Artur Mas en el juicio por desobediencia al TC: «La iniciativa política del 9N fue solo mía»

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El expresidente catalán Artur Mas (c) junto a las exconselleras Joana Ortega (i) e Irene Rigau (d), en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes. EFE

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Respuestas del delincuente Artur Mas hoy desde el banquillo de los acusado en el Tribunal que le juzga por el Caso 9N. El golpista expresidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, ha asumido hoy toda la «iniciativa política» en la organización de la consulta separatista del 9N de 2014, una votación que ha asegurado que no fue «un capricho personal» sino el cumplimiento de un «mandato explícito del Parlamento de Cataluña». Barcelona (España), lunes 6 de febrero de 2017. Fotografía: El expresidente catalán Artur Mas (c) junto a las exconsejeras Joana Ortega (i) e Irene Rigau (d), en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes. Efe.

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Mas ha afirmado que las exconsejeras Ortega y Rigau se limitaron a obedecer las «directrices» que él mismo dictó para la consulta separatista, en respuesta a su abogado, Xavier Melero, tras negarse a contestar las preguntas de la Fiscalía en el juicio por el caso del 9N.

«Siempre me he declarado responsable de haber tenido la idea del Proceso Participativo y de haberlo puesto en práctica, de haber dado las instrucciones para que los catalanes pudieran participar», ha declarado durante el juicio.

También Mas ha exculpado a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, y el actual diputado Francesc Homs, ya que ha asegurado que ellos se limitaron a obedecer las «directrices» que él mismo dictó para la consulta separatista, en respuesta a su abogado, Xavier Melero, tras negarse a contestar las preguntas de la Fiscalía en el juicio por el caso del 9N.

Tras admitir haber sido quién ideó la consulta que se realizó el 9 de noviembre de 2014, Mas ha matizado la responsabilidad del Ejecutivo catalán en la organización del «proceso participativo».

Así, tras constatar que había en el Parlament «una gran mayoría que estaba de acuerdo en la celebración de una consulta», el Ejecutivo se puso manos a la obra para «cumplir las resoluciones» de la Cámara autonómica «de forma democrática».

«Queríamos saber si aquel plan (separatista) tenía una traducción en las urnas y conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña», ha explicado.

Mas ha asegurado que intentó llegar a acuerdos con el Gobierno central para la celebración de un referéndum con «todas las garantías», pero que cuando se produjo la prohibición por parte del Tribunal Constitucional, se decidió «cambiar el formato» de la consulta para que su organización no dependiera de la Administración, sino de las organizaciones separatistas que con 42.000 voluntarios se encargaron de su ejecución.

Asimismo ha asegurado que se decidió «mantener la pregunta y mantener la fecha, aunque todo el sistema de garantías de celebración cambió de manera sustancial» tras la sentencia del TC y ha subrayado que «siempre» dijo que «el proceso participativo no era vinculante», pero que el objetivo era «conocer el alcance y opinión de los ciudadanos de Cataluña».

El TC no advirtió al Gobierno catalán de las responsabilidades

Por otra parte, Mas ha alegado que el Tribunal Constitucional no advirtió al Gobierno catalán de las responsabilidades en que incurriría de mantener la consulta del 9N, ni respondió a las peticiones de aclaración que le hizo llegar la Generalidad de Cataluña.

El expresidente catalán Artur Mas junto a las exconsejeras Joana Ortega (i) e Irene Rigau (d), en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes. Efe
El expresidente catalán Artur Mas junto a las exconsejeras Joana Ortega (i) e Irene Rigau (d), en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes. Efe

«Nadie nos requirió, nadie nos advirtió, solo recibimos una comunicación», ha afirmado Mas en respuesta el interrogatorio de su abogado.

El expresidente de la Generalidad de Cataluña ha reconocido, sin embargo, que el Gobierno catalán modificó el «formato» de la consulta separatista de 2014 tras la suspensión del TC, de forma que la ejecución de esta quedó exclusivamente en manos de voluntarios, unas 40.000 personas, a las que ha agradecido su desinteresada colaboración.

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha iniciado este lunes el juicio contra Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, que afrontan penas de inhabilitación por un delito de desobediencia grave y de prevaricación, acusado de mantener la votación en la consulta independentista del 9N, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) la había suspendido cinco días antes.

Juicio 9N: El golpista Artur Mas alega vulneración de su derecho de defensa

Al iniciarse el juicio, el letrado del expresidente catalán ha alegado ante el TSJC que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia.

En el trámite de cuestiones previas del juicio del 9N, que se ha iniciado pasadas las 9.30 de este lunes en el TSJC, las defensas de Mas y las exconsejeras Ortega y Rigau han argumentado que la denegación de esa prueba supone una vulneración del derecho de defensa y a un proceso a todas las garantías.

El informe a que se han referido este lunes las defensas es el escrito que la junta de fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña redactó en 2014 para oponerse a la presentación de una querella por desobediencia contra el Gobierno catalán, que finalmente fue impuesta por la Fiscalía General del Estado.

La propia Fiscalía se opuso durante la instrucción de la causa a que se aceptara como prueba ese informe interno, que finalmente el TSJC acabó descartando incorporar a la causa. La defensa también ha alegado indefensión por la no aceptación de los testimonios del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En las cuestiones previas, el fiscal Emilio Sánchez Ulled -que lleva el juicio junto al teniente fiscal Francisco Bañeres- ha vuelto a oponerse este lunes a la aceptación de ese informe del ministerio público como prueba, al entender que la propia sala ya lo denegó en su día y que el escrito «no aporta nada respecto al contenido de los hechos», más allá de un mero «efecto retórico».

