Lasvocesdelpueblo y Agencias – Pese oponerse a aceptar el nuevo escrito, «conociendo y respetando el encendido debate político subyacente en la cuestión», el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha dejado la puerta abierta a que el Consorcio pueda adherirse a las conclusiones de la Fiscalía en el trámite de informes finales, que comienza el próximo lunes. Barcelona (España), viernes 26 de mayo de 2017. Fotografía: Los principales dirigentes separatistas de Convergencia (CDC) -PDECAT-: el actual presidente de CDC, el inhabilitado Artur Mas (i), el ex alcalde de Gerona y presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont (c); y la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté (d) durante un acto de CDC -PDECAT- Archivo Efe.
La Audiencia de Barcelona ha acordado no admitir el nuevo escrito que ha presentado el Consorcio del Palacio de la Música para acusar a Convergencia (CDC) de lucrarse con el saqueo, al entender que está fuera de plazo porque el trámite de conclusiones ha finalizado y ello podría provocar la nulidad del juicio.
La sala ha tomado esa decisión después de que la Fiscalía se haya opuesto a la admisión del nuevo escrito, de la misma forma que la defensa de CDC y de su extesorero Daniel Osàcar, que ha manifestado que el juicio del Palau no debe «estar al albur de determinados criterios políticos».
Montserrat Comas, presidenta de la sección décima de la Audiencia de Barcelona que juzga el expolio del Palacio de la Música, ha argumentado que el trámite para que las acusaciones elevaran a definitivas sus conclusiones, celebrado la semana pasada, es «preclusivo», una figura «muy arraigada para garantizar la seguridad jurídica».
Por ese motivo, la sala ha decidido desechar el nuevo escrito del Consorcio, que se adhería a las conclusiones de la Fiscalía para acusar a CDC y a su extesorero Daniel Osàcar de lucrarse a través del saqueo, tras recordar que la aceptación de la modificación «podría ser pasado mañana motivo de nulidad del juicio».
La Audiencia ha tomado esa decisión, ante la que el abogado del Consorcio ha anunciado su protesta, después de que tanto el fiscal, como las defensas de CDC, su extesorero y los propios exresponsables del Palacio de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull se hayan mostrado contrarios a que se aceptara el nuevo escrito.
De esa forma, la decisión que el pasado martes adoptó el Consorcio del Palacio de la Música -con los votos a favor del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento de Barcelona y la abstención del gobierno catalán- ha quedado en papel mojado, dado que las conclusiones válidas son las que el abogado de la entidad presentó la semana pasada, sin acusar a CDC.
Pese oponerse a aceptar el nuevo escrito, «conociendo y respetando el encendido debate político subyacente en la cuestión», el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha dejado la puerta abierta a que el Consorcio pueda adherirse a las conclusiones de la Fiscalía en el trámite de informes finales, que comienza el próximo lunes.
Las acusaciones particulares ejercida por la Abogacía del Estado y la Fundación del Palau de la Música no se han manifestado en ningún sentido, mientras la acusación popular de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) se ha mostrado a favor de aceptar las nuevas conclusiones del Consorcio, siempre que se dé un margen de tiempo a las defensas para estudiarlas.
Por su parte, en una vehemente intervención, el abogado de CDC y de Osàcar, Xavier Melero, ha sostenido que, «con todo el respeto al Consorcio del Palacio de la Música y el Parlamento de Cataluña», la sala «no tiene que estar al albur de determinados criterios políticos que se van produciendo por circunstancias que son y deben ser ajenas».
«Por razones de defensa, de decoro de la sala y sustantivas y materiales, nos oponemos», ha añadido Melero, para proclamar después: «a veces el formalismo nos protege del peligrosísimo idealismo de políticos y burócratas».
Melero ha insistido además en que «ni uno solo de los 6,6 millones de euros» con los que presuntamente se lucró CDC a través de la constructora Ferrovial pertenecen al Consorcio del Palacio de la Música y que, si esta entidad decide acusar a la extinta formación, lo debería hacer como acusación popular, no como perjudicada.
La defensa de CDC ha rematado su intervención denunciado el «lamentable» papel a que se han visto abocados, en su opinión, «el distinguido cuerpo del letrado del gobierno catalán se tenga que ver en esa tesitura», por lo que ha aconsejado que en la próxima ocasión «recurran a la abogacía privada».
Los abogados de los exdirectivos de Ferrovial, a quienes también acusaba el nuevo escrito del Consorcio, han advertido por su parte al tribunal de que aceptar el cambio de posición de la entidad sería un «fraude procesal». «Nunca pensé que las decisiones del Parlament fueran a llegar al foro», ha añadido Cristóbal Martell.
Por su parte, Abraham Castro, abogado de Millet, ha dado la «bienvenida a la acusación al ámbito de la verdad», lo que cree viene motivado por la confesión de los exresponsables del Palacio, pero se ha opuesto a que «se permita que consideraciones de orden político incidan en el normal desarrollo de un tribunal».
Tras las decisión del tribunal, se han elevado a definitivas las conclusiones de las defensas, en las que el abogado de Fèlix Millet -para quien la Fiscalía pide 14 años y nueve meses de cárcel- ha mantenido su petición inicial de menos de dos años de prisión para el exresponsable del Palacio de la Música.
La defensa de Jordi y Gemma Montull, quienes llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para delatar a CDC a cambio de rebajar sus penas, han aceptado la reducción de condena planteada por el ministerio público, de 10 años y 10 meses para el primero y de tres años de cárcel -uno de ellos sustituible por multa- para su hija.
No obstante, Jorge Navarro, abogado de los Montull, ha presentado una conclusión alternativa en la que solicita menos de un año de cárcel para cada uno de ellos, en aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y confesión.
