de noviembre de 2014 se celebraría una jornada de participación ciudadana, se solicitó verbalmente a los directores de los servicios territoriales del Departamento y al gerente del Consorcio de Educación de Barcelona que informasen de este hecho a los directores de instituto», alega el departamento de Enseñanza.
«Entre el 16 y el 17 de octubre de 2014 se mantuvieron diversas reuniones territoriales con los directores de instituto, con el único objetivo de informarles de que el Govern impulsaba la jornada de participación y que estaba previsto que algunos institutos fueran sede», añade Enseñanza. El escrito al TSJC asegura que «en estas reuniones se subrayó especialmente que toda la actuación se realizaría con personas voluntarias».
Enseñanza reconoce que cuando la delegación del Gobierno de la nación en la comunidad autónoma de Cataluña envió el 6 de noviembre de 2014 una carta a todos los centros docentes públicos recordando que no podían contravenir la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió la celebración de la consulta, la consellera les envió también por correo electrónico la carta de respuesta que había hecho llegar a la delegada del Gobierno.
En esta carta, Rigau aseguraba que no se contravenía ninguna decisión del TC porque el Govern había suspendido las actuaciones del decreto 129/2014 de 27 de septiembre de convocatoria de la «consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña».