Sánchez Ulled ha recalcado que la Fiscalía se rige por los principios de «imparcialidad, legalidad, unidad y jerarquía» y que dispone de sus propios mecanismos para adoptar decisiones, sin que el informe contrario a la querella tenga interés alguno para la causa.

Además, en opinión de la Fiscalía, los argumentos que esgrimían los fiscales en su informe interno —elaborado en noviembre de 2014— ya han sido empleados por las defensas de Mas, Ortega y Rigau para pedir el archivo de la causa a lo largo de la instrucción.

Arropados por el Gobierno separatista catalán y los separatistas tanto de izquierdas como de derechas

El juicio se ha iniciado con más de media hora de retraso ya que Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau han llegado a las 9.25 horas a las puertas de la sede del TSJC, cuando estaban citados a las 9.00 horas.

Han acudido hasta allí acompañados del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo el Govern al completo.

Sobre las 8.20 horas, los tres acusados han salido del Palau de la Generalidad de Cataluña, arropados por el Gobierno catalán en pleno y cargos electos de las fuerzas separatsitas, para dirigirse lentamente y a pie hasta el Palacio de Justicia de Barcelona, en cuyos alrededores les esperaban miles de personas para expresarles su apoyo con gritos de ánimo como «Ni un paso atrás», «No estáis solos» o «Independencia».

Mas, Ortega y Rigau encabezaban la comitiva, al lado de Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, seguidos de cargos de Junts pel Sí, la CUP y izquierda parásita morada separatista catalana denominada los ‘comunes’ que lidera Ada Colau, y apoyados a lo largo del trayecto por personas que han acudido a mostrar su rechazo al juicio por la consulta del 9N, que hacían ondear banderas ‘estelades’ y cantaban «L’estaca» de Lluís Llach o «Els Segadors».

A la altura del Fossar de les Moreres, en el barrio del Born, la comitiva se ha detenido para cantar el himno catalán. Sobre las 9.05 horas, la cabecera de la marcha ha pasado por debajo del Arco de Triunfo, decorado con un gran cartel con el lema «Love democracy» (Ama la democracia) colgado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios.

Este último tramo hasta las escalinatas del Palacio de Justicia, en el mismo Paseo de Lluís Companys, lo han recorrido lentamente, entre los vítores y los gritos de «Independencia» de los miles de congregados que han respondido a la convocatoria de las entidades soberanistas, muchos de los cuales exhibían ‘estelades’ y carteles con lemas como «Las urnas no se juzgan» o «Votar es democracia».

Según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, unas 40.000 personas se han concentrado este lunes por la mañana frente al Palacio de Justicia de Barcelona para mostrar su apoyo a Mas, Ortega y Rigau.

La concentración había sido convocada por la ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios, que habían abierto un portal para inscribirse en la movilización en el que hasta el sábado se habían apuntado cerca de 40.000 personas.

Curiosamente, esta ha sido la cifra de participación a la concentración para presionar el Tribunal, según cifra del Ayuntamiento de Barcelona, cuya alcaldesa Ada Colau, sin sorpresa, ha mostrado hoy su apoyo a los encausados por el golpe de Estados.

Lo ha hecho hoy en un mensaje a través de las redes sociales Twitter.

Artur Mas, acusado de desobediencia grave y prevaricación contra el estado de derecho desde Cataluña y contra la soberanía Nacional

Los tres encausados son juzgados desde este lunes y hasta el viernes por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el golpista Artur Mas y nueve para Ortega y Rigau.

Según el ministerio público, los encausados articularon «una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo «plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento» de las órdenes del Constitucional.

Para la Fiscalía, Mas no solo no suspendió «oficialmente» la convocatoria del 9N tras la decisión del TC, sino que decidió, junto a las exconsejeras, «generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así».

El juicio del golpe de Estado separatista del 9N en Cataluña

Un total de 342 periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y técnicos de 70 medios de comunicación, siete de ellos extranjeros, se han acreditado para cubrir el juicio, que se ha iniciado este lunes con la exposición de las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas ante el tribunal.

Tras el trámite de cuestiones previas ha comenzado, el interrogatorios a Mas, que se ha prolongado durante unos 50 minutos.

Después, serán los turnos de Ortega y Rigau, que podrían volver a declarar el próximo viernes 10 de febrero si decidiesen ejercer su derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.

Según la previsión del tribunal, que podría sufrir modificaciones en función del desarrollo de la vista, para este martes están programadas las declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía, la acusación popular —ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP así como por Manos Limpias— y en algún caso también las defensas.

Entre ellos, se prevé que este martes declaren una directora de un instituto que se negó a abrir el centro para la votación, así como Joan Cañada, asesor del Departamento de Gobernación que dirigió la organización de la consulta; Elisabet Abad, directora del CIRE que encargó a los presos la confección de urnas, y el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Escalé.

Entre el miércoles y el jueves está previsto que declaren los testigos propuestos por las defensa, entre ellos el exconseller de Presidencia Francesc Homs, quien declarará asistido por un abogado dado su condición de investigado por el Tribunal Supremo por su papel en la organización del 9N, causa en la que la Fiscalía le pide nueve años de inhabilitación.

Otros testigos de la defensa que declararán el 8 de febrero son los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol, el que fuera alcalde de Barcelona durante el 9N, Xavier Trias, el expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional Carles Viver i Pi-Sunyer, así como el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch.

Las pruebas periciales se expondrán ante el tribunal el 9 de febrero próximo, tras lo que llegará el turno de las documentales, con el juicio ya en su recta final.

El tribunal que juzgará a Mas está integrado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, el magistrado Carlos Ramos -designado en el alto tribunal catalán a propuesta del Parlament- y y Eduardo Rodríguez Laplaza, un juez de la sala de lo contencioso.